miércoles, 27 de abril de 2016

La directora general del Agua afirma que "el abastecimiento en el sureste español está garantizado"


MADRID.- La directora general del Agua, Liana Ardiles, aseguró que el abastecimiento ante la actual sequía en el sureste peninsular español "está garantizado", pero precisó que España es un país "vulnerable" a la sequía, un efecto que se sufre de manera cíclica y que "afecta a la economía y al bienestar de los ciudadanos".

Ardiles señaló que las proyecciones de cambio climático, la escasez de precipitaciones en el este peninsular, las sequías y también las inundaciones convierten a España en "vulnerable" a los efectos de la sequía. Por ello, en el marco de la planificación, afirmó que España tiene el compromiso de revisar sus planes de sequía antes del 31 de diciembre de 2017, de modo que incluirán una previsión de los efectos del cambio climático.
No obstante, la directora confirmó que en la actualidad el abastecimiento está "plenamente garantizado" y que la próxima campaña de riego se realizará "con total normalidad", ya que las cuencas más afectadas, las del Júcar y el Segura -sobre las que el Gobierno ha declarado la situación de sequía- "se están recuperando, aunque de forma lenta". En concreto, dijo que "hay que ir paso a paso, pero se descartan los cortes de suministro de agua para el abastecimiento y para el regadío todas las cuencas pueden dar respuesta".
Así, indicó que la sequía se produce tras un periodo de precipitaciones inferiores a las normales (sequía meteorológica) durante un periodo prolongado de tiempo (hidrológica), es decir que una sequía meteorológica no implica necesariamente una sequía hidrológica. "En España hay episodios de sequía porque es un país semiárido", añadió.
En este contexto, recordó que las sequías son cíclicas y que las últimas se produjeron entre 1995 y 1999, de 2004 a 2007 y la última, que comenzó en 2014. Ardiles subrayó que la primera de estas fue "muy dura" y 12 millones de personas sufrieron restricciones de agua potable en ciudades como Sevilla, Cádiz o Palma, al tiempo que la producción agrícola experimentó importante descenso.
"En esos cuatro años España aprendió que no se puede gestionar una situación cíclica como si fuera de emergencia, porque la respuesta no es adecuada", valoró.
Esto, según relató, condujo al primer Plan Hidrológico Nacional, que se aprobó en 2001 y que introdujo el establecimiento de un sistema global de indicadores con el fin de reducir los efectos tanto de inundaciones como de sequías. Este plan concluyó en la necesidad de elaborar planes de sequía, que se aprobaron en 2007.
Asimismo, años después comenzó en 2004 una sequía que se prolongó hasta 2007 y que afectó sobre todo a las cuencas del Guadiana, Júcar, Segura y, al final también llegó al Tajo y al Guadalquivir.
Para la directora, la evolución en el aprendizaje y la experiencia adquirida en esta materia en España permitieron que los planes hidrológicos aprobados en la pasada legislatura incluyan los planes de sequía como una herramienta más. De este modo, en 2014 se produjeron inundaciones en el norte y centro del país y sequía en la zona mediterránea.
Por ello, explicó que desde mayo del año pasado se pusieron en marcha los planes de sequía "antes de que las reservas indicaran una bajada sustancial" en las cuencas del Júcar y del Segura, que a día de hoy están vigentes y lo estarán, "al menos" hasta el 30 de septiembre, cuando termine el presente año hidrológico.
Respecto a la cuenca del Segura, recordó que el sistema del Trasvase Tajo-Segura estuvo en alerta en 2014 -cuando los indicadores ponen de relieve la necesidad de adoptar medidas preventivas para retrasar la posibilidad de entrar en situación de emergencia-. Posteriormente, a partir de 2015 llegó a estar en situación de emergencia, que es un estadío superior, en el que los indicadores de sequía están en sus mínimos porque las reservas de agua están muy bajas, lo que implica adoptar medidas mucho más restrictivas en cuanto al empleo del agua y a la gestión de las reservas.
De hecho, apuntó que en enero de este año no hubo trasvase del Tajo al Segura porque, de acuerdo con las reglas de explotación del trasvase los niveles en los embalses de cabecera no lo permitían.
En la actualidad, Ardiles afirmó que "el trasvase sigue mejorando pero no está aún en los límites de fase anterior a la emergencia", aunque confía en esta primavera que está siendo muy lluviosa y podría recuperar los sistemas.
"Vamos mejor, pero no estamos recuperados", admitió la directora general, porque en las cuencas del Júcar y del Segura, la precipitación acumulada en lo que va de año hidrológico (1 de octubre de 2015 a 30 de septiembre de 2016) es un 60% menor que la media de los últimos 50 años.
En cuanto a las posibilidades de cubrir las demandas, valoró la reciente culminación de una tubería para dar un mayor abastecimiento desde la desaladora de Águilas a los regantes, algo que también permite reducir la presión sobre el sistema general, mediante el agua de la desaladora. También se ha referido a los 30 hectómetros cúbicos de agua desalada procedentes de la planta desaladora de Torrevieja.
En total, resumió que en el marco de los reales decretos de Sequía se han puesto en funcionamiento distintas medidas con las que se lograron 70 hectómetros cúbicos adicionales de agua desalada y otros 220 hectómetros cúbicos adicionales en esa cuenca.
En definitiva, Liana Ardiles destacó que "en España, con una escasez crónica, todos los recursos suman y se pueden integrar al sistema. A su juicio, "ese es el gran logro de esta última sequía", junto con el aprendizaje adquirido desde la de 1995.
Por último, defendió que de las 17.700 desaladoras existentes en el mundo, España cuenta con unas 700, entre públicas y privadas. De estas, explicó que las 50 más importantes se encuentran en el Mediterráneo y Canarias y producen cerca del 80% del total del agua desalada. En la actualidad, cada día se producen unos 3,5 millones de metros cúbicos de agua al día, lo que convierte a España en el quinto país con capacidad instalada, que destina entre el 15 y el 20% del total al uso agrícola.

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