miércoles, 6 de abril de 2016

El fiscal anticorrupción aconseja investigar los planes urbanísticos amparados en el agua de Escombreras

MURCIA.- El fiscal anticorrupción, Manuel Díaz Manzanera, le ha pedido al magistrado del juzgado nº 9 de los de Murcia, en un informe que éste le había solicitado, que investigue por separado los planes urbanísticos amparados legalmente con el suministro de agua procedente de la desaladora de Escombreras, tras la negativa de la CHS a informarlos favorablemente, al ver indicios de presunta prevaricación en sus recalificaciones de suelo.

El procedimiento en marcha es consecuencia directa de la querella admitida a trámite al abogado y promotor gallego, Manuel Núñez Arias como representante de la empresa Inmonuar S.L., contra el ex presidente Ramón Luis Valcárcel, el ex consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá,y otros ex altos cargos del gobierno autónomo.
Tras diversas sentencias en contra, tanto del TSJ como del Tribunal Supremo, se sabe que en 26 municipios de la Región de Murcia exclusivamente, conveniados con el ya desaparecido Ente Público del Agua, hay recalificados bajo ese amparo falsamente legal 180 millones de metros cuadrados que trataron de sortear de esa manera los requisitos establecidos en el artículo 25.4 de la vigente Ley de Aguas conforme a su reforma de 2005.
El fiscal piensa que los responsables políticos de aprobar los planes urbanísticos parciales y generales actuaban a sabiendas y el denunciante cree además que son responsables algunos de ellos de supuesta estafa, prevaricación continuada, falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, fraude, delitos societarios y contra la ordenación del territorio, hasta convencer al juez Francisco Navarro de que se abriese una investigación.
El letrado Núñez solicita ahora por parte de los ayuntamientos que las ingresaron la devolución de las fianzas de los respectivos convenios urbanísticos, manifiestamente ilegales, a sus promotores al quedar ahora sin desarrollo legalmente posible sus proyectos presentados. 
Pese a la petición de Núñez de que se agruparan también en una sola causa penal todos los planes urbanísticos afectados, Díaz Manzanera en su informe recomienda lo contrario y que se investiguen todos y cada uno por separado para hacer más viables los respectivos procedimientos. 
Otro juzgado de Murcia, el nº 5, a instancias del abogado Diego de Ramón, viene investigado desde hace meses los contratos del desaparecido Ente Público del Agua con empresas del grupo ACS como sucesivas titulares de la desaladora de Escombreras.
El expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, el socialisto José Salvador Fuentes Zorita, ha afirmado hoy ante la comisión de investigación parlamentaria de la desalinizadora de Escombreras en la Asamblea Regional que esa planta no era necesaria porque, cuando se puso en marcha en 2009, los abastecimientos para consumo y riego estaban garantizados en la Región de Murcia y Alicante por las medidas del Programa Agua que el Gobierno central había puesto en marcha contra la sequía.  
"El problema tiene mucho más que ver con la voluntariedad en dar informes a ciertos planeamientos que con la necesidad objetiva de agua", ha añadido Zorita en referencia a los proyectos urbanísticos que había en aquella época en distintos municipios murcianos.
Para Fuentes Zorita, "el Gobierno regional debió recurrir la reforma de la Ley de Aguas ante el Tribunal Constitucional, si la consideraba "un abuso".
El expresidente de la CHS ha destacado que la reformada Ley de Aguas se aplicó en todas las comunidades autónomas sin ninguna oposición y ha recordado que el PP no derogó el artículo modificado cuando llegó al Gobierno de la Nación. 
El compareciente ha revelado que insistió ya en su día que el Ente Público del Agua de la Región de Murcia (EPA) carecía de potestad legal para realizar concesiones a los municipios porque la "Comunidad Autónoma renunció a la posibilidad de desarrollar sus competencias hidráulicas" recogidas en su Estatuto de Autonomía.
Sin embargo, Fuentes Zorita ha reconocido ante la comisión parlamentaria que la CHS, que él presidía, autorizó en 2009 la producción de agua desalada en la planta de Escombreras pese a estar más que resueltos los problemas de abastecimiento surgidos en el año 2003.

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