¿Era necesario que de inmediato, tras de suscribir su alianza
electoral con Podemos, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón,
reverenciara oralmente el surco interglúteo de este chavismo y tachara
de “golpista” al encarcelado Leopoldo López el más emblemático líder de
la oposición democrática a la devenida dictadura venezolana; condenado a
más de 13 años de prisión tras escandalosa pantomima de proceso
judicial, dentro de una panorámica de gobierno supuestamente
democrático, en la que no queda rastro alguno de la separación
constitucional de poderes?
Habida cuenta cómo son los tratos, pactos y convenios en las faunas
políticas de los totalitarismos, la cornada dialéctica contra quien
padece prisión en las ergástulas sovietizantes del aberrante Maduro hay
que interpretarla como una suerte de doble pago: de Garzón a Pablo
Iglesias y de Pablo Iglesias al régimen arruinado por la enciclopédica
incompetencia cursante en la arruinada Venezuela de ahora mismo.
Estos restallantes despliegues de la dramática evolución de la
realidad venezolana en todos los órdenes, en el político, en el social y
en el económico, tienen en España algo más que sólo un eco o que
simples resonancias. Lo más riguroso sería decir que se está operando
una primera fase de vertebración o de interpenetración de los
respectivos procesos nacionales, bien que sólo, de momento, en el plano
aun solamente periférico de las expectativas de poder en que se
desenvuelven los partidos y parroquias de la polícroma izquierda dura.
Allí instalada y recocida, y aquí expectante y atolondrada.
Pero en el orden de los hechos más inmediatos y concretos sobre el
golpismo real – ese en el que ha venido a engolfarse el mandato de
Nicolás Maduro – hay cifras que lo dicen todo. Desde esos 340.000
milicianos, movilizados por el Gobierno para acercarlos a una maduración
logística dentro de una precisa asignación de cometidos y, con ello la
pertinente distribución de armamento: desde los 70.000 fusiles de asalto
rusos, y 1.500 misiles para otros tantos milicianos.
No trascienden informaciones, sin embargo, sobre la articulación de
estos efectivos en material y hombres, con las propias de las Fuerzas
Armadas de Venezuela. Aunque cabe entender que las milicias las tenga
destinadas el Gobierno como recurso arbitral para el caso de que
sobreviniera una fractura de criterios en la aplicación de la fuerza, si
llegara el caso de que fracasara la represión policial de la protesta
ciudadana contra el bloqueo del referéndum revocatorio. O sea, contra la
primera fase del ya actuado golpe de Estado en Venezuela.
(*) Periodista
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