miércoles, 16 de marzo de 2016

Las elecciones en Australia podrían influir en el plazo del contrato con 'Navantia'


LA CORUÑA/CANBERRA.- La embajadora de Australia en España, Virgina Greville, fue clara  sobre el proceso en el que se encuentra el concurso para que la Armada de su país adquiera dos nuevos buques de aprovisionamiento de combate y última generación, en el que los astilleros públicos españoles han sido elegidos como «licitadores preferentes». Ahora se abre de inmediato la fase de negociación del contrato y determinar los términos exactos del requerimiento. Tras la aprobación por el Gobierno, la orden de ejecución podría darse, en principio, a mitad de este mismo año.

La diplomática quiso dejar claro que aún resta el desenlace. «Es muy importante para Navantia porque está como licitador preferente, pero no es una decisión final», subrayó. 
No concretó, sin embargo, la fecha en la que se producirá esa decisión, aunque estima que sucederá en unos meses. 
En este sentido, matizó que en el plazo en el que se produzca esa resolución pueden influir muchos factores, entre ellos las elecciones en su país, que está previsto que se convoquen antes de que finalice el año.
Entre 670 y 1.340 millones de euros. En esa horquilla sitúa el Ministerio de Defensa de Australia el presupuesto del programa para la construcción de dos nuevos buques de aprovisionamiento de combate, aunque en este coste no solo se incluye la fabricación de los navíos, sino también otras actividades ligadas a este concurso.
La Armada australiana acaba de elegir esta semana a Navantia como licitador preferente en el concurso, frente a la oferta presentada por el coreano Daewoo, y después de que la designación trascendiese en España, ha sido confirmado ya por las autoridades del país.
Así, la ministra de Defensa del Estado de Nueva Gales del Sur, la senadora Marise Ann Payne, ha explicado que el proceso de evaluación «se ha completado y Navantia ha sido seleccionada como el candidato preferido para proceder a la Definición de la Oferta y Mejora de las Actividades (ODIA) y para las negociaciones», según recoge la revista especializada Australian Defence Business Review.
Además, comentó cuáles serán las siguientes fases del proceso, que como ya ha quedado de relieve, se centrará en las negociaciones para la firma del contrato. La horquilla presupuestaria en la que se mueve el programa da idea de que afinar el coste de los barcos es uno de los principales objetivos en los que se centrarán las conversaciones. «El proceso de licitación está en curso. Tras la realización de la ODIA y las negociaciones, Defensa volverá al Gobierno para la aprobación de la segunda fase, probablemente a mediados de 2016». Es la misma previsión que había trasladado la Embajada de Australia en España el pasado febrero.
De acuerdo con las necesidades establecidas por la Royal Australian Navy en su libro blanco para los próximos años, los futuros barcos logísticos tienen que entrar en operación en el entorno del 2020, por lo que, a priori, se presupone que el proceso de fabricación de ambos navíos se solaparía. Pero, según se establece en este mismo documento, la Armada quiere dotarse de un tercer buque logístico, que se prevé que esté funcionando en la década del 2020 al 2030.
En ese documento también se especifican otras demandas futuras de barcos, como patrulleros y fragatas, concursos que aún no se han abierto pero en los que participará Navantia.
La contratación externa de los buques responde a que, por el momento, la industria naval nacional, que se está encargando de la fabricación de tres destructores basados en el modelo de fragatas F-100 españolas, no tiene capacidad para la construcción de barcos de la envergadura del Cantabria (en la imagen), que centra la propuesta de Navantia en el concurso de los logísticos. 
Sin embargo, la decisión de la Defensa del país de abrir una licitación internacional para la compra de estos navíos y la designación de la empresa española como licitador preferente no ha estado exenta de polémica política en Australia, en donde algunos dirigentes reclaman que la repercusión en la industria nacional sea mucho mayor que la prevista.

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