CARTAGENA.- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) de la Región ha desestimado el recurso que el
Ayuntamiento presentó contra el auto de un juzgado que lo condenó al
pago inmediato de 200.000 euros a la empresa que se ocupaba del
mantenimiento de las zonas arqueológicas.
La sentencia señala que el juzgado estimó la medida cautelar instada
por Mantenimiento y Custodias Arqueológicas SL, y condenó al consistorio
al pago de cinco facturas. Éstas fueron bloqueadas por el Gobierno
local (del Partido Popular) en 2014, a raíz de un informe del Tribunal
de Cuentas sobre anomalías en el contrato firmado por el Consistorio,
con una empresa propiedad del expresidente de la Junta Municipal de La
Puebla-La Aparecida Carlos Rosique, vocal del PP.
Según la sala, el Ayuntamiento cumplió el contrato que lo unía a la
compañía hasta 2014, cuando, en octubre de este año, los servicios
municipales devolvieron cinco facturas «que se habían presentado al
cobro debidamente autorizadas y aprobadas por el técnico municipal y por
el concejal delegado del ramo». Al ver rechazada su solicitud de pago,
la mercantil presentó un pleito y solicitó como medida cautelar el
abono.
El TSJ, que condena en costas al Ayuntamiento, respalda la resolución
judicial sin perjuicio de lo que resuelva cuando entre en el fondo del
asunto. El Ayuntamiento confía en que la Justicia resuelva que no cabe
pagar nada a la empresa, porque el Tribunal de Cuentas detectó anomalías
en las condiciones económicas del contrato.
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