Lo que nos faltaba por ver en este tiempo político nuevo es el road show
del candidato fallido Sánchez, primero a Cataluña con Puigdemont y
después a Grecia con Tsipras para pedir que interceda, aconseje o
presione a Iglesias para que se abstenga en su pretendida segunda
investidura.
El objetivo y contenido de su viaje a Cataluña es desconocido por la
opinión pública. No sabemos si hubo la presentación de un preacuerdo
para abrir una puerta constitucional al referéndum de autodeterminación o
solamente fue para conocer del Presidente catalán el calendario de
aplicación de la hoja ruta independentista.
Si Pedro Sánchez piensa que tiene alguna opción a una segunda investidura, y salvo que toda esta hiperactividad esté dirigida a la segunda campaña electoral, habría que preguntarle para qué hace esto y quién le aconseja.
A ningún consejero político se le habría pasado por la cabeza plantear esta estrategia. El candidato fallido está consiguiendo tensar la cuerda con Ciudadanos y con Podemos al mismo tiempo, colocándoles en una situación que les conduce inexorablemente a Rivera a la ruptura del acuerdo, y a Iglesias a su rechazo de plano. Y más cuando desde un grupo de comunicación que promueve la investidura de Sánchez se dedica a zurrar a Pablo Iglesias: leña al mono hasta que hable inglés… o se abstenga.
¿Qué se hubiera dicho si Mariano Rajoy hubiera pedido a Hollande o a
Renzi que rebajasen la intransigencia de Pedro Sánchez y sus reiterados
noes a acordar una coalición con el PP o no obstaculizar al más votado,
conforme al precedente mayoritario en Europa cuando se dan estos
resultados electorales?
Este tiempo político que podría calificarse como minutos de basura en
el baloncesto, está sirviendo para comprobar dos realidades. En primer
lugar que el país funciona. Las Administraciones Públicas, el National Service
español, abre todos los días y los servicios públicos cumplen sus
deberes como no podía ser de otra manera. Es cierto que no se presentan
proyectos de ley y el Consejo de Ministros no aprueba acuerdos que no
sean de aplicación ejecutiva de actuaciones precedentes en curso.
En segundo lugar que este tiempo sirve para conocer la otra faceta
que no vimos de los partidos políticos el día electoral del 20 de
diciembre. Con quién gobernaría cada uno y con quién no, lo que
necesariamente lleva a la conclusión que los electores van a tener un
escenario mucho más definido el día de la votación, sabiendo cuáles
serán las consecuencias de su voto a una u otra candidatura.
Es evidente que las segundas elecciones no son un ballotage a
la francesa en el que quedan dos fuerzas y se agrupan los partidos o se
retiran candidatos. La posible votación del 26 de junio será una
experiencia inédita en nuestro sistema político y la pretensión de
proyectar las encuestas como si fueran unas primeras elecciones está
equivocada. Nos llevaremos sorpresas.
También está sirviendo este tiempo para comprobar que el dilema entre
la casta y los nuevos partidos ha desaparecido del lenguaje político.
Los recién llegados, Iglesias y Rivera, están actuando en sus
estructuras de organización con los mismos métodos y comportamientos que
los llamados partidos de la casta. No hay más que comprobar que el
principio que se aplica es el que ya proclamó Alfonso Guerra hace años:
el que se mueva no sale en la foto. Látigo y exhibicionismo al mismo
tiempo en la política en estado puro, a la intemperie, en la que hay que
recordar a Ramón de Campoamor. En este mundo traidor, nada es verdad ni
mentira, todo es según el color del cristal con que se mira.
Ciudadanos que había presentado un modelo político nuevo, basado en
la reforma electoral y en las nuevas formas, ha preterido sus principios
hoy subordinados a la estrategia de sacar a Rajoy del Gobierno y mandar
al PP a la oposición, ya que coincide con Sánchez en este objetivo
principal: evitar las segundas elecciones ante el temor a un resultado
adverso y negativo, a pesar de las encuestas.
Mientras tanto, la polémica constitucional en orden al control del
Gobierno en funciones. Un criterio de proporcionalidad, equilibrio y de
interpretación de las normas de acuerdo con su finalidad no debe olvidar
que el Gobierno que ejerce la función ejecutiva y la potestad
reglamentaria es un órgano colegiado, actualmente en funciones y que el
Congreso controla la acción del Gobierno, conforme a los artículos
97,101 y 66 de la Constitución.
Por tanto, no está excluido de control el Gobierno en funciones, pero
limitada y únicamente en cuanto a las actuaciones ejecutivas en
funciones, sin que puedan ser objeto de control parlamentario las
actuaciones de la legislatura finalizada. Sería un fraude de ley y una
retroacción de las competencias de las Cortes generales.
Parece razonable que el Gobierno deba comparecer y puede hacerlo por cualquiera de sus miembros, también mediante los Secretarios de Estado que son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno, sin que sea exigible la responsabilidad política en los términos constitucionales que se definen en los artículos 108 a 116 de la Constitución.
Por tanto, es improcedente pedir un cese de un ministro o exigirle
responsabilidad política o una determinada actuación ejecutiva, ya que
no le corresponde a las Cortes la función ejecutiva ni el Gobierno ha
recibido la confianza de la Cámara. Pero sí es obvio que las Cámaras
tienen derecho a solicitar información y el Gobierno debe darla en sede
parlamentaria por medio de quien considere adecuado o conveniente.
Aplicar el sentido común y abrir usos políticos que se incorporen a
nuestro escaso acervo político en esta situación inédita de nuestra
historia constitucional es una buena práctica. Como lo es también evitar
tensiones innecesarias. De momento, el único que mantiene la calma es
el Presidente del Gobierno que no es poco.
(*) Registrador del Propiedad
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