MADRID.- La banca extranjera acreedora
de las ocho autopistas de peaje actualmente en quiebra insiste en
apostar por la liquidación de estas vías como mejor opción para
solucionar su situación, al considerar "irrealizable" la propuesta de
rescate diseñada por el Gobierno saliente.
Un grupo de siete bancos foráneos ha presentado un escrito de
oposición al recurso que el Ministerio de Fomento elevó ante la
Audiencia Provincial de Madrid en contra de la decisión de un Juzgado
Mercantil de declarar la liquidación de dos autopistas tras rechazar el
plan que el Departamento había presentado para rescatarlas.
En su escrito, las entidades alegan que el plan de viabilidad de
la propuesta de rescate del Gobierno es "irrealizable", y aseguran que
la "única alternativa viable" es la liquidación de las autopistas, según
informaron hoy fuentes jurídicas.
Entre las entidades que suscriben el escrito, presentado el pasado
mes de septiembre, figuran The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Société
Générale, Royal Bank of Scotland (RBS), Natixis y Deutsche
IndustrieBank.
La liquidación de las autopistas activaría la Responsabilidad
Patrimonial (RPA) que el Estado tiene ante la quiebra de una
infraestructura contratada por concesión, que le obliga a pagar a la
compañía que la construyó el valor del activo y las inversiones
realizadas en el mismo.
En el caso de las ocho autopistas, la 'factura' de la RPA puede
ascender a entre 5.000 y 8.000 millones de euros, según distintas
fuentes del sector. Sólo la de la radial R-4 de Madrid supone 700
millones de euros.
Hasta el momento, los Juzgados de lo Mercantil que gestionan los
procesos concursales de las autopistas han dictado ya la liquidación de
dos ellas, de la AP-36 Ocaña-La Roda y M-12 Eje Aeropuerto.
No obstante, el proceso de liquidación de estas vías está en
suspenso, dado que el Ministerio de Fomento presentó un recurso en
contra de la misma ante la Audiencia Provincial de Madrid. En el
recurso, presentado a través de la Agobacía del Estado, defiende el plan
de rescate diseñado para las autopistas y presentado en los concursos a
modo de propuesta de acreedores.
Este plan pasa por aplicar una quita del 50% a la de deuda de unos
4.000 millones que suman las vías y posteriormente integrarlas en una
sociedad pública.
No obstante, el recurso de Fomento ni siquiera ha sido aún elevado
a la Audiencia, con lo que la tramitación y resolución del mismo podría
alargarse todo este año y extenderse hasta 2017, según indicaron dichas fuentes jurídicas. El nuevo Gobierno será así quien
afronte la situación de estas vías.
Por el momento, las ocho autopistas quebradas comenzaron en 2015 a
recuperar el tráfico, uno de los motivos de su situación junto con los
sobrecostes que tuvieron que pagar por la expropiación de los terrenos
donde se construyeron.
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