lunes, 25 de abril de 2016

Su director niega en la Asamblea Regional que el cierre de la ventanilla del IMAS en Cartagena retrase las ayudas

CARTAGENA.- El director del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), Miguel Ángel Miralles, aseguró este lunes en la Asamblea Regional que el cierre del Centro de Evaluación, Valoración y Orientación (EVO) en Cartagena no va a generar retrasos en la tramitación de las ayudas que gestiona su departamento, como la Renta Básica de Inserción (RBI) o para Dependencia.

Durante su comparecencia ante la Comisión Especial sobre Pobreza y Exclusión de la Asamblea Regional, que se tuvo que aplazar hace dos semanas por falta de quorum, Miralles rechazó que este servicio se podrá realizar a través de las ventanillas únicas de la avenida de Murcia y de la calle Campos, y que la fecha de entrada de las peticiones seguirá siendo la misma, por lo que los plazos de tramitación serán similares.
Por otra parte, el director del IMAS recordó a los grupos parlamentarios que la falta de un documento necesario para tramitar la solicitud de RBI no significa que se tengan que reiniciar el procedimiento, sino que los trabajadores de los servicios sociales municipales les requieren para que completen la información en el dossier.
Los grupos insistieron en que entre en vigor inmediatamente el reglamento que desarrolle la Ley 3/2007 para que la renta aumente de los 300 euros actuales hasta el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) que prometió la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
La diputada de Podemos María Ángeles García Navarro criticó que la Región tenga la RBI más baja de España, con 300 euros, y recordó a Miralles que Navarra y País Vasco abonan el 100 por cien del Iprem mientras que el aumento propuesto por el Gobierno regional solo contempla hasta el 80 por ciento
Por parte de Ciudadanos, Juan José Molina solicitó que se les facilite a los grupos el reglamento para poder analizarlo, al tiempo que pidió ampliar las ayudas a todas las personas con riesgo de exclusión social porque "la prestación caduca, pero la marginalidad no".
Finalmente, Inmaculada González insistió desde la bancada popular que la Región de Murcia consideró la RBI un derecho e incluye ayudas al programa de transporte, siendo la única comunidad autónoma en contemplarlo, además de la ciudad autónoma de Ceuta.

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