Empieza a ser entre penosa e indignante la insistencia de C’s en que las
facturas irregulares fueron producto de un error administrativo cuando
está constatado que hubo una orden política para manipular fechas y
conceptos y así pagarlas a través de la Asamblea. No son facturas falsas
porque los servicios se prestaron, pero se roza el supuesto de falsedad
en documento mercantil. Se alega inexperiencia, pero hablamos de un
partido fundado en 2006 e integrado en Murcia por dirigentes que, en
algunos casos, pasaron por una e incluso dos formaciones diferentes en
los últimos cinco años. Que son abogados o economistas desde hace mucho
más tiempo, pero no leyeron ni la Loreg ni el reglamento del Tribunal de
Cuentas. Empiezo a dudar si el Código Penal también. Aquí hay o mucho
cuento o una insolvencia política descomunal. Puede que ambas cosas.
(*) Periodista y director de La Verdad
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