martes, 9 de febrero de 2016

Lo de Corvera a punto de ponerlo en valor procesal / Apunte de Argárico *

El abogado gallego Manuel Núñez Arias parece dispuesto a poner, sin más dilación, en valor procesal el tema del aeropuerto de Corvera a tenor del escrito que ha dirigido al juzgado nº 9 de los de Murcia el pasado día 3 de febrero. En ese escrito, el letrado proveniente en su día del bufete Garrigues, quiere que el instructor involucre en las actuales diligencias en marcha y, en calidad de investigados por su participación directa en los hechos, a Manuel Manrique Cecilia, presidente de 'Sacyr', y a Víctor Javier Martí Gómez, en su calidad de consejero-delegado de esta misma empresa de la que es accionista el grupo murciano 'Fuertes'.

Para Núñez, y así lo recuerda en su escrito al juez, la desalinizadora de Escombreras y el aeropuerto de Corvera son los dos soportes de la trama piramidal denunciada como dos macrobras que 'dinamizarían el estruendoso desarrollo urbanístico de la Región de Murcia; desarrollo que esta trama piramidal pretendió llevar a cabo incluso de forma radical y profunda como fue apostar decididamente a costa del desarrollo agrícola, verdadero motor de la economía murciana".

El citado letrado recuerda también en su escrito que en 2007 se constituyó la empresa 'Aeropuerto de Murcia S.A.' con el único fin de construir y explotar  durante 30 años el aeropuerto de Corvera y que 'como con la desalinizadora de Escombreras, el Gobierno regional, instigador de la trama, busca un "grupo de amiguetes" para que cunda en ellos el beneficio de la explotación a costa del erario público".

Piensa Núñez Arias, a tenor del escrito, que dado el volumen de inversión, lo normal hubiera sido convocar un concurso público para la construcción y explotación del aeropuerto al que pudieran concurrir empresas de solvencia ténica y económica para llevar a buen término la obra y con coste cero para el erario público.

'Ahora bien, los intereses de la trama eran otros bien distintos e hicieron una adjudicación directa a una empresa recién constituida y sin capacidad económica; prueba de ellos es que, por falta de recursos, se paralizó la obra y el Gobierno regional debió llevar a cabo un aval de 180 millones de euros para que las obras se terminasen y en la actualidad, del erario público también, se deben afrontar 22.000 euros diarios para el mantenimiento y conservación del mismo ya que el aeropuerto permanece inactivo y jamás fué operativo", según afirma Núñez en su escrito al juez.

El abogado gallego adjunta una serie de artículos de la prensa regional donde, a su juicio, se plasma la realidad de lo que supuso esta construcción para el erario público de la Región de Murcia 'ya que significa un despilfarro de fondos públicos como lo es también la desalinizadora'.

Y por ello entiende que se debe inculpar, 'y traer a estas diligencias para ser investigados" y nombra a Manrique y Martí porque 'Sacyr es la empresa que comandó el proyecto y socia mayoritaria de 'Aeropuerto de Murcia S.A.' y fue esta empresa última la que llevó a cabo la construcción del aeropuerto y que le fué adjudicado sin concurso público; ambos han colaborado en la perpetración de los delitos que se les acusa'.

A ver qué va a decir Valcárcel 
mañana en la Asamblea

Después de amenazar el siempre más que sospechoso consejero y ex alcalde unionista Bernabé con responder a querellas, según él falsas, y añadir 'El Cebollino' que todo ésto terminará archivándose, resulta que el Diario de Sesiones de la Asamblea Regional de fecha 13 de marzo de 2014 recoge toda una declaración de intenciones y confesión de parte de un elemento clave de la trama que denuncia el letrado Núñez Arias: el ex consejero de Agua Antonio Cerdá ante la comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Cámara autonómica.

Cerdá reconoce 'in voce' que la desalinizadora de Escombreras nace para el desarrollo urbanístico, industrial y de campos de golf (turístico) en varios municipios de la Región de Murcia -convenian finalmente 26- que no conseguían informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre existencia de recursos hídricos para ese desarrollo urbanístico. 

El entonces consejero justifica la ubicación del citado ingenio industrial en el Valle de Escombreras por los ocho hectómetros anuales que este complejo necesita tras la ampliación de 'Repsol' y por el consumo de 25 hectómetros del municipio y base naval de Cartagena. Y no olvida Cerdá citar las demandas de agua de los desarrollos turísticos del Campo de Murcia. Reconoce en sede parlamentaria que su producción máxima de 21 hectómetros anuales -63.000 m3 al día- significa el 16% del consumo regional en abastecimiento y el 68% del de los municipios del entorno de la desalinizadora, que tiene un alcance de distribución de 56 kilómetros.

Pero lo más sorprendente, aparte del reconocimiento público por Cerdá de los verdaderos motivos para ponerla en marcha, es que la desalinizadora cuenta con un laboratorio específico para controlar la calidad de las aguas desalinizadas - no habla del análisis en la captación de caudales en el cajón de la dársena de Escombreras autorizado en su día por la Autoridad Portuaria tras una declaración favorable de impacto ambiental- para garantizar que reúnen las condiciones sanitarias exigidas y para determinar todo tipo de componentes que pueda llevar el agua (metales pesados, contaminantes orgánicos, herbicidas, composición iónica, propiedades organolépticas... ).

Cerdá también detalla que el agua desalada va al suministro consolidado del municipio de Cartagena (casco urbano, pedanías y polígonos industriales), Torre-Pacheco núcleo urbano, más pedanías y urbanizaciones de Murcia y su campo) con inmediata ampliación a Fuente-Álamo y Balsapintada.

Y finalmente reconoció que también se destina esa agua desalada (3,8 hectómetros) a la agricultura redotando zonas del perímetro de riego de la Comunidad de Regantes del Campo de  Cartagena, principalmente en la cota 120, y a atender la solicitud  de la Comunidad de Regantes Arco Sur-Mar Menor pendiente en esa fecha, para poder doblar y, en el caso de la lechuga, hasta triplicar las cosechas. Actualmente se riegan 9.000 hectáreas de tierras productivas.

Ahora solo cabe esperar las explicaciones que dé mañana el ex presidente Valcárcel en la Asamblea Regional sobre la trama de relaciones, ventas y participaciones entre ACS (Florentino Pérez), Hydro Manegement, Hidronostrum, Tedagua, Desaladora de Escombreras S.A. y el ya disuelto Ente Público del Agua de la Comunidad Autónoma de Murcia, creado en su día con el apoyo del PP en la Asamblea, la abstención del PSRM y la ausencia de IU del hemiciclo.


 (*) Pseudónimo de un veterano periodista murciano

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