El abogado murciano Diego de Ramón puede terminar enviando a la cárcel a todos los ideólogos, y cooperadores necesarios, de la desalinizadora de Escombreras por una pura cuestión de salud pública. Porque el pasado 26 de enero se dirigió por escrito al comisario de Agricultura de la Unión Europa, Phil Hogan, para ponerle al corriente de posibles efectos sobre la salud pública europea de productos agrícolas regados en el Campo de Cartagena y Campo de Murcia con caudales provenientes de dicha instalación industrial.
Movido por el interés general de protección sanitaria europea y española, De Ramón dice en su escrito actuar 'en defensa de agricultores, cooperativas y empresarios (por ser compradores de agua de buena fé)' y por estar en la obligación de poner en conocimiento estos hechos para la verificación, comprobación e inspección de todos los productos agrícolas procedentes de las tierras regadas por comunidades de regantes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tras obtener su agua de la desalinizadora de Escombreras.
El letrado justifica su petición 'dado las alarmantes noticias recibidas sobre la captación de aguas dentro de la dársena de Escombreras, donde entran barcos petroleros, metaneros, buques de carga y cruceros, que contiene metales pesados y otras sustancias no aptas para el uso agrícola y consumo humano".
El abogado murciano cree que 'sería conveniente tomar las medidas de caución necesarias sin perjudicar al sector agrícola murciano, hasta tanto no se compruebe con total rigor científico el estado de dichos productos agrícolas", al tiempo que pide se dé traslado de su escrito a la comisaria de Sanidad de la Unión Europea y que se acote el análisis de productos a tierras de Cartagena, Torre Pacheco y Murcia donde se riega con agua de la desalinizadora de Escombreras.
Sugiere De Ramón a las autoridades comunitarias soliciten la plena cooperación del europarlamentario Ramón Luis Valcárcel Siso en su calidad de presidente de la Región de Murcia cuando se construyó la desalinizadora de Escombreras ('colaborando de forma activa y económica de su gestión a través de sociedades') mediante la antigua Consejería de Agricultura, para saber:
1.- Superficie afectada y los productos comercializados en España y Europa.
2.- Verificaciones de la calidad de las aguas para riego y consumo humano desde el año que se construyó la desalinizadora y en adelante, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua 2000/60/.
3.- Informes sanitarios de la Consejería de Agricultura y Consejería de Sanidad sobre las aguas captadas dentro del puerto de Cartagena en su dársena de Escombreras.
4.- El pago del canon fijado por la Consejería de Agricultura a la empresa 'Enagas', desde que se creó o se construyó la desalinizadora de Escombreras en el mandato del Gobierno regional del Sr. Valcárcel.
5.- Por qué se constituyó el Ente Público del Agua de la Región de Murcia, y si los fines eran para suministrar agua para el consumo humano y de las explotaciones agrícolas, durante el mandato del Sr. Valcárcel, actual suplente de la Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.
Pero no quedan ahí las peticiones de Diego de Ramón a la Comisión Europea sino que insta requiera a la Autoridad Portuaria de Cartagena para que le remita los informes sobre las autorizaciones o concesiones administrativas dadas, sobre la potabilidad del agua para el riego agrícola y consumo humano, de la desalinizadora de Escombreras, conseguidas con el Gobierno regional del Sr. Valcárcel.
También que proporcione el informe, de fecha mayo de 2008, dirigido a don Ramón Jiménez Serrano, de 'Hydromanagement S.L.', perteneciente a la mercantil que, junto con 'Tedagua' y otras, explota la desalinizadora de Escombreras.
Diego de Ramón traslada, como documento adjunto, al comisario de Agricultura en su escrito una denuncia de 'Greenpeace' sobre los vertidos en la bahía de Escombreras por unos emisores submarinos y por donde circulan grandes volúmenes de vertidos tóxicos procedentes de industrias situadas en las bahías de Cartagena y Escombreras. En este punto recuerda el letrado que, 'el grave impacto que generan estos vertidos han llevado a Naciones Unidas a señalar Cartagena como "punto de contaminación" y a la Agencia Europea del Medio Ambiente "a destacar dicha bahía de Cartagena y el Valle de Escombreras como 'puntos de alarma' por contaminación".
La contaminación química de la bahía, recuerda en su escrito De Ramón a Hogan, proviene tanto de las actividades portuarias como de su gran complejo industrial. El agua de las dársenas de Cartagena y Escombreras y sus sedimentos se encuentra contaminada por altas concentraciones de metales pesados, "cuyos límites están muy por encima de los recomendados. El 29% del mercurio que se vierte directamente al Mediterráneo se hace desde este lugar de la Región de Murcia".
De Ramón insiste en que "es imprescindible, por lo tanto, realizar un estricto control de los vertidos industriales en el puerto y tener especial cuidado en las operaciones de dragado para la gestión posterior de esos sedimentos extraídos, que nunca deberían volver al mar", tal como se sostiene desde 'Greenpeace'.
Porque como recuerda este letrado, estos niveles de contaminación y la toxicidad de los vertidos, en Cartagena, no solo afectan al medio ambiente. "Según los estudios epidemiológicos realizados a escala nacional, los cánceres de pleura, hematológicos (mieloma), laringe, pulmón, en Cartagena son superiores a la media española, lo que parece confirmar que las zonas industriales disparan la incidencia de tumores". Y pone como ejemplo que una reciente tesis doctoral en la Universidad de Murcia descubre la existencia de elementos inorgánicos en la leche materna de mujeres residentes en la zona industrial de Cartagena, al superar las concentraciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, pudiendo constituir un riesgo para la población.
Finalmente De Ramón quiere que también se le soliciten desde Bruselas a la Autoridad Portuaria de Cartagena los informes realizados sobre la calidad de las aguas dentro del puerto, donde se encuentra el cajón de captación para las aguas de 'Enagas' y de la desalinizadora de Escombreras, quien en un principio se sirvió del mismo, y después, al lado, se construyó el cajón de captación para esta última.
Ante este potencial problema de salud pública y la opacidad de la empresa gestora de la desalinizadora de Escombreras, sectores de la sociedad civil murciana van a pedir a la instancia judicial análisis del agua que sale de la desalinizadora por parte de expertos internacionales independientes ante los rumores de que, además, para rebajar el precio de coste del m3 de agua desalada el nivel de desalinización es menor del estandar y por si procede a su clausura por parte del Ayuntamiento de Cartagena al menor atisbo de ilegalidad pese al favorable Informe de Impacto Ambiental esgrimido en su día por la Autoridad Portuaria para la primera autorización provisional a la gestora de la desalinizadora de Escombreras para captar agua de la más que contaminada dársena petrolera y metanera.
No sería de extrañar pues que muchos, por Escombreras, tengan que ir a la cárcel y no solamente por un supuesto delito de crimen organizado, como sugiere el letrado gallego Núñez Arias, sino también por un presunto delito a gran escala contra la salud pública europea a sabiendas de lo que hacían y con una completa irresponsabilidad política alimentada por una codicia desmesurada.
(*) Pseudónimo de un veterano periodista murciano
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