ALICANTE.- La magistrada titular del Juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha decidido, tras investigar si se cometió o no delito, archivar la pieza abierta
por la emisión y comercialización de las cuotas participativas de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM) aunque continúa la tramitación sobre una pequeña parte y también respecto a la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada, según fuentes jurídicas.
Solamente las cuotas participativas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de
julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de
reestructuración de la CAM, están incluidas en la pieza principal donde
los perjudicados han podido formalizar sus escritos de acusación.
Los informes de la CNMV, que participó activamente en la elaboración del folleto informativo, “siendo
correcta la información contenida en el mismo y facilitada a los
inversores sin que se detectara ninguna irregularidad relevante en su comercialización entre la clientela minorista de la entidad” y de los peritos del Banco de España, sobre los estados financieros publicados en el momento de su emisión, en diciembre de 2007, y que “no estaban falseados”, han sido decisivos para el archivo de las diligencias.
En el auto, emitido hoy mismo, sólo cita ya como imputados a Roberto López Abad y María Dolores Amorós, ex directores generales, tras convertir las actuales diligencias en un procedimiento abreviado para que sean juzgados por los presuntos delitos de estafa y/o un delito relativo al mercado y a
los consumidores por las irregularidades cometidas en la comercialización de las
participaciones preferentes y deuda subordinada.
La magistrada Lamela considera responsables civiles subsidiarias a la Fundación CAM y al Banco Sabadell.
La Fiscalía y acusaciones particulares tienen ahora un plazo de diez días para presentar sus
escritos de acusación o de sobreseimiento o, excepcionalmente, la
práctica de nuevas diligencias.
Se archivan las actuaciones respecto al resto de directivos investigados: el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, Juan Luis Sabater y Francisco Martínez ya que no existen indicios de que participaran en los hechos.
En su resolución, la titular del Juzgado Central nº 3 destaca que existen irregularidades en el test de idoneidad que se distribuyó a través de una circular interna en la que también se adjuntaba el folleto informativo, que explicaba en que consistía el producto y sus riesgos.
La División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó "una serie de irregularidades" en la comercialización de los dos productos, que quedaron recogidas en un informe de febrero de 2012, en el que, entra otras afirmaciones, se dice que la información facilitada al cliente adolecía "deficiencias relevantes".
En cuanto a la parte que afecta a la venta de cuotas participativas, el auto explica que los informes de la CNMV y del Banco de España apuntan a que las cuentas de 2007 de la caja, con las que se contaba cuando se comercializaron, no estaban falseadas. "Las cuentas que han sido detectadas como falseadas son las de 2010 y 2011", precisa.
La juez investiga en otra causa, la principal, irregularidades en la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En este procedimiento se mantiene la instrucción en lo afecta a las cuotas vendidas desde las 13:05 del 1 de marzo de 2001 al 22 de julio de ese año.
En ese procedimiento, la magistrada acusa a López Abad y Dolores Amorós, al exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo de la comisión de delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y falseamiento de cuentas.
Según indicaba su antecesor al frente del Juzgado, Javier Gómez Bermúdez, en un auto, los cinco exdirectivos no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".
Explicaba también que "se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial" del banco de modo que se cerraba el ejercicio con resultado positivo en cuantía tal que permitía el cobro del bonus, cuando el resultado real hubiera impedido que se les abonara.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
Se archivan las actuaciones respecto al resto de directivos investigados: el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, Juan Luis Sabater y Francisco Martínez ya que no existen indicios de que participaran en los hechos.
En su resolución, la titular del Juzgado Central nº 3 destaca que existen irregularidades en el test de idoneidad que se distribuyó a través de una circular interna en la que también se adjuntaba el folleto informativo, que explicaba en que consistía el producto y sus riesgos.
La División de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó "una serie de irregularidades" en la comercialización de los dos productos, que quedaron recogidas en un informe de febrero de 2012, en el que, entra otras afirmaciones, se dice que la información facilitada al cliente adolecía "deficiencias relevantes".
En cuanto a la parte que afecta a la venta de cuotas participativas, el auto explica que los informes de la CNMV y del Banco de España apuntan a que las cuentas de 2007 de la caja, con las que se contaba cuando se comercializaron, no estaban falseadas. "Las cuentas que han sido detectadas como falseadas son las de 2010 y 2011", precisa.
La juez investiga en otra causa, la principal, irregularidades en la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En este procedimiento se mantiene la instrucción en lo afecta a las cuotas vendidas desde las 13:05 del 1 de marzo de 2001 al 22 de julio de ese año.
En ese procedimiento, la magistrada acusa a López Abad y Dolores Amorós, al exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo de la comisión de delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y falseamiento de cuentas.
Según indicaba su antecesor al frente del Juzgado, Javier Gómez Bermúdez, en un auto, los cinco exdirectivos no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".
Explicaba también que "se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial" del banco de modo que se cerraba el ejercicio con resultado positivo en cuantía tal que permitía el cobro del bonus, cuando el resultado real hubiera impedido que se les abonara.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.
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