lunes, 18 de abril de 2016

'Podemos' visita el CIE de Sangonera y denuncia la falta de derechos humanos

MURCIA.- "Uno de los principales objetivos del grupo parlamentario de Podemos antes y después de las elecciones del 20 -D es hacer realidad las demandas de las plataformas ciudadanas y la sociedad civil que llevan años luchando y exigiendo el cierre de los CIE", aseguraron desde la formación.

"Estos constituyen una anomalía del sistema democrático al privar de libertad a ciudadanos libres por una falta administativa", explicaron fuentes de Podemos.
Por ello, los diputados de Podemos visitaron este lunes todos los CIE de España con el objetivo de denunciar la vulneración de derechos que supone que el país mantenga abiertos unos centros que son el auténtico agujero negro de un estado de derecho. "Como denunciaron los movimientos sociales en numerosas ocasiones, sufren violencia física, psicológica y falta de atención médica, entre otras vulneraciones de derechos humanos".
En Murcia, Javier Sánchez constató que, todo lo expresado, "aumenta en gravedad en el caso de las mujeres, como afirma la Asociación para la Prevención de Tortura. Las mujeres en el CIE se enfrentan a una mayor vulnerabilidad y riesgo que los hombres. Hay muchas embarazadas encerradas, otras que han sido víctimas de la trata. Además, las madres que sean expulsadas dejarán a sus hijas e hijos en España".
Así el diputado nacional por Murcia destacó que "los CIE, no son prisiones, en algunos casos estos centros se convierten en coladeros de los derechos fundamentales, así creemos que nuestra función es plantear otras alternativas ya que una persona que no ha cometido delitos, es injsuto encerrarla hasta 60 dias. Por lo tanto desde Podemos consideramos que hay que ir cerrando paulatinamente estos centros y vamos a trabajar para que esta realidad se convierta en un hecho del pasado".
El Ministerio del Interior reconoció un gasto de 8,8 millones de euros anuales destinados a la gestión de los CIE. Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario espera que "el Gobierno escuche las demandas de la sociedad civil que lleva años pidiendo el cierre de los CIE y se aplique una lógica de vecindad para garantizar todos los derechos para todas las personas".

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