CARTAGENA.- El Partido Popular de Cartagena considera que la gestión que el
Gobierno está haciendo sobre la piscina ilegal del concejal Aznar
representa un trato de favor y podría suponer un delito porque la
concejalía de Urbanismo, que dirige directamente el alcalde José López
no ha ejecutado el decreto de demolición que sigue vigente y está
asistiendo impasible a los intentos del infractor para legalizar las
obras, según ha dicho esta mañana en rueda de prensa el vicesecretario
de Sectorial y portavoz del Grupo Popular, Francisco Espejo.
Espejo ha recordado que "el socialista Aznar mintió al ayuntamiento
pidiendo una licencia de una balsa para regar hortalizas para hacerse
una piscina, después incumplió la orden de parar las obras cuando le
sorprendió la policía y ahora sigue sin cumplir la orden de demolición
de las obras que decretó el Ayuntamiento".
El portavoz ha llamado la atención sobre el acceso de Aznar a
información confidencial sobre los informes que están elaborando los
técnicos, como revela hoy la prensa, y se ha preguntado por qué el
Gobierno de José López concede a su concejal las facilidades que no da a
ningún cartagenero.
Espejo ha reiterado que el expediente que el Grupo Popular ha visto
cuatro meses después de pedirlo contiene un decreto en el que se
establece que las obras son "de imposible legalización" y otro en el que
se impone una sanción y una orden de derribo que Aznar tenía que haber
cumplido en el plazo de un mes.
El mismo decreto advertía de que, en caso de incumplimiento, el
Ayuntamiento demolería las construcciones a su costa. Ese decreto sigue
siendo de obligado cumplimiento porque la ley establece que la
obligación de reparar el orden urbanístico permanece en vigor, en el
mejor de los casos, hasta diez años.
La ilegalidad de estas construcciones se hizo pública en enero en una
información de La Verdad y el Gobierno no puede alegar
desconocimientos, por eso el portavoz popular afirma que "el alcalde y
concejal de urbanismo tendrán que explicar por qué no ha ejecutado la
decisión firme de derribo ni ha vuelto a imponer a Aznar las sanciones
que prevé la ley para que sea él quien cumpla la resolución de
urbanismo".
"A todas estas irregularidades, según Espejo, se suma ahora el acceso
directo que, el concejal infractor ha tenido a los informes técnicos
que todavía se están elaborando, según la información que un portavoz de
la vicealcaldesa Castejón ha facilitado al diario La Opinión".
"Todas estas informaciones, a juicio del portavoz, presentan a un
Gobierno que ha renunciado a cumplir sus propios decretos mientras
espera que uno de sus concejales evite cumplir la orden de demolición
que se le ha ordenado".
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