CARTAGENA.- El Partido Popular ha registrado una moción en la Asamblea Regional,
en la que solicita al Gobierno autónomo a que inste al Gobierno de
la Nación a impulsar una regulación de las franquicias sanitarias con el
propósito de reforzar los mecanismos de control que ayuden a evitar los
fraudes que hemos conocido en los últimos meses, señala la diputada,
Inmaculada González.
La iniciativa hace hincapié en que sean socios profesionales quienes
estén al mando de las clínicas sanitarias lo que ayudará a que el
servicio se preste bajo el conocimiento, la buena praxis y la aplicación
de principios éticos profesionales expone Inmaculada González quien
solicita también una regulación expresa de la publicidad sanitaria para
evitar anuncios totalmente engañosos que supediten algo tan delicado
como la salud de las personas al puro interés económico.
Inmaculada González pone de manifiesto la burbuja que se ha creado
especialmente con la masiva apertura de franquicias dentales en los
últimos años, y propone como sistema regulatorio la introducción del
"numerus clausus" en las facultades de Odontología para ajustar la
salida de nuevos profesionales a las demandas reales de la población.
Recientemente hemos conocido con datos aportados por el Colegio de
Odontólogos que el número de denuncias por mala praxis ha aumentado en
los últimos cinco años un 30% y que el carácter de franquicia dificulta a
los pacientes la reclamación de responsabilidades cuando se producen
situaciones de estafa o fraude. Asimismo ha advertido que el sector se
encuentra absolutamente sobredimensionado en España y se privilegia el
interés económico a la salud de los pacientes.
Recordemos que se han sucedido distintos cierres imprevistos de
franquicias como Corporación Demoestética, Dental Line, Funnydent o la
reciente detención de la cúpula de Vital Dent , que han dejado una
situación de incertidumbre a miles de pacientes.
La diputada del PP en la Asamblea considera también importante el
control de la publicidad relacionada con la promoción de productos,
servicios y establecimientos sanitarios que a su juicio, debería estar
regulada mediante criterios rigurosamente clínicos con el fin de
proteger el derecho a la salud de la población.
González añade que la
Región de Murcia es una de las cinco Comunidades Autónomas españolas que
dispone de una normativa concreta el Decreto n.° 41/2003 de 2 de mayo,
que regula la publicidad sanitaria, una normativa que puede ser una
buena base para la regulación que debe establecerse a nivel nacional.
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