MADRID.- El gobierno de Castilla-La Mancha y ocho entidades presentaron distintos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos por los que se aprueban los planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias e intercomunitarias, así como contra los planes de gestión de riesgo de inundación y contra el trasvase del Tajo-Segura.
Según recoge el Boletín Oficial del Estado los recursos fueron
planteados en los meses de marzo y abril. Uno de ellos, fue interpuesto
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en contra del Real
Decreto por el que se revisan los planes hidrológicos de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental; Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil; Duero,
Tajo, Guadiana y Ebro.
Además, presentó un recurso indirecto contra el Real Decreto por el
que se aprueban las normas reguladoras del trasvase por el Acueducto
Tajo-Segura.
Asimismo, los recursos van también en contra de la aprobación de los
planes de las demarcaciones de Galicia-Costa, las cuencas Mediterráneas
Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras.
En concreto, los litigantes son los representantes de la Plataforma
para la Defensa del río Castril Siglo XXI; la Asociación de Polígonos y
parques Industriales y Comerciales de Málaga y su Provincia; Netrobril;
Hidroeléctrica del Cantábrico; Bacardí España; General de Galerías
Comerciales; Netco Investment y Endesa Generación Anónima.
Además de en contra de los planes, o bien de su revisión, otros de
los recursos contencioso-administrativos se presentaron en contra de los
Planes de Gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas de
Andalucía y las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
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