viernes, 15 de abril de 2016

Las CC AA autónomas se rebelan frente a Montoro por el ajuste requerido para reducir el déficit público


MADRID/MURCIA.- La reunión entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos del ramo terminó esta tarde con una profunda división sobre el ajuste requerido para alcanzar la meta de déficit. Los responsables regionales indicaron, con práctica unanimidad, su negativa a aprobar acuerdos de no disponibilidad en los términos que requiere el Ejecutivo. 

Las CCAA exigieron, en cambio, avanzar ya hacia un nuevo modelo de financiación y en un reparto más equitativo de los objetivos de estabilidad, que les permita en la práctica contar con un margen mayor de déficit.
Montoro ofreció a las comunidades celebrar reuniones bilaterales para estudiar cómo avanza cada autonomía en el objetivo de déficit, que casi todas ven difícil de cumplir. Montoro hizo esta oferta tras analizar los objetivos de déficit, en una reunión convocada a petición de los responsables autonómicos. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron que hubo una queja prácticamente común por parte de las autonomías en el sentido de que no saben cómo conseguir el objetivo del 0,3% de déficit para este año.
El ministro les ofreció trabajar conjuntamente en reuniones bilaterales para ver cómo avanzar por ese camino y cumplir las normas de estabilidad presupuestaria. Las comunidades aseguraron que están comprometidas con la estabilidad en las cuentas públicas, pero hicieron hincapié en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. En este sentido, el ministro explicó que el Gobierno ha aprobado la creación de un comité de expertos para empezar a trabajar en su revisión.
El ministro Montoro abrió la puerta a relajar estos compromisos si Bruselas termina por suavizar el procedimiento de déficit excesivo, y redibujar los objetivos entre administraciones en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF, el segundo del año tras el celebrado ayer) que se celebraría en las próximas fechas.
Pero condicionó esta mejora a que los Gobiernos autonómicos se comprometan a medidas de ajuste que se puedan incluir en el Programa de Estabilidad del Gobierno, y que debe aprobarse el próximo 29 de abril. "Tengo la convicción de que no va a haber cambios en los objetivos de déficit si no hay medidas en el Programa de Estabilidad", sentenció Montoro.
El Gobierno en funciones rebajó el tono que había utilizado en las últimas semanas con las comunidades autónomas, amenazándolas con que, si no aprobaban acuerdos de no disponibilidad, se aplicaría la Ley de Estabilidad, medidas coercitivas incluidas.
Montoro aseguró que crearía comisiones bilaterales con cada comunidad autónoma para estudiar de forma individual cómo diseñar el bloqueo de créditos requerido. Sin embargo, Montoro expuso que el recorte es una obligación, aunque su alcance puede variar según el territorio. "La carta no es una carta; es la activación de la Ley", llegó a decir el ministro dentro de la reunión.
A pesar de ello, la viabilidad del ajuste es muy limitada. Las comunidades autónomas se negaron a aplicar un ajuste que consideran inasumible. La consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, avisó de que "es imposible llegar a un acuerdo sin tocar los pilares del Estado del Bienestar". Montero dijo que espera que se convoque un nuevo encuentro del CPFF que permita hablar sobre nuevos objetivos.
No hubo tampoco avances en otro de los aspectos que reivindicaban las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ello es que se eliminen los tipos de interés que pagan por los créditos durante este año al igual que sucedió en 2015. Igualmente las CCAA exigieron al Ministerio que abone ya los pagos del FLA correspondientes al primer trimestre del año, que el Ejecutivo todavía no ha desembolsado, a la espera de aprobar el plan de ajuste.
El Ministerio ha querido reactivar también en las últimas semanas la revisión del modelo de financiación autonómica, a pesar de encontrarse en funciones. Hacienda reactivará el grupo de trabajo técnico para la elaboración de un nuevo modelo, y propuso la creación del comité de expertos que debe ayudar a su elaboración, y que incluiría diferentes miembros a propuesta de las diferentes comunidades autónomas. La reivindicación sobre la necesidad de reformarlo fue unánime entre los responsables regionales, y la Comunidad Valenciana expuso la necesidad de que sea retroactivo.
Las comunidades pidieron que se trabaje para flexibilizar los plazos de cumplimiento de déficit y también que se revise el reparto del mismo entre las distintas administraciones, a fin de que el Estado contribuya más a su reducción.
Los responsables de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PSOE se mostraron decepcionados con el ministro por no concretar nada sobre el objetivo de déficit.
Así se expresaron el consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina; la responsable extremeña de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, el conseller de Hacienda de la Generalitat valenciana, Vicent Soler, al igual que los responsables del ramo de Andalucía y Asturias, María José Montero y Dolores Carcedo, respectivamente. Opinaron que las reuniones bilaterales que les ha ofrecido Montoro deberían haberse celebrado antes de enviar esas cartas a las comunidades, «sin conocer la situación financiera y presupuestaria de este ejercicio».
«Una cosa es que respetemos el déficit y otra que hagamos milagros», advirtió un consejero, quien insistió en que el reparto del déficit es «injusto».

Versión murciana

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, indicó hoy, en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que la Región no reducirá el gasto porque el Gobierno regional ya elaboró "un presupuesto responsable" y añadió "la necesidad de la aprobación de un nuevo sistema de financiación que sea más justo con Murcia".
El compromiso de la Región con la política de estabilidad presupuestaria, según señaló el consejero, se refleja en el presupuesto de 2016, "que ha sido riguroso y austero, con un crecimiento del 0,5 por ciento, es decir, 20 millones, de los menores a nivel nacional, cuando la financiación autonómica ha sido de 254 millones de euros, diferencia que se ha destinado, en gran parte, a reducir el déficit".
Carrillo destacó que "es el primer presupuesto, del actual equipo de Gobierno, que ha fijado entre sus prioridades culminar el proceso de reequilibrio de las cuentas públicas, para lo que necesitamos tiempo y una reforma objetiva y suficiente de la financiación autonómica".
El consejero insistió en la necesidad de culminar el proceso de consolidación, mediante la corrección de la financiación de la Comunidad Autónoma, que "es notablemente inferior a la media", ya que recibe 225 millones de euros menos por habitante y 426 millones menos si se compara con la media de las comunidades uniprovinciales.
En este sentido, mostró su satisfacción por el compromiso del Gobierno de la Nación, como ya trasladó el responsable de Hacienda al presidente de la Comunidad "de agilizar los trabajos para la aprobación de un nuevo plan de financiación autonómica", mediante la constitución de una comisión de expertos que dispondrán de los trabajos y estudios técnicos ya aportados por las comunidades autónomas.
Carrillo explicó que "no se reducirán los gastos sociales y que el equilibrio vendrá por las políticas de crecimiento económico, por el incremento de ingresos y por las medidas de eficiencia a largo plazo que contienen el gasto", en lo que colaborará un incremento de ingresos debido a la previsión de crecimiento del 3 por ciento del PIB regional en 2016.
En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se informó también a las comunidades autónomas sobre la evolución fiscal de éstas, durante la legislatura del Gobierno de la Nación 2011-2015, "período en el que la Región de Murcia experimentó una destacable reducción del gasto", señaló el consejero.
Igualmente, se presentó un informe sobre la reordenación del sector público, donde Murcia consiguió una reducción del 59,80 por ciento, "una aportación muy notable a este proceso, ya que el ahorro que supuso la extinción y restructuración de entes representa el 4,8 por ciento del total nacional", concluyó Carrillo.

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