CARTAGENA.- Los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea Regional presentaron
este martes una moción conjunta en la que piden a la Consejería de
Hacienda y a la Delegación del Gobierno, competentes en materia de
juegos, que cumpla la ley que obliga a que no se celebren rifas
ilegales, como las que realiza la Organización de Impulso al
Discapacitado (OID).
La iniciativa se tomó a instancias del PP con motivo de la
comparecencia ante la Comisión Especial de Discapacidad del delegado
territorial de la ONCE, Juan Carlos Morejón, quien pidió a los
parlamentarios que trasladen a las Administraciones la necesidad
de"erradicar" la venta de cupones ilegales y que, según denunció, supera
a la de su organización en municipios como Cartagena, La Unión y
Totana.
Morejón recordó que la OID no tiene autorización para realizar estos
sorteos, y que varias sentencias ya conminaron a las Administraciones
competentes a que ejecuten la prohibición de llevar a cabo las rifas,
además de comprometerse a que la ONCE "dará una oportunidad" a los
vendedores que provengan de esta organización y acrediten que tienen el
33% de discapacidad.
En este sentido, remarcó que la OID no tiene dada de alta en el
Régimen de la Seguridad Social a ninguno de los vendedores, a los que
trasladó un mensaje de "solidaridad" para que acudan a la ONCE y, tras
superar el curso pertinente, puedan convertirse en vendedores legales.
El delegado territorial aseguró que han tenido que "poner calma"a sus
vendedores ante esta competencia ilegal de la OID, aunque matizó que
los 900 discapacitados que hay en la Región vendiendo cupones de la ONCE
van a demostrar su "solidaridad" con los compañeros que provengan de la
otra organización, que han cuantificado en 20 los trabajadores que han
hecho ese recorrido en los últimos dos años.
Tras su comparecencia, Morejón presenció cómo los miembros de la
Comisión hicieron un recorrido por el circuito de movilidad que preparó
el personal de la ONCE en la puerta de la Asamblea Regional, donde los
diputados comprobaron las dificultades a las que se enfrentan los
discapacitados visuales con diferentes grados de ceguera, como tener que
salvar obstáculos o intentar leer una factura de la luz.
Antes de tener que afrontar el circuito, la presidenta de la
comisión, Isabel García Casalduero, apostó por proteger los servicios
sociales de los discapacitados apoyando el "empleo digno" con cobertura
de la Administración y no a través del "aprovechamiento de estas
personas".
Por parte del PP, la diputada Inmaculada González valoró que la
iniciativa de su grupo sobre el cumplimiento de la ley sobre rifas
ilegales, que retiró, se haya transformado en una moción conjunta de
todos los grupos en la que piden a las administraciones que "luchen
conjuntamente" para evitar esta práctica.
En la bancada de Ciudadanos, el parlamentario Juan José Molina, puso
el foco en que hay que insistir a los ayuntamientos que siguen
permitiendo estos sorteos para que ejecuten la ley, además de alabar el
compromiso de Morejón para "absorber" a los vendedores de la OID que
acrediten la discapacidad igual o superior al 33 %.
Por parte de Podemos, la diputada María López hizo hincapié en la
función que realiza la ONCE para que la sociedad haga el tránsito de
pesar en que realizan una "función más caritativa" para que sean
percibidos como ejecutores de una labor más profesional, lo que, a su
juicio, supone un "mensaje muy potente".
ONCE en la Región de Murcia tiene 900 vendedores, de los cuales el
54% son afiliados, a los que hay que sumar otro centenar de personas en
oficinas y 564 empleados en Ilunion, lo que conforma una plantilla total
de 1.564 trabajadores, de los que cerca del 90% son discapacitados y
ese mismo porcentaje tiene empleo indefinido.
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