¿Qué pasa en las redes? / Ramón Cotarelo *

La acusación directa de Iglesias a González de tener las manos manchadas de cal viva me pareció tan injusta, tan inicua y tan cínica que ayer subí el tuit que figura a la izquierda a Twitter. Inmediatamente me eché encima una legión de trolls furiosos insultándome a mansalva. No es necesario reproducir los insultos porque está toda la panoplia. Imaginen uno cualquiera y seguro que aparece.

¿En dónde radicaba la rabia? La acusación es falsa, como se demostró hasta la saciedad en su día pues el asunto de los GAL llegó al Tribunal Supremo, que condenó a quien juzgó que debía condenar y a nadie más. Por tanto, está claro que no hay pruebas ni puede demostrarse esa acusación y, salvo que Iglesias tenga alguna nueva (con lo que debiera acudir a los tribunales en lugar de echar veneno) la repetición de la acusación es un infundio, si no una calumnia. Algo verdaderamente detestable.

Por supuesto, mucha gente no acepta esta situación y continúa alimentando los rumores y las falsedades más indignas, que si Mr. X, que si la cárcel de Guadalajara, que si cuando el río suena es que agua lleva, que si en aquella época se habló mucho de ello, que si el proceso dejó mucho que desear, etc., etc. Lo de siempre, vamos. Todavía hay quien dice que las bombas del 11M las pusieron etarras. Es más o menos la misma gente con el chip político algo cambiado o quizá ni eso.

Esta oposición al empleo del infundio y la difamación en política, se haga contra quien se haga, también me costó ataques sañudos en Facebook. Se esgrimían los "argumentos" esos del río que suena, etc y se añadían numerosas recriminaciones ad hominem, en el sentido de que si mis simpatías por González no me dejaban ver la cegadora realidad de su condición de amparador de asesinos y lindezas de este tipo. Y se añadían barbaridades del tipo de que si González era inocente, que lo demostrara, como si con él no rezara el principio elemental de que la carga de la prueba corresponde al que acusa y no al acusado.

No hace falta que diga, pues es público, que mi buen juicio sobre González en su etapa de gobernante no empaña mi visión crítica de su etapa posterior, pues considero que ha actuado muy mal en muchas ocasiones desde el punto de vista político y moral y ha acabado proyectando una imagen francamente lamentable. Digo que no hace falta que lo diga porque es así: no hace falta. No defiendo a González al decir que no hay derecho a levantar falsas acusaciones contra nadie. Defiendo a todo el mundo que sea víctima de estas malas artes, haya hecho lo que haya hecho en otros aspectos de la vida. El señor Mas puede haber sido todo lo amigo que se quiera de Pujol y haber hecho drásticos recortes neoliberales con alegría sádica, pero no hay derecho a mancillar su reputación personal con rumores, infundios y acusaciones sin pruebas.

En el caso de González llama la atención la saña, la contumacia con la que se lo difama. Hay en esto una envidia muy española. El más brillante político de la transición (insisto en que su comportamiento al dejar el gobierno es otra cosa), el que consolidó el Estado del bienestar que el PP lleva cuatro años desmantelando y gracias al cual salió adelante mucha gente de la que ahora lo ataca, es el más vilipendiado y, en efecto, con auténtico odio. Hagan ustedes un repaso y díganme si no es cosa de psiquiatra que González sea más atacado que Aznar. Porque es así.

Por cierto, llamo la atención, porque es muy significativo, sobre la cobardía del PSOE que, como ya sucedió en los años 90, protesta de estos atropellos pero en la intimidad y no se atreve a defender como merece a uno de los suyos, víctima de una injusticia. Y ¿cómo va a luchar contra las injusticias sociales una gente que se acobarda ante las que la afectan directamente? Sánchez solo sacó un hilo de voz en el Congreso para decir que estaba muy orgulloso de González y en una entrevista en el país se pregunta maravillado de dónde le sale a Iglesias tanto odio hacia el PSOE. Pues, si no lo sabe de verdad es que, además de cobarde, es tonto. Le sale de la vieja frustración anguitiana de no haber conseguido el sorpasso y la aniquilación del PSOE, que es lo único que lo mueve. Y la difamación a González es parte de esta estrategia de que "el PSOE es el partido de la cal viva".

Recurrir a estos procedimientos de infundios, e Iglesias lo hizo el otro día, no tiene nada que ver con la izquierda democrática sino que es más propio del fascismo.

Y aquí es donde empecé a ver quizá la raíz de los ataques furibundos que recibía mi tuit. Por eso insistí en la tecla. Subí más tuits como: "El fascismo siempre ha sido muy mediático. Y el de izquierdas de ahora, ya ni te cuento: confunde el Congreso con el plató de la tele" o bien "El pensamiento crítico de algunas "nuevas izquierdas" se convierte en rebuzno en cuanto les tocas a sus amados líderes" o incluso "Cuidado con llamar fascistas a los fascistas que van de izquierdistas. Se cabrean y les sale el fascio por las narices".Y, efectivamente, ahí había un punto sensible. La legión de trolls de Podemos llegó al paroxismo, dando la razón al aviso. Algún amigo me recordó que los "revolucionarios" son los que menos aceptan la crítica y la independencia de criterio. 

Si hubiera sido un experimento, no hubiera dado mejor resultado. 

El peligro del fascismo de izquierdas, pintado con los colores de la nueva política está ahí. 

¿Por qué no un tripartito?

Terminada la primera fase de la guerra de las investiduras, conviene entrar en la segunda con el ánimo más abierto y más firme propósito de encontrar una solución rápidamente para no agotar los dos meses y, sobre todo, para evitar las elecciones en junio.

Lo primero es despejar la cuestión del Rey. Patxi López va a verlo el lunes supongo que a comunicarle que sigue sin haber presidente del gobierno, como si no se hubiera enterado. Lo mejor es que el Rey desista de nombrar a nadie de momento y deje que los políticos inicien las rondas de contactos que quieran. Si acaban teniendo un candidato, ya se lo comunicarán.

La negociación para la formación de un gobierno de izquierda arranca con un pie forzado nuevo: PSOE y C's irán a todas las mesas de negociación juntos, como las parejas de la Guardia Civil. Quieren dar mayor sensación de coordinación y tándem y trasmitir más confianza el uno en el otro. Se recordará a Rivera diciendo muy serio hace un par de semanas que, si fracasaba la investidura, se replantearía el pacto PSOE-C's y C's retiraría su apoyo a Sánchez. El citado pacto ha sido robustecido y por supuesto que C's sigue apoyando un gobierno de Sánchez. Está bien que Rivera se haya comido sus palabras anteriores. Si los políticos fueran presa de sus afirmaciones o negaciones y estuvieran obligados a atenerse a ellas, a lo mejor el mundo sería más justo pero también más aburrido.

Así como Rivera ha cedido y ha cedido Sánchez, ¿por qué no va a hacerlo Iglesias? Podemos lleva semanas exigiendo al PSOE que rompa con C's si quiere negociar con ellos, una doctrina Hallstein tan absurda como ella. ¿Por qué el PSOE no va a sentarse a negociar con C's? Los izquierdistas suelen argumentar que este partido es la marca blanca del PP y que es el PP con otras formas o un PP en diferido. Es posible pero, al decir que es como o parecido al PP, ya se está diciendo que no es igual, que no es el mismo PP, con el cual el PSOE también se ha negado a negociar.

En este asunto de las investiduras y las negociaciones conviene que los españoles aprendan de los catalanes que los han pasado hace un par de meses y tienen cosas que enseñar. La primera de todas que CiU, la ahora inexistente federación, con la que han pactado ERC, que no es menos de izquierda que el PSOE y ls CUP, que no son menos de izquierda que Podemos es la derecha catalana, tan derecha como la española. Se dirá que CiU, ahora solo Convèrgencia, no puede compararse del todo con el PP. Es verdad, Convèrgencia es una derecha europea, civilizada, demócrata, mientras que el PP es derecha nacionalcatólica y oligárquica española, mucho más bronca y bruta. Pero en lo que hace a recortes neoliberales, restricciones, compadreo de capitalismo de amiguetes los dos son similares. Y si las CUP pueden pactar con Convèrgencia, ¿por qué no puede pactar Podemos con C's que no son el PP?

El mantenimiento del pacto es un acierto y más lo será si los firmantes está de acuerdo en abrirlo a una negociación con Podemos, de forma que este pueda marcar su impronta en el texto y no se limite a firmar lo que le ponen delante, que es el trágala que quisieron hacer C's y PSOE. Es el mecanismo más rápido para resolver el asunto también en un plazo brevísimo. Si Podemos firma ya el acuerdo para investir a Sánchez, la primera consecuencia será de universal aplauso: nos habremos librado del presidente de los sobresueldos y la banda de presuntos ladrones por una temporada. Lo cual no es moco de pavo. La segunda es también esencial: echaría a andar de inmediato un gobierno del cambio que atendería a sus tareas más urgentes con la correspondiente premura a base de poner en marcha la legislación de emergencia más necesaria.

También hay razones en contra de este tripartito siendo la más importante de todas el referéndum catalán. La cerrada oposición de C's y PSOE en este asunto hace sospechar que lo convertirán en casus belli.  Así, cuando se escucha decir a Sánchez que  "es imposible entenderse en asuntos como el referéndum para romper la integridad territorial de España" parece claro que no habrá acuerdo. Pero eso tampoco debe entenderse en forma absoluta. 

Por mucha tirria que el PSOE y C's le tengan a la idea de un referéndum catalán, habrán de reconocer que el proceso independentista plantea una situación de excepcional gravedad para la supervivencia de España. Tanta que hace recomendable no aferrarse a negaciones abolutas ni a maximalismos estériles. Si la respuesta es que "no" al referéndum, ¿a qué estarán dispuestos a decir sí? Si la opción de que la ciudadanía decida no es de su agrado, ¿qué proponen en concreto?

Por lo demás, si las discrepancias de las tres formaciones residen en el referéndum, habiendo acuerdo en todo o casi todo lo demás, no se ve por qué no habrá un pacto teniendo el cuidado de dejar fuera de él la cuestión del referéndum. Cada una de las partes debe respetar el criterio de la otra y su derecho a seguir propugnando su punto de vista. Podemos deberá aceptar que el PSOE y C's no quieran saber nada del referéndum y estos que Podemos siga propugnándolo. Carece de sentido obligarlo a renunciar a él, como si esto fuera un auto de fe. 

De este modo, Podemos no podrá poner en marcha el referéndum pero es obvio que tampoco podría hacerlo si no llegara a un acuerdo tripartito que es, al menos desde el punto de vista de Palinuro y en las circunstancias actuales, lo más práctico. Y lo llamo "tripartito" por uso habitual, pero había que contar también con los dos diputados de IU.

En cuanto al fondo de la cuestión catalana, cada vez es más evidente que, digan lo que digan en el PSOE y en C's el referéndum acabará siendo inevitable porque lo impondrá la Unión Europea.  Así que, entre tanto, más vale un gobierno de centro izquierda que otro de gran coalición.

P.S. como aclaración: construyo sobre lo que hay. Por supuesto, sigo prefiriendo el pacto de izquierdas, PSOE+Podemos+IU+canarios+ERC+DiL, lo que quiere decir que el PSOE acepta el referéndum. También puede hacerse aparcando el referéndum, PSOE+Podemos+IU+Canarios, pero este depende de la abstención de C's. Ninguna de las dos cosas parece muy viable. 

 

La ley contra el pueblo.

Siempre que se plantea el ejercicio de la autodeterminación de Cataluña, los unionistas, centralistas y nacionalistas españoles responden que no es posible porque la ley no lo permite. Esgrimen la ley como límite absoluto al ejercicio de un derecho del pueblo. Hacen servir a la ley contra el pueblo. Es una posición demagógica y tramposa que juega a la confusión mezclando tres órdenes que es preciso distinguir si queremos entendernos.

Primero, el orden más abstracto. Se insinúa que los partidarios del referéndum catalán son contrarios al principio civilizatorio general del imperio de la ley. Que pretenden romper los fundamentos mismos del Estado de derecho. El discurso implícito es que España es un Estado de derecho y, cualquier intento de replantear su estructura, atentará contra aquel principio básico de la convivencia del rule of law. Con ello se desliza asimismo la sospecha de que, si se salieran con la suya, los independentistas establecerían una especie de despotismo arbitrario, una tiranía posiblemente de carácter etnicista. Se pasa por alto el hecho de que la autodeterminación es un derecho, que pretende ejercerse dentro de la ley y que es precisamente ese espíritu respetuoso con la legalidad el que justifica el recurso a la voluntad del pueblo, que es el origen de toda ley.

Después, en el orden concreto, el de la legislación vigente en un momento histórico determinado, se esgrime la ley positiva como el límite a las aspiraciones de autodeterminación de los pueblos, entre ellos el catalán. En el Estado democrático de derecho, se dice, cualquier aspiración es legítima y no tiene otro límite que la ley, a la que se someten por igual gobernantes y gobernados. El ordenamiento jurídico, con la Constitución a la cabeza, no permite ejercicio de autodeterminación de ninguna de sus partes. Ninguna Constitución lo hace, salvo algún caso estrafalario e insignificante. Este positivismo jurídico, que pretexta la vigencia de la ley como límite absoluto e inamovible de toda pretensión o acción ignora obstinadamente la realidad en que se mueve. Igualmente se opone a las inevitables tendencias de cambio que se dan en toda sociedad y que, forzosamente, obligan a ignorar o derogar las leyes que hayan quedado anticuadas o sean injustas.

¿Quién decide si una ley es o no injusta? Obviamente, la conciencia moral de quienes han de acatarla y cumplirla. Por supuesto, ningún orden legal puede permitir a los ciudadanos arrogarse el derecho a desobedecer las leyes por razones morales. Ningún orden legal puede aprobar una ley que autorice a desobedecer la ley. No obstante, eso es lo que sucede, que las leyes que son injustas (o que devienen injustas) son desobedecidas de hecho hasta que, finalmente, el ordenamiento jurídico cambia. Así es como han progresado todas las sociedades que han progresado. Si las sufragistas en el Reino Unido no hubieran desobedecido la ley vigente, las mujeres seguirían sin poder votar. Si Rosa Park no hubiera desobedecido la ley en Alabama, los negros seguirían viajando en la parte de atrás de los autobuses en los Estados Unidos. Si George Washington no hubiera desobedecido la ley inglesa, los Estados Unidos no existirían.

Por último, en el orden específico, el aquí y ahora, el debate adquiere sus tintes más estrambóticos y decididamente hispanos. Tanto Rajoy como Sánchez y Rivera, la santísima trinidad del nacionalismo español, se escudan en la vigencia de la ley, que es imperativo acatar. Además el sedicente derecho de autodeterminación de los catalanes no existe ya que pertenece al campo del derecho internacional en la relación entre metrópolis y colonias y no es el caso. Que sea o no el caso es materia discutible, pero innecesario hacerlo aquí, en donde hay cuestiones conflictivas más urgentes.

El referéndum catalán no es posible porque la ley y la Constitución no lo permiten y obligan por igual a gobernantes y gobernados, reiteran los tres tenores del unionismo. Pero esto no es cierto. Los dos partidos dinásticos no necesitan desobedecer la ley, como Rosa Parks, cuando les incomoda, porque tienen la llave para cambiarla siempre que les place. El PSOE y el PP se pusieron de acuerdo en 24 horas en reformar la Constitución y en un asunto fundamental como el artículo 135, sin dar cuentas a nadie más. El PP lleva cuatro años valiéndose sin escrúpulos de su mayoría parlamentaria absoluta para cambiar las leyes a puñados cuando le ha interesado. Esas mismas leyes cuyo cumplimiento pretende luego imponer a los demás, quieran o no. Si la X legislatura puede pasar a la historia con un nombre, será con el de la “ley del embudo”.

Se dirá que los nacionalistas españoles cambian a su antojo la ley que sin embargo imponen a los demás como barrera mediante un procedimiento legal, ya que cuentan con la mayoría requerida para ello. Su acción es consecuencia legal del principio democrático de la decisión de la mayoría. Si otros quieren cambiar las leyes pueden hacerlo consiguiendo ser ellos mayoría a su vez. Pero en este caso concreto (y en muchos otros) este principio es falso y una trampa: los catalanes son una minoría nacional estructural en el Estado español y jamás conseguirán ser mayoría de forma que, para ellos, toda decisión de la mayoría de los españoles tendrá elementos de tiranía de la mayoría si es que no lo es por entero y, como tal decisión, radicalmente injusta, antidemocrática y antipopular.

Por último solo los ingenuos o los malintencionados aceptan que la decisión de la mayoría se refiera a la obligación de acatar la ley y la Constitución. Eso no existe. Lo que hay es la obligación de acatar una determinada interpretación de la ley y la Constitución ya que estas, como toda norma jurídica, son interpretables. Lo que los nacionalistas españoles imponen no es la ley y la Constitución sino su interpretación de la ley y de la Constitución, dentro de su manifiesta voluntad de emplearlas en contra de la voluntad del pueblo catalán y con la sola finalidad de sojuzgarlo.

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED