MADRID.- Se llama “la propinilla”. Y fue el peaje que supuestamente
pagaron algunos proveedores de la desalinizadora de Escombreras
(Cartagena) para agilizar el cobro de sus trabajos en esta planta para
producir agua que simbolizó uno de los proyectos estrella del
expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel (PP). La infraestructura ya ha costado 90 millones de euros de dinero público, según revela hoy el diario 'El País'.
El empresario Jesús G. F. asegura que abonó 20.000 euros en
comisiones ilegales durante cinco años a un responsable de la firma
encargada del mantenimiento de la instalación, Tedagua, del Grupo ACS.
La mordida perseguía acelerar el cobro de sus facturas por
valor de 150.000 euros. El receptor del dinero fue presuntamente el jefe
de administración de la desalinizadora, Joaquín Peña, según un vídeo al
que ha tenido acceso El País y que forma parte de una denuncia ante la
Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Las imágenes muestran a Peña contando 4.500 euros en la garita de
vigilancia de la desalinizadora. La escena se desarrolla en un clima
distendido después de que el proveedor descubra que todavía no ha
cobrado porque “Madrid”, donde se encuentra la sede central de Tedagua,
no ha autorizado el abono. “¡Es el impuesto revolucionario por trabajar
aquí!”, ironiza el donante. La becaria del departamento de
administración Sandra R. y un guardia de seguridad asisten a la escena,
según la denuncia ante Anticorrupción.
El hombre que paga la mordida es el gerente de una firma de pinturas
con cuatro trabajadores. Este empresario sostiene que otros cinco
proveedores de la desalinizadora de Escombreras desembolsaron también
durante años “la propinilla”. “Si pagabas, en tres días te ingresaban el
dinero. De lo contrario, podías tardar hasta seis meses en cobrar. Me
tuve que bajar los pantalones. Pensé en las familias de mis empleados. Y
nunca inflé el precio para recuperar la comisión”, justifica este
pintor, que sostiene que la desalinizadora le adeuda desde 2013 trabajos
por valor de 18.000 euros. Según su relato, la rúbrica de Peña
resultaba imprescindible para cobrar. Y, de no abonar el peaje, “los
futuros trabajos se alargaban hasta no llamarte”.
La “propinilla” se sustanció también en cestas navideñas, jamones,
invitaciones a restaurantes y ordenadores portátiles, según el
denunciante.
El presunto receptor del dinero, que ayer atendía el teléfono que
figura en la web oficial de la desalinizadora, colgó en tres ocasiones a
este periódico tras ser preguntado por el vídeo. La empresa encargada
del mantenimiento de la planta, Tedagua, ha indicado que, en caso de
confirmarse la actuación irregular de Peña, "actuará en consecuencia".
"Nos desmarcamos totalmente de estos comportamientos", explica un
portavoz de la filial de ACS. Tedagua ya despidió hace dos años a los
jefes de planta y de mantenimiento de esta instalación por hechos
similares.
El material que maneja la Fiscalía Anticorrupción de Murcia podría ser constitutivo de un delito de extorsión, según el abogado que ha presentado la denuncia, Diego de Ramón.
La desalinizadora de Escombreras es una factoría construida por una
filial de ACS. La firma mantiene un contrato de arrendamiento con el
Gobierno de Murcia. El centro fue concebido para producir agua para el
regadío, el abastecimiento humano, el mantenimiento de campos de golf y
el uso industrial. La Región de Murcia
ha desembolsado hasta 2013 un total de 90 millones de euros. Y ha
asumido compromisos financieros con la empresa que desarrolló la
infraestructura por valor de 446, según el Tribunal de Cuentas. La iniciativa concebida por Valcárcel costará a las arcas públicas 600 millones de euros, según el PSOE.
Inaugurada en vísperas de las elecciones que revalidaron en 2007 la
mayoría absoluta del PP en Murcia, la desalinizadora de Escombreras
(Cartagena) nació acompañada de polémica. La planta arrancó sin permisos
del Ministerio de Medio Ambiente ni declaración de impacto ambiental. Y
fue una apuesta del Ejecutivo del popular Ramón Luis Valcárcel para
abastecer de agua a Murcia, Cartagena y Torre Pacheco.
Sus detractores -la oposición al PP y grupos ecologistas- vieron en
el proyecto la excusa perfecta para desatascar grandes planes
urbanísticos en plena orgia inmobiliaria. La instalación se levantó
sobre unos terrenos cedidos por la Región de Murcia. Y pronto concentró
las reticencias de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Este organismo
desaconsejó en 2008 captar agua de una dársena repleta de suciedad donde
atracaban buques metaneros. Greenpeace fue más allá al señalar el
peligro de los vertidos en la zona.
La desalinizadora es propiedad de la filial de ACS Hydromanagement.
Una sociedad que alquila la planta a la Región de Murcia. El contrato
obliga a la comunidad a pagar al grupo de Florentino Pérez cerca de 600
millones de euros si rescinde el acuerdo antes de su finalización, en
2034.
La planta está siendo investigada por dos juzgados de Murcia, la
Asamblea Regional y el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía Anticorrupción
tiene diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por el
abogado Diego de Ramón por los presuntos delitos de malversación,
falsedad documental y fraude en las subvenciones. De Ramón, que sostiene
que el proyecto se ideó para justificar la recalificación de 180
millones de metros cuadrados, también ha remitido un escrito al
comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión
Europea, Karmenu Vella. El documento pide la inspección de todos los
productos agrícolas regados con agua procedente de la desalinizadora de
Escombreras.
“El agua se capta dentro de la dársena del puerto de
Cartagena, donde entran petroleros, metaneros, buques de carga y
cruceros. Se trata de embarcaciones que contienen metales pesados y
otras sustancias no aptas para el consumo humano”.
Según el portavoz del PSOE en la Comisión de investigación de la
desalinizadora de Escombreras, Jesús Navarro, el proyecto “no fue
necesario y se desarrolló para hacer viables iniciativas urbanísticas.
Un entramado societario ha permitido que una obra que podía costar 85
millones suponga un desembolso de 600”.
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