El abogado Arnaldos dijo ayer que los socios privados de la desaladora
se la ofrecieron a la Comunidad por su precio de coste y aquello se
celebró por la oposición como si fuera el tercer secreto de Fátima.
Es
evidente que los diputados no saben que el Gobierno estudió la oferta en
2014 y diseñó una operación, a la postre frustrada, para comprarla y
luego venderla a una gran empresa dedicada al abastecimiento de agua.
Lo
interesante estuvo en la confirmación del despacho Ariños y Villar de
que solo estudiaron la legalidad de los contratos a la carta que le
vinieron ya dados por un Gobierno regional con muchas prisas.
Porque la
intervención del abogado De Ramón fue explosiva, pero no aportó nada
sustancial a lo que expone en la denuncia judicial de su cliente, el
promotor pontevedrés Núñez Arias. Pero eso tampoco parece saberlo el
diputado del PP (¿quién lo eligió para la comisión?), que salió huyendo
cuando se citó a Valcárcel. Entre sus señorías solo sobresalió, de
nuevo, Antonio Urbina.
(*) Periodista y director de La Verdad
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