CARTAGENA.- El portavoz de Podemos en la Asamblea Regional ha señalado que Valcárcel
"ha hilado un discurso lleno de vaguedades y ambigüedades" que han
generado más dudas acerca del papel que está jugando el expresidentes de
la CARM, "que parece más cercano de los intereses de una constructora,
que de la Región de Murcia".
Por su parte, Antonio Urbina, el diputado regional que ha
intervenido en la comisión, ha afirmado que Valcárcel no ha respondido a
las preguntas sobre la implicación directa del consejo de gobierno, o
indirecta "por dejación de responsabilidades de la CARM".
"Se ha
dedicado a leer artículos de leyes y esquivar las principales preguntas,
que intentaban esclarecer el proceso por el cual un grupo de empresas
privadas de ACS acaban obteniendo un beneficio enorme a costa de
grandes pérdidas de las empresas públicas, y todo ello en relación a
uno de los grandes problemas de la región, el déficit hídrico, a cuya
solución deben contribuir las desaladoras, siempre que se pague un
precio justo por ellas", ha añadido Urbina.
Asimismo, el diputado
de Podemos ha querido dejar claro que el ex presidente no ha contestado
acerca de la falta de informes de los servicios jurídicos o de la
Intervención General de la CARM, que "emitieron valoraciones muy
negativas sobre la situación de las dos empresas públicas (Desaladora
de Escombreras S.A. y Hidronostrum S.A.) que le llevó a no hacer una
valoración contable debido a la falta de información o dudas sobre su
viabilidad".
Tampoco ha respondido, tal y como ha explicado
Urbina, al motivo por el cuál el Consejo de Gobierno autoriza que se
firme un contrato por el que el pago no está sujeto al servicio de
aguas, sino que se paga una cantidad de casi un millón de euros al mes
al suministrador, ya se produzca o no esa agua.
Urbina ha señalado
que Podemos trabaja para que a través de "debilidades o defectos de
forma, pueda librarse la CARM de la losa que pesa sobre sus cuentas, un
millón de euros al mes que cuesta a todos los murcianos. La desaladora
costó 111 millones y es una irresponsabilidad por parte de la CARM que
haya dos contratos que establezcan compromisos de pago hasta 2034 de más
de 600 millones".
Por último, Antonio Urbina también ha querido
subrayar el hecho de que si hay un acuerdo en 2011 en el que el Consejo
de Gobierno acuerda rescindir y disolver las dos empresas públicas
relacionadas con Escombreras, "por qué esto no se ejecuta, en 2012 se
hace una prórroga, y tampoco se cumple".
Para el Grupo
Parlamentario Podemos, "hay que trabajar en la línea de revertir el
compromiso de pago, que se revalúen estos contratos para ver si la
desaladora está o no pagada y que se ponga en marcha un precio justo de
agua desalada quitando los costes de amortización que son injustos".
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