jueves, 14 de abril de 2016

Primer paso del Tribunal Supremo para investigar a la jueza murciana Victoria Rosell, tras denuncia del ministro Soria


MADRID.- El principal fichaje de Podemos en el ámbito judicial, la jueza murciana Victoria Rosell, recibió este miércoles una notificación preocupante: el Tribunal Supremo ha dado el primer paso hacia la apertura de una causa penal contra ella, según adelanta 'El Mundo'. 

Así lo han acordado cinco magistrados que han examinado la querella que el ministro José Manuel Soria interpuso contra la hasta hace unos meses responsable del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas y hoy escolta habitual de Pablo Iglesias en sus comparecencias públicas. El presidente del PP canario la acusa, entre otros delitos, de prevaricar en la tramitación de una causa en la que estaba imputado un empresario que tenía negocios con la pareja sentimental de Rosell.
La decisión del Supremo supone desmarcarse del criterio expuesto por la Fiscalía del Alto Tribunal, que esta semana había pedido que se inadmitieran tanto la querella inicial como las posteriores ampliaciones presentadas por el político canario.
El Tribunal ha optado por reclamar diversa documentación, que previsiblemente servirá para corroborar las informaciones publicadas sobre la relación económica entre el imputado y su pareja. Y, a la postre, para admitir a trámite la querella.
En primer lugar, el Supremo reclama al juez que sustituyó a Rosell que le remita un informe «acerca de todos aquellos extremos que hayan resultado determinantes del actual estado de las actuaciones, con indicación de las vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso». El nuevo juez instructor es Salvador Alba, que hace unos días solicitó amparo al CGPJ frente a lo publicado por la pareja sentimental de la juez, que es periodista. A su llegada al juzgado, Alba ha reactivado la causa contra el empresario, que a juicio de la Fiscalía Rosell mantenía al ralentí.
En segundo lugar, el Supremo pide al letrado de la Administración de Justicia (nueva denominación para los secretarios judiciales) una copia de las declaraciones del empresario imputado por delitos económicos, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez.
Según publicó este diario, en su última comparecencia, ya ante el nuevo juez, el empresario explicó que la relación económica con la pareja de Rosell no se habría concretado únicamente cuando ésta ya había salido del juzgado (cesión al empresario de una emisora de radio por 300.000 euros) , sino que los negocios se habían sucedido desde hace años.
Precisamente la ausencia de esos negocios previos fue una de la claves por las que el CGPJ archivó las diligencias informativas abiertas a petición de la Fiscalía para comprobar si la juez debió haberse abstenido de investigar al empresario.
La tercera petición del Supremo es precisamente que el CGPJ le envíe una copia del expediente abierto y cerrado sobre la actuación de la candidata de Podemos a ocupar el Ministerio de Justicia.
La resolución del Supremo, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, explica que se acuerdan todas estas diligencias porque la ley permite una cierta investigación previa a la admisión o no de querellas contra jueces y magistrados. La Sala resalta la «gravedad» de las imputaciones realizadas contra Rosell, «por más que hasta ahora sólo tengan un sostén puramente hipotético o coyuntural». Previsiblemente, la llegada del informe del juez y las declaraciones del empresario servirán para fundamentar las imputaciones.
El ministro Soria se querelló inicialmente contra Rosell por calumnias e injurias, por decir que la actuación de la Fiscalía respondía a un intento del político popular de frenar a su rival de Podemos. Posteriormente, el ministro de Industria amplió la querella a los delitos de retardo malicioso, prevaricación y cohecho.
Rosell recibe el revés después de haber encadenado dos noticias muy favorables. Primero vio como el TSJ de Canarias arremetía contra la Fiscalía local por, a su juicio, perjudicar la candidatura de la juez en excedencia. Y a continuación el CGPJ concluyó que no había motivo para sancionarla disciplinariamente. Ahora Rosell comprueba que tal vez sea la mucho más grave vía penal la que deba preocuparle.

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