MADRID.- Una futura reforma
constitucional debería incorporar los principios y las reglas básicas
del sistema de financiación autonómica, así como las normas sobre
impuestos, y también tendría que clarificar el reparto de competencias
entre Estado y comunidades para evitar conflictos entre instituciones.
Éstas son algunas de las recomendaciones que han elaborado un grupo
de expertos en un informe sobre la reforma de la Carta Magna desde el
punto de vista autonómico que mañana será presentado en el V Foro de las
Autonomías, que se celebrará en el Senado.
Los especialistas, los profesores universitarios Jose Antonio
Montilla, Javier García Roca, Eliseo Aja y Laura Díez, han redactado
este estudio después de consultar con las comunidades autónomas
cuestiones sobre la financiación, las competencias o las relaciones
interautonómicas.
A juicio de los especialistas, la participación de las comunidades en
la Unión Europea, la financiación y las relaciones interautonómicas
tuvieron una previsión muy débil en la Constitución de 1978, porque en
aquel entonces no se sabía siquiera cuántas autonomías iban a
constituirse ni qué poderes tendrían.
No obstante, estiman que en las décadas posteriores hubiera sido
factible la incorporación de nuevas regulaciones constitucionales, que
no se llevaron a cabo.
En materia de financiación autonómica, consideran que debería
eliminarse la "potestad originaria" del Estado para crear tributos, pero
sí se tendría que mantener la competencia exclusiva del mismo sobre la
Hacienda general y su capacidad de coordinar las autonómicas, teniendo
en cuenta su alcance en los principios de autonomía y solidaridad.
Respecto a los ingresos, la propia Constitución debería incorporar
las reglas fundamentales del reparto entre el Estado y las comunidades,
sin que pueda ser una determinación exclusivamente estatal ni tampoco
bilateral entre el Estado y una autonomía, pues el acuerdo afectará a
todo el sistema, dicen los expertos.
Las normas sobre los impuestos, como fuente principal de
financiación, deben fijarse también en la Constitución, agregan, y lo
ideal sería que pudieran repartirse algunos tributos de forma completa
entre el Estado y las comunidades, para reforzar la responsabilidad de
las instituciones.
Unos resultados más razonables de estos ingresos propios podrían
ayudar al equilibrio de la financiación y a la responsabilidad fiscal
del Estado y de las autonomías.
También se analiza en el informe la posibilidad de clarificar en la
Carta Magna las competencias estatales y las autonómicas para así, en la
medida de lo posible, evitar disputas.
La reforma del Senado o la constitucionalización de las relaciones
interautonómicas son otras de las cuestiones que se abordan en el
estudio, que sugiere recoger en la Carta Magna figuras como la
Conferencia de Presidentes y la participación de las comunidades en
órganos del Estado, como ya plantean algunos estatutos.
Organizado por el Observatorio de Derecho Público (Instituto de
Derecho Público de Barcelona), con la colaboración de la Fundación
Giménez Abad y el Instituto de Derecho Parlamentario, el Foro Autonómico
reflexionará sobre la reforma constitucional y la resolución de
conflictos entre Estado y autonomías, en torno al contenido y eficacia
de los acuerdos de las comisiones mixtas.
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