MADRID.- La Audiencia Nacional ha rebajado a 25,6 millones de euros la fianza
impuesta a Banco Sabadell como responsable subsidiario de los delitos
societarios imputados a la cúpula de la extinta Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM), tras subsanar un error por el que se solicitaban
1.592 millones.
De esta forma, la Audiencia estima el recurso presentado ayer por la
entidad financiera y corrige la cifra inicialmente establecida por la
titular del Juzgado de Instrucción nº 3, Carmen Lamela, que imponía
una fianza millonaria por responsabilidad civil subsidiaria.
El escrito conocido hoy también modifica la fianza al ex director de
Información Financiera Salvador Ochoa, que queda ahora fijada en 387,1
millones, al no ejercer el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)
acusación contra él.
Fuentes jurídicas próximas al proceso aseguraron que el Sabadell
tiene la convicción de que no debería ser considerado responsable de
esta pieza general en la que se investiga a la cúpula de la antigua CAM,
entre ellos su expresidente Modesto Crespo, por varios delitos
societarios.
Todos ellos se sentarán en el banquillo después de que Lamela
decretase la apertura de un juicio en el que los acusados se enfrentan a
penas de hasta 16 años de prisión.
Además de al Sabadell, que adquirió la entidad en diciembre de 2011
por el simbólico precio de un euro, la juez había señalado a la
Fundación CAM como responsables civil subsidiario, y a la aseguradora
Caser como responsable civil directo.
Los acusados son, además de Crespo y los ex directores generales
Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de
Planificación y Control Teófilo Sogorb; el ex director general de
Recursos Vicente Soriano; al ex director general de Inversiones y Riesgo
Francisco José Martínez; el exdirector de Financiación y Gestión de
Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera
Salvador Ochoa.
Los ocho están acusados de estafa continuada agravada, apropiación
indebida y falsedad en documento mercantil entre 2010 y 2011, aunque
tanto el Fiscal como el resto de acusaciones añaden otros delitos en
función del papel desempeñado por cada uno de ellos.
La apertura de juicio llega semanas después de que Lamela archivase
la causa por la comercialización de las cuotas participativas de la CAM,
vendidas a 55.000 minoristas desde 2008 y que aportaron 292 millones a
la entidad; en diciembre de 2011 dejaron de tener valor y se suspendió
su cotización en bolsa.
Sin embargo, pese a este archivo, las cuotas comercializadas entre
las 13.03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año,
fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración
de la CAM, siguen bajo investigación en la pieza principal.
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