MURCIA.- José Manuel López, responsable de Organización de miembro de IU-V-RM,
ha manifestado hoy el apoyo de su formación política a la tesis que
sostiene la Fiscalía de la Región en su informe sobre "prevaricación de
las recalificaciones no autorizadas por la CHS". Un informe que,
sostiene López, viene a coincidir en lo sustantivo y a dar la razón a
las denuncias públicas que durante años realizó IU tanto en la Asamblea
Regional como en muchos de los ayuntamientos que firmaron acuerdos con
la desaladora de Escombreras.
Cabe recordar que para sortear (de manera ilegal) los informes
negativos que entonces emitía la CHS sobre disponibilidad de recursos
hídricos cada vez que algún Ayuntamiento intentaba revisar un Plan
General o firmar un convenio urbanístico, los alcaldes del PP comenzaron
a utilizar, con el visto bueno del gobierno regional del PP, el aval
que les daba el Ente Público del Agua. Así, se firmaron decenas de
acuerdos entre los ayuntamientos murcianos y la EPA certificando la
disponibilidad de agua procedente de Escombreras. Con esos acuerdos,
ilegales según tiene ya declarado tanto el Tribunal Supremo como el TSJ
de Murcia, se pasaban por alto los informes que emitía la CHS y se daba
rienda suelta al "urbanismo a la carta" que ha presidido la política
regional y municipal durante más de una década.
Han sido decenas los planes generales revisados en la Región y los
convenios urbanísticos firmados en muchos municipios que han estado
amparados en esa estrategia ilegal. Una estrategia que IU denunció en
solitario en su día, y que hoy está suponiendo una ruina para muchos
ayuntamientos a los que se les están anulando planes y convenios y a
quienes se obliga a devolver grandes cantidades de dinero a promotores y
especuladores de diverso pelaje.
Esa bancarrota municipal tiene, en opinión de López, unos
responsables claros. Decenas de alcaldes del PP y dirigentes regionales
de este partido. A todos ellos se debe exigir además de las
responsabilidades penales que ahora intentarán depurar los tribunales de
Justicia, la responsabilidad política que conllevaron sus decisiones de
entonces.
Hay que recordar que muchos de esos alcaldes, algunos con bastón de
mando y otros sin él, siguen sentándose hoy en los plenos de los
ayuntamientos de la Región, y lo menos que tenían que hacer es dimitir
por la opacidad con la que operaron, por la dejación de las funciones
públicas del urbanismo, por imponer un urbanismo a la carta y de maletín
que fue el mejor caldo de cultivo para corrupción y por la ruina
económica que finalmente han generado en sus municipios.
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