Se tomará posesión mañana del aeropuerto de Corvera por la Comunidad Autónoma, con auxilio de la Guardia Civil

MURCIA.- Una comisión de técnicos del Gobierno regional tomará mañana posesión del aeropuerto, tras el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia, y lo hará auxiliada por agentes de la Guardia Civil, según han informado fuentes de la Administración autonómica.

Los técnicos que se desplazarán mañana, a las 10 horas, al aeropuerto serán los encargados de inspeccionar las instalaciones y comprobar el buen estado de las mismas, tras lo que el Ejecutivo tomará posesión del aeródromo, con ayuda de la Guardia Civil si fuese necesario, ya que "el auto del TSJ de ayer es firme y la empresa concesionaria ya no puede oponerse", han indicado las fuentes.

Tras la resolución difundida ayer, la principal accionista de Aeromur se muestra dispuesta a entregar la llave del aeropuerto y a permitir la toma de posesión al Gobierno regional  "cuando quieran ir". 

No obstante, apunta que «si hacía falta otra resolución judicial, será porque con la anterior no era suficiente», justificando así su negativa a permitir la entrada a los técnicos de la Comunidad Autónoma que la semana pasada intentaron tomar posesión del aeropuerto sin conseguirlo.

El TSJ advirtió ayer a Aeromur, la empresa concesionaria del nuevo aeropuerto internacional de Murcia, de que podía incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial si no lo entrega de inmediato al Gobierno autonómico, desestimando así el incidente planteado por Aeromur contra una resolución de la misma sala del pasado día 2.

Esta resolución es consecuencia de la actitud de la concesionaria, liderada por la constructora Sacyr, que el pasado día 16 impidió que funcionarios del Gobierno murciano, personados en las instalaciones de la pedanía murciana de Corvera, se hicieran con su posesión.

Así, en la resolución se advierte a la concesionaria de que debe ejecutar esta disposición el día y hora que el Gobierno murciano considere pertinente, es decir, mañana a las 10 horas, y que éste podrá requerir los servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si lo considera necesario.
Los magistrados que han dictado esta resolución son María Consuelo Uris, Indalecio Cassinello y José María Pérez-Crespo.