CARTAGENA.- María Ángeles García Navarro, diputada regional, ha afirmado que
"volvemos a estar a la cola del país en uno de los temas vitales para
los murcianos y murcianas, como es la Ley de Dependencia" y ha añadido
que el Grupo Parlamentario Podemos llevará el jueves a la Asamblea
Regional la aprobación de la Ley de Procedimientos de Emergencia
Ciudadana para que "se agilice la llegada de este tipo de ayudas".
Ante la publicación del XVI Dictamen de la Dependencia, García
Navarro ha asegurado que el gobierno del Partido Popular "ha tenido una
década para poder implementar la ley de una forma adecuada y sin embargo
se ha dedicado a gobernar a golpe de decreto mermando los derechos de
los beneficiarios".
Para la diputada regional de Podemos, la Consejería ha ido
modificando esos decretos "obligada por el trabajo de los distintos
grupos, como el de Podemos, que ya ha avisado de que la falta de
planificación ha construido una realidad en la Región en la que nos
encontramos con que están pendientes de recibir prestaciones más de un
12% en Grado II y III, y más de un 86% en Grado I, según datos del
Imserso".
Y no sólo eso, puesto que tal y como ha enumero María Ángeles García
Navarro, existen datos que alarman de la situación de esta ley en la
Región, "un retraso en la tramitación de los expedientes de unos diez
meses, según el Tribunal de Cuentas, copagos en los servicios, pagos de
tasas que habían anunciado que eliminarían, falta y reducción de plazas
en residencias públicas derivando a los beneficiarios a residencias
privadas, aumentando por tanto la cuantía del servicio, resolviendo
solicitudes en favor de una prestación económica insuficiente para la
atención del dependiente en su domicilio -debido a la falta de
residencias- y recayendo sus cuidados sobre las mujeres, o derivando
dependientes sin necesidad de atención médica hospitalaria a hospitales
concertados de cuidados medios u ocupando cama en hospital de agudos,
con lo que supone de gasto excesivo e innecesario".
María Ángeles García Navarro ha detallado que Murcia es la segunda
comunidad autónoma que menos empleo genera ligado a la dependencia, por
millón de gasto público. "Continuamos desaprovechando la oportunidad de
crear miles de puestos de trabajo directos e indirectos, empleos de
calidad y mediante financiación pública. Los datos ofrecidos por la CARM
no ofrecen coherencia según los propios autores del estudio, una
actitud de dejadez bochornosa, la de un gobierno regional que no tiene
ganas de enmendar los errores de 10 años de dejación donde muchos
solicitantes han muerto esperando la resolución de sus expedientes sin
recibir prestación alguna", ha remarcado.
La parlamentaria de Podemos ha querido dejar claro que ha sido el
Partido Popular quien ha convertido la Ley de Dependencia en la Región
de Murcia en un "mero catálogo de prestaciones, al no convertirla en una
ley de promoción de autonomía personal y por tanto no detiene ni
retrasa el llegar a ser dependiente". Por ello, María Ángeles García
Navarro considera que en Murcia "se ha maltratado especialmente a la
dependencia a lo largo de los últimos diez años puesto que la ley
garantizaba unos derechos a los usuarios y los decretos aprobados por el
PP solo han traído su merma. Todo unido a un incumplimiento crónico en
los plazos establecidos".
Por todo, Podemos apuesta por abordar la dependencia desde su
integración en el conjunto de los servicios sociales, por una
planificación en la que participen la consejería de familia y la de
sanidad, los Servicios de Atención Primaria de las entidades locales,
los profesionales que llevan a cabo esos servicios, así como entidades
sociales y colectivos ciudadanos. Por último, que se cree un espacio de
atención sociosanitario, que integre los recursos del sistema regional
de dependencia y los servicios sociales y que actúe de forma coordinada
con el sistema de salud.
El Grupo Parlamentario Podemos presentará para su debate a la
totalidad el próximo jueves en la Cámara Regional, la Ley de
Procedimientos de Emergencia Ciudadana, con la que se busca "acortar los
plazos entre la concesión de las ayudas, como la de la dependencia y la
llegada efectiva de las prestaciones", por lo que se pretende
"establecer prioridades presupuestarias de las partidas que van
destinadas a atender las necesidades básicas de quienes peor lo están
pasando".
Este proyecto de ley establece reducir los plazos de tramitación de
ayudas a la mitad, la cobertura preferente de los puestos de trabajo
donde se tramitan estos procedimientos y priorizar su pago por delante,
en concreto, de los gastos de protocolo, publicidad y dietas de altos
cargos.
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