MURCIA.- El presidente de la Universidad Católica San Antonio, José Luis Mendoza,
se enfrentaría a una pena de 1 a 3 años de prisión por edificar
aularios sin licencia en terrenos junto a Los Jerónimos, sede de la
institución docente.
Así lo indicaron a La Opinión fuentes
judiciales, que confirmaron que a Mendoza se le ha citado para tomarle
declaración, en calidad de investigado (antes imputado), el próximo 6 de
mayo. Comparecerá ante la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 5 de
Murcia, que se ocupa de la causa.
Antes, a finales del presente
mes de abril, está previsto que declaren técnicos del ayuntamiento de
Murcia, con el fin de corroborar los informes remitidos al juzgado y
«ratificar que las obras se hicieron mal», tal y como se desprende de
los citados documentos.
En los informes municipales se explica que
los trabajos se efectuaron sin contar con la pertinente licencia,
además de hacerse en suelo no urbanizable.
Fuentes judiciales
subrayaron que aún no existe escrito de acusación hacia Mendoza, sino
que «se le pide que preste declaración» en calidad de investigado.
Asimismo,
destacaron que el suelo no urbanizable «no es de especial protección».
En cuanto a las penas a las que puede enfrentarse el empresario, el
Código Penal detalla que se trataría de 1 a 3 años de cárcel, la multa
que establezca el juez e inhabilitación especial para promover viviendas
durante un periodo de 1 a 4 años.
La Fiscalía de Medio Ambiente
de Murcia, que dirige José Luis Díaz Manzanera, insiste en pedir la
demolición de estos edificios supuestamente ilegales del campus, entre
los que hay varios aularios y una cafetería.
En febrero, la
Universidad Católica solicitaba «la autorización excepcional» para legalizar ahora
las obras del campus de Los Jerónimos que se están investigando en el
juzgado.
Sobre esta cuestión, el concejal de Urbanismo, Medio
Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, Corchón indicó a La Opinión que «ya
finalizó el plazo de información pública y se recibió una serie de
alegaciones», las cuales se están estudiando. El edil calculó que en el
plazo de más o menos un mes se podrá remitir al órgano competente (en
este caso, la Comunidad Autónoma) la petición de declaración de interés
público, y que este órgano decida.
La Universidad Católica tiene otro frente abierto
en los juzgados, cuyo primer asalto ha ganado: el relativo a presuntas
irregularidades en la cesión de una parcela de 135.000 metros cuadrados
de terreno por parte del Ayuntamiento, cuando estaba al frente el
anterior regidor, Miguel Ángel Cámara.
La magistrada que se hizo
cargo de esta causa la archivó en su día. Entonces el fiscal
Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, presentó un recurso, el cual no fue
aceptado por la juez. La Fiscalía, en esta circunstancia, recurrió a la
Audiencia Provincial, y está a la espera de que este organismo se
pronuncie.
La cesión en cuestión se produjo en 2005. Entonces, la
rúbrica de los documentos de este acuerdo la llevaron a cabo Cámara y
el presidente de la Universidad Católica en una rueda de prensa.
Desde
la Universidad Católica explicaron entonces que la idea era construir en estos
terrenos instalaciones de las que se beneficiasen «todos los murcianos»,
no solamente los alumnos y profesores de la universidad, aunque en ese
lugar aún no se ha construido nada.
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