Entre las numerosas tonterías con que
los políticos alegran el día al común de los mortales se cuenta esa de
que, cuando el pueblo vota, su decisión es sabia. Las demás tonterías
son de jaez similar. Por ejemplo las de carácter anatómico: todos los
políticos andan siempre con la mano tendida y todos están siempre dispuestos a dejarse la piel
en su empeños, para señalar su gran interés en conseguir algo, con lo
incómodo que resultará, supongo, andar por ahí sin pellejo. En otro
momento hablaremos de ellas. Ahora nos ocupa eso de la sabiduría del
pueblo porque, si tal cosa es cierta, el hecho de que, habiendo votado
la gente, los políticos no consigan formar gobierno, prueba que cuanto
tienen de listos los electores lo tienen de lerdos los elegidos.
No
pretendo humillar a los políticos españoles recordándoles sus risas y
codazos de complicidad cuando aun creían que los partidos catalanes no
se podrían de acuerdo para formar gobierno a raíz de las elecciones del
27 de septiembre de 2015 y tenderían que repetirlas. Ahora son ellos
quienes, tres meses después de las del 20 de diciembre no están más
cerca de un acuerdo de gobierno que de la cuadratura del círculo.
El
país tiene un gobierno presidido por un manifiesto incompetente,
incapaz de expresar en su mediolengua algo que no sea una tontería. El
incompetente, además, preside un partido al que los jueces imputan
varios delitos y pasa más tiempo diseñando estrategias procesales que
proyectos de políticas públicas. El citado presidente, Mariano
"Garrapata" Rajoy cobró presuntamente sobresueldos en B y se hizo pagar
diversos caprichos gürtelianos, como viajes, estancias en hoteles
holandeses o las atenciones y cuidadosos a padre a cuenta del erario,
todo según el ejemplo Camps, un referente mundial del gobernante con
delirios de grandeza.
El secretario general del PSOE, hombre dicharachero, pero no de muchas luces, se ha buscado una llamada alianza restrictiva
con Ciudadanos para justificar la imposibilidad de acordar algo con
Podemos, con quienes Sánchez no quiere compartir responsabilidades. "Yo
bien quisiera hacer concesiones", parece decir a los interlocutores-
"pero es imposible por los compromisos adquiridos con las huestes
neofalangistas.".
El
secretario general de Podemos, en un repetino ataque de paranoia
delirante, destituye fulminantemente al número tres de su partido en un
procedimiento cuya originalidad reside en una mezcla de autoritarismo
franquista y estalinista al mismo tiempo. Nada más acorde con el
espíritu de la "nueva política"
Por
último, el líder de ciudadanos recién estrenado en la política
nacional, trata de reproducir el modelo UCD de Suárez y el mito del
centro, pero no consigue disipar la imagen de eclecticismo que provoca
su falta absoluta de ideología y de experiencia de gestión.
En
estas condiciones, los sondeos auguran lo que cualquiera con algo de
objetividad y sentido común puede predecir: las nuevas elecciones
parecen ser inevitables a la vista de la incapacidad de los dirigentes
de los partidos de refrenar sus egos desbocados y sus megalomanías sin
parangón. Que sea Podemos, el que más tiene que perder si se repiten el
que con mayor ahínco trata de provocarlas, demuestra que su endiosado
líder ha pasado de la clarividencia de Maquiavelo a la estrategia de
Groucho Marx en Sopa de ganso.
Calma chicha antes de la tormenta
El
paralelismo entre Cataluña después del 27 de septiembre y España tras
el 20 de diciembre es aleccionador. En el Principado toda la obsesión
era constituir un gobierno por difícil que fuera para no repetir las
elecciones y, al final, se consiguió gracias al sacrificio personal del
presidente Mas. En el Estado, en cambio, la obsesión parece ser no
constituir gobierno alguno y repetir elecciones, cosa que será casi
segura porque el presidente está dispuesto a sacrificarlo todo excepto
su propia persona.
Hoja
de ruta en Cataluña y, según se dice, vacío de poder en Madrid. Lo
primero es cierto, aunque está por ver cómo funciona; lo segundo, no. No
hay vacío de poder. Hay un poder detentado de hecho por una
organización de presuntos malhechores y constituido en tiranía. En
efecto, el gobierno se declara en rebeldía ante el Parlamento y el
Parlamento, elegido por sufragio universal, pero acobardado, no se
atreve a destituirlo por la vía expeditiva que tiene a su alcance, que
es la moción de censura. No sé si hay otro caso en la historia europea
en que un Parlamento se amilane tan lamentablemente ante un gobierno
que, al no obedecer al depositario de la soberanía se constituye en
tirano.
Según
el gobierno, como este Parlamento es nuevo y no le dio su confianza en
su día, no puede controlarlo. Eso es una falsedad. No hay parlamento
nuevo ni viejo; el Parlamento es un órgano continuo, no queda en
suspenso porque la soberanía popular no puede suspenderse. Por eso
existe la diputación permanente, porque el Parlamento no está nunca
ausente. Distintas son las legislaturas, no el órgano en sí. Este
parlamento puede y debe controlar al gobierno esté o no en funciones y
si el gobierno se niega, debe destituirlo.
Lo
contrario es faltar a su deber. Así que en España no hay vacío de
poder, sino un poder no sometido a la ley, un poder tiránico. Y lo más
probable es que se repitan las elecciones, dado que los partidos son
incapaces de acordar una solución porque, a diferencia de lo que ha
sucedido en Cataluña, ninguno de ellos acierta a poner los intereses de
esa España que dicen defender por delante de los de su partido.
Pero
precisamente ese carácter tiránico, no sometido a la ley del gobierno
del Estado (el mismo que dice a todos los demás, especialmente los
independentistas catalanes que han de someterse a la ley) es el más
ominoso, el que preanuncia dificultades, intransigencias,
interferencias y, en último término, provocaciones en el proceso
independentista. Porque, quien se salta la ley una vez, se la salta
ciento
Por eso este momento de aparente calma chicha –un gobierno funcionando en Cataluña
y otro sin funcionar (o sea, “en funciones”) en España- es uno que
requiere especial atención a las medidas que el gobierno catalán tome y
cómo las justifica. La legalidad que el gobierno del Estado y la
oposición parlamentaria invocan para restringir el ámbito de actuación
de las instituciones catalanas tiene toda la fuerza de obligar del
derecho positivo y ninguna desde el punto de vista de la legitimidad del
mandato democrático. Pero el gobierno catalán no puede esperar otra
cosa que dificultades y/o provocaciones del central, esté este ocupado
por la derecha o por la izquierda española que niega de raíz el derecho
de autodeterminación de los catalanes.
Por
ello y para que la conciencia de la razón se convierta en la razón de
la conciencia, debe continuar con su hoja de ruta, sin descanso, sin
ofrecer flancos desprotegidos al ataque del adversario. El plazo de los
18 meses tiene un valor orientativo, pero no puede convertirse en un
elemento forzoso a cuyo cumplimiento haya que sacrificar la seguridad
del proceso.
Lo
que se haga respaldado por la mayoría parlamentaria tendrá, por
supuesto, el valor de la legalidad pero, para reforzarlo con el de la
legitimidad, tiene que venir confirmado con la mayoría social y las
últimas encuestas demuestran que hay una labor de pedagogía pendiente de
hacer, un trabajo de actuación de soberanía de hecho que la gente
perciba como más eficaz que la actuación en régimen de dependencia
autonómica y eso no se consigue de la noche a la mañana, no se
improvisa.
Por
último, las instituciones catalanas tienen que seguir consolidando
relevancia internacional. La quinta columna del independentismo catalán
está en el exterior y, para que su poderoso efecto se haga sentir cuando
sea necesario, debe tener perfectamente claro cuál es el contenido y el
carácter pacífico y democrático de la causa que se le pide que apoye.
En
otros términos, sin prisa pero sin pausa, le gobierno que hoy
administra una mayoría parlamentaria tiene que apoyarse en una mayoría
social cuando la calma chicha se rompa y el gobierno central de hecho
pise el acelerador en contra del proceso.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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