MURCIA.- Los catedráticos de la Universidad de Murcia y miembros del CEMOP, Ismael Crespo y Antonia Martínez, que fueron expulsados de la Fundación Ortega-Marañón de Madrid por su supuesta relación con un presunto fraude de títulos falsos en México, están también envueltos en un procedimiento judicial aún abierto en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia, que investiga una denuncia presentada por una antigua profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UMU, donde trabajan Ismael Crespo y Antonia Martínez, por supuesto acoso laboral, según revela hoy 'La Opinión'.
La profesora se querelló contra los dos catedráticos, a
los que acusa de los supuestos delitos de falsificación documental,
acoso laboral, lesiones, infidelidad en la custodia de documentos,
violación de secretos y prevaricación. En un auto de procedimiento
abreviado fechado el 20 de noviembre de 2015, la titular del Juzgado nº 3 dio traslado a las partes de las diligencias a la Fiscalía y a
las acusaciones particulares para que solicitaran la apertura de juicio
oral contra Antonia Martínez, pero sobreseía la causa de manera
provisional contra Ismael Crespo. No obstante, la parte querellante ha
presentado un recurso a este sobreseimiento sobre el que la Audiencia
Provincial de Murcia está pendiente de pronunciarse.
El auto, en
poder de 'La Opinión', señala como «indiciariamente acreditado» que la
denunciante fue contratada como profesora ayudante en el Departamento
de Ciencia Política y de la Administración de la UMU y que
«aproximadamente desde mediados de 2010, la querellada Antonia Martínez
desarrolló una serie de comportamientos dirigidos a hacer desmerecer a
la profesora, creando un ambiente negativo y hostil hacia la misma tanto
por parte del resto de compañeros, incluidos los órganos de gobierno de
la Universidad, como ante la comunidad educativa».
Entre
tales actos, la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia
incluye «la inmotivada atribución de incumplimientos docentes y de
ausencias injustificadas a su puesto de trabajo, incluido el
incumplimiento de su obligación de realizar exámenes y de atender
tutorías». La jueza afirma que hay obra documental en las diligencias a
favor de la versión de la denunciante, que niega los hechos que le
atribuyeron.
Además, el auto señala que el Departamento «no tramitó el permiso solicitado» por la denunciante «para su estancia en el Centro de Estudios Europeos y Mediterráneos de la Universidad de Nueva York en el marco de una beca que se le había concedido». Asimismo, la resolución judicial establece que el Departamento de Ciencia Política «publicitó, de forma infundada, la existencia de continuas quejas de los estudiantes por causa de la falta de capacidad y de solvencia docente de la profesora en la impartición de las materias de su cargo, cuando de las encuestas a estudiantes de la Unidad para la Calidad, la denunciante obtiene una puntuación más satisfactoria que la media del departamento», según consta en el auto judicial.
Otro de los hechos graves que imputa la jueza a Antonia Martínez –y los denunciantes, también a Crespo– es el de «publicitar en el tablón de anuncios de la sede del Departamento en la Facultad de Derecho, tanto en la planta baja como en la superior, en vitrinas cerradas, un informe negativo a la prórroga del contrato» de la denunciante, anexo «a una carta abierta a la comunidad educativa», que se llegaron a exhibir en la web de la UMU. En estos documentos, según el auto, se dicen de la profesora denunciante frases como que tenía «sustantivas lagunas en su formación» e «importantes problemas en la calidad de la docencia». Estos documentos estuvieron a vista de todo el mundo durante casi dos meses, entre los días 8 de febrero y 24 de marzo de 2011.
Crespo insinúa una conspiración
El catedrático Ismael Crespo aseguró a la Cadena Ser que hay «una mano negra» detrás de las informaciones que lo relacionan, a él y a la también catedrática Antonia Martínez, con un supuesto fraude de títulos falsos en México.
«Han pasado muchas cosas en la Región desde las elecciones autonómicas del año pasado, donde mi persona y el CEMOP, el centro de opinión pública que dirijo, se vieron de alguna forma atacados o criticados por las encuestas que hicimos y nuestra oposición a que existiera control por parte de la Asamblea», declaró Crespo, quien niega tener vinculación alguna con la Ortega y Gasset en México, como tampoco la tiene, según él, Antonia Martínez.
«Es difícil expulsarme de donde no he estado», indicó. Sí reconoció que fue patrono de la Fundación Ortega y Gasset de España durante doce años, pero dejó este cargo en 2014. Crespo dice que ha hablado con el vicerrector de Profesorado para aclarar esta situación y que la UMU le ha pedido que no haga declaraciones a la prensa. Piensa que el expediente informativo abierto contra él y Antonia Martínez se resolverá a su favor en los próximos días.
Finalmente, el profesor mexicano Antonio Meza, implicado en el supuesto fraude de títulos en México, indica, en un escrito remitido a 'La Verdad', que «la cuestión de fondo es que la Fundación Ortega y Gasset de Madrid tiene demandas judiciales abiertas en varios países de América Latina, así como graves problemas internos de personal y patrimonio en su sede de Madrid y busca cabezas de turco».
Meza afirma que «todos los títulos son legales de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública» del país azteca y que la Fundación de México «no necesita permiso» de su homónima en Madrid para dar cursos, al tiempo que señala que entre las dos instituciones hay «acciones legales cruzadas» sobre la propiedad de la marca.
Además, el auto señala que el Departamento «no tramitó el permiso solicitado» por la denunciante «para su estancia en el Centro de Estudios Europeos y Mediterráneos de la Universidad de Nueva York en el marco de una beca que se le había concedido». Asimismo, la resolución judicial establece que el Departamento de Ciencia Política «publicitó, de forma infundada, la existencia de continuas quejas de los estudiantes por causa de la falta de capacidad y de solvencia docente de la profesora en la impartición de las materias de su cargo, cuando de las encuestas a estudiantes de la Unidad para la Calidad, la denunciante obtiene una puntuación más satisfactoria que la media del departamento», según consta en el auto judicial.
Otro de los hechos graves que imputa la jueza a Antonia Martínez –y los denunciantes, también a Crespo– es el de «publicitar en el tablón de anuncios de la sede del Departamento en la Facultad de Derecho, tanto en la planta baja como en la superior, en vitrinas cerradas, un informe negativo a la prórroga del contrato» de la denunciante, anexo «a una carta abierta a la comunidad educativa», que se llegaron a exhibir en la web de la UMU. En estos documentos, según el auto, se dicen de la profesora denunciante frases como que tenía «sustantivas lagunas en su formación» e «importantes problemas en la calidad de la docencia». Estos documentos estuvieron a vista de todo el mundo durante casi dos meses, entre los días 8 de febrero y 24 de marzo de 2011.
Crespo insinúa una conspiración
El catedrático Ismael Crespo aseguró a la Cadena Ser que hay «una mano negra» detrás de las informaciones que lo relacionan, a él y a la también catedrática Antonia Martínez, con un supuesto fraude de títulos falsos en México.
«Han pasado muchas cosas en la Región desde las elecciones autonómicas del año pasado, donde mi persona y el CEMOP, el centro de opinión pública que dirijo, se vieron de alguna forma atacados o criticados por las encuestas que hicimos y nuestra oposición a que existiera control por parte de la Asamblea», declaró Crespo, quien niega tener vinculación alguna con la Ortega y Gasset en México, como tampoco la tiene, según él, Antonia Martínez.
«Es difícil expulsarme de donde no he estado», indicó. Sí reconoció que fue patrono de la Fundación Ortega y Gasset de España durante doce años, pero dejó este cargo en 2014. Crespo dice que ha hablado con el vicerrector de Profesorado para aclarar esta situación y que la UMU le ha pedido que no haga declaraciones a la prensa. Piensa que el expediente informativo abierto contra él y Antonia Martínez se resolverá a su favor en los próximos días.
Finalmente, el profesor mexicano Antonio Meza, implicado en el supuesto fraude de títulos en México, indica, en un escrito remitido a 'La Verdad', que «la cuestión de fondo es que la Fundación Ortega y Gasset de Madrid tiene demandas judiciales abiertas en varios países de América Latina, así como graves problemas internos de personal y patrimonio en su sede de Madrid y busca cabezas de turco».
Meza afirma que «todos los títulos son legales de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública» del país azteca y que la Fundación de México «no necesita permiso» de su homónima en Madrid para dar cursos, al tiempo que señala que entre las dos instituciones hay «acciones legales cruzadas» sobre la propiedad de la marca.
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