La Asociación de Productores Audiovisuales de la Región denuncia a 'Secuoya', nueva concesionaria de '7RM'

MURCIA.- La Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM), ha realizado una investigación sobre la empresa CBM-Secuoya, a la que el gobierno regional adjudicó en su día la gestión de la  televisión pública regional TV7. 

APARM ha documentado numerosos incumplimientos legales y numerosas irregularidades en los pagos, y tiene intención de llevar el asunto a los tribunales.

En un comunicado, APARM sostiene lo siguiente:

"La Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM) ha presentado una denuncia por incumplimiento continuado del contrato y de la ley por parte de la empresa del Grupo Secuoya, Central Broadcaster Media S.L.U. (CBM),  adjudicataria de la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisivo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). La denuncia, se ha dirigido al Consejero de Desarrollo económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández Albarracín (como Órgano de contratación en representación de la CARM), y al Secretario General de la Consejería de Cultura y Portavocía, José Vicente Albaladejo Andreu, a la que está adscrita Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM).

En su denuncia, la APARM muestra con datos concretos, mes a mes, como la empresa CBM-Secuoya ha incumplido su oferta y compromisos contractuales de programación de servicio público entre abril y septiembre del año 2015. En total son más de 857 horas (de las que casi el 90% son programas informativos), a las que hay que añadir las horas de las retransmisiones en directo comprometidas de unos 60 eventos socioculturales y deportivos pendientes.

Como se indica en los pliegos de la licitación, además de la sanción por incumplimiento del contrato, «no podrán compensarse las horas no realizadas al final de cada ejercicio anual», éstas deberán descontarse como no ejecutadas en plazo en el año 2015, durante la liquidación anual. Así que se le deben descontar a CBM-Secuoya unos 2,2 millones de euros en las facturas que presente en el año 2016.

Trampas para aumentar el número de horas

La denuncia también explica como CBM-Secuoya alarga en falso la duración de los informativos: repiten noticias hasta cuatro veces en un mismo informativo (mediodía y tarde/noche). En términos de tiempo supone una media de unos 15 minutos de noticias repetidas en cada informativo. Así, se contabilizan como originales unas 15 horas más cada mes que no se han producido. Los informativos de la mañana duran en realidad unos 30 minutos y a continuación los repiten íntegramente otra vez, falseando su duración hasta los 60 minutos comprometidos por CBM-Secuoya en su oferta. Con estas y otras trampas, se contabilizan como originales unas horas que la empresa CBM-Secuoya nunca ha producido. Así, sólo en el mes de septiembre consiguen unas 54 horas.

«Por otra parte –dice la denuncia–, los informativos de medianoche y los de la mañana se nota que han sido grabados previamente la noche anterior (21–22:00), con lo que desaparece la inmediatez y actualidad de las noticias, ya que no recogen los acontecimientos relevantes que hayan ocurrido durante todo ese tiempo. Esto significa un nuevo incumplimiento de la oferta de CBM-Secuoya».

«Pagar a CBM-Secuoya horas de programación de servicio público no realizadas, o bien horas realizadas mediante el engaño de repetir varias veces los mismos fragmentos para aumentar la duración de un programa, es un posible fraude con un carácter presuntamente delictivo, por los daños que causa al arcas públicas y al interés social», advierte la denuncia.

CBM-Secuoya incumple la ley al impedir derecho de accesibilidad 
de los discapacitados y se ahorra más de 750.000 euros

La APARM denuncia también a CBM-Secuoya por incumplir la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) continuadamente, durante nueve meses, desde el inicio de la gestión indirecta de la televisión autonómica pública 7RM en el mes de abril hasta diciembre de 2015, al no garantizar los derechos de las personas con discapacidad visual o auditiva a una accesibilidad universal a la comunicación audiovisual: subtitulación del 90% de los programas, 10 horas semanales de interpretación con lengua de signos y otras 10 horas de audiodescripción.

En la denuncia se indica que la infracción de la LGCA «ha reportado un claro beneficio económico para CBM-Secuoya, superior a los 750.000 euros, derivado del gasto no realizado» durante los nueve meses, para garantizar el derecho de accesibilidad. Por reincidencia en la infracción, la APARM pide la aplicación del artículo 60.1 de la LGCA y que se sancione a dicha empresa por infracción muy grave «con multa de 500.001 hasta 1.000.000 de euros».

A pesar de que la Administración de la CARM y el Responsable del Contrato (RC), conocían el incumplimiento de la Ley por los informes de RTRM, según la denuncia, «hacen dejación clara y consciente de sus funciones, al permitir a la empresa CBM-Secuoya esta vulneración continuada durante nueve meses de los deberes de accesibilidad previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 8 y en la Disposición transitoria quinta de la LGCA».  El artículo 56 de la LGCA dice que «las Comunidades Autónomas ejercerán las competencias de supervisión, control y protección activa para garantizar el cumplimiento de lo previsto en esta Ley y, en su caso, la potestad sancionadora en relación con los servicios de comunicación audiovisual».

Responsabilidad de la Administración y 
recusación del responsable del contrato

La denuncia acusa a la Administración de la CARM de tolerar todos los incumplimientos de CBM-Secuoya, favoreciendo los interés privados y perjudicando a las arcas públicas y al interés general. «Si tenemos en cuenta los perjuicios causados a consecuencia del elevado número de incumplimientos contractuales y legales realizados por CBM-Secuoya y señalados en esta denuncia, hay que preguntarse cuál es el motivo para que el Órgano de contratación y el Responsable del Contrato, no hayan hecho absolutamente nada para cumplir con su obligación y defender el interés público, incurriendo en un posible fraude con un carácter presuntamente delictivo», dice la APARM.

La APARM pide la recusación del RC, Jesús Castaño López, por tolerar todos los hechos denunciados: «dado que el actual Responsable del Contrato es parte implicada en la presente denuncia, consideramos que no debe participar, como juez y parte, en el procedimiento de tramitación de la misma, ya que es obvio que no se va a denunciar a sí mismo por dejación de funciones».

Y añade: «También conviene señalar que el hecho de que haya existido una permanente dejación de funciones por parte de la Administración y el Responsable del Contrato, hasta el punto de no iniciar ni un solo procedimiento de imposición de penalidades a la empresa CBM-Secuoya por sus numerosos incumplimientos contractuales, no exime de responsabilidad a dicha empresa». Ya que, como establecen los pliegos de la licitación: «La realización de las prestaciones objeto de este contrato se realizará por el concesionario a su riesgo y ventura no pudiendo operar ninguna reducción o limitación de las mismas por cualquier acontecimiento que limite o impida, total o parcialmente, su ejecución». Además, la gestión indirecta de la televisión pública por dicha empresa, incluye «la responsabilidad legal sobre todas las cuestiones relacionadas con la ejecución de las obligaciones del servicio público televisivo» Por tanto, CBM-Secuoya debe ser sancionada por todos los incumplimientos contractuales".