MADRID.- El Consejo de Ministros autorizó a las Comunidades Autónomas de
Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Murcia y Madrid a formalizar
sendas operaciones de deuda, que deben tener el visto bueno del Gobierno
al ser gobiernos que no cumplen los objetivos de estabilidad, deuda
pública o regla de gasto.
Todas estas Comunidades incumplieron el objetivo de estabilidad
presupuestaria. Además, La Rioja y Castilla y León incumplieron el
objetivo de deuda, y Extremadura y Madrid, la regla de gasto.
La Comunidad Autónoma de Extremadura fue autorizada a endeudarse a
corto plazo, por un importe máximo de 399,1 millones, con el fin de
cubrir necesidades transitorias de tesorería. La Rioja, por su parte,
podrá endeudarse a corto plazo, por un importe máximo de 150 millones de
euros, con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia fue autorizada a
formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un importe máximo de
344 millones de euros, para refinanciar pólizas de crédito y préstamos
con vencimiento a corto plazo, así como cubrir sus necesidades
transitorias de tesorería.
De igual forma, fue autorizada para formalizar operaciones de deuda a
largo plazo, por un importe máximo de 225 millones de euros, para
amortizar anticipadamente operaciones de deuda a largo plazo y reducir
los costes financieros, y alargar la vida media de la cartera de deuda.
En cuanto a Madrid, podrá formalizar operaciones de deuda a corto
plazo, por un importe máximo de 1.321,7 millones, para financiar
desfases transitorios de tesorería y vencimientos de operaciones de
deuda a corto plazo de entes públicos dependientes. Además, fue
autorizada para formalizar operaciones a largo plazo, por un importe
máximo de 615,2 millones, destinados a financiar amortizaciones
anticipadas de préstamos y para atender los vencimientos de deuda a
largo plazo de 2016 de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de
Madrid.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León fue autorizada a formalizar
operaciones de deuda por un importe máximo de 1.866,5 millones. De dicho
importe, 1.714,9 millones serán para financiar desfases transitorios de
tesorería, las amortizaciones del ejercicio y a la devolución de la
anualidad de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de
2008 y 2009.
Estas autorizaciones solo podrán amparar operaciones formalizadas
hasta el 31 de diciembre de 2016. Todas las operaciones que formalicen
las Comunidades Autónomas quedan supeditadas al cumplimiento de los
objetivos de deuda pública fijados para el año 2016 y deberán respetar
el principio de prudencia financiera.
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