El abogado Núñez pone en manos del juez del nº 9 pruebas concluyentes y definitivas sobre las actuaciones en Corvera y Escombreras por la trama de Valcárcel

MURCIA.- El abogado gallego Manuel Núñez ha puesto hoy en manos del juez titular nº 9 de los de Murcia un escrito de ampliación de querella con documentos además de pruebas concluyentes y definitivas sobre las actuaciones en Corvera y Escombreras por parte de los gobiernos autónomos de la Región en la época de Ramón Luis Valcárcel. Y, finalmente, le suplica "que teniendo en cuenta lo manifestado y las pruebas documentales aportadas, por el señor Instructor se proceda con la inmediatez debida al impulso de las Diligencias mediante el acuerdo de las prácticas de todas las diligencias solicitadas y acotadas para una mayor economía procesal".

"Después de los meses transcurridos, casi cuatro, y siendo evidente la inacción judicial y fiscal en las citadas Diligencias, entiende esta Parte que puede resultar a simple vista que va a instruirse una gran causa, que puede llevar años en dicha tarea procesal, aunque, como es notorio, con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal queda tasado el tiempo, dieciocho meses en concreto, y parece que en este corto espacio de tiempo no se puede dirimir esta Instrucción.

Esta Parte, después de ímprobo trabajo de investigación, acumulación y recopilación de documentos, y pruebas varias, a fin de hacer efectiva la Instrucción y poder dentro del límite legal llevar a cabo todas aquellas Diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la nítida calificación penal de los mismos, así como la identificación de todas aquellas personas que en grado de autoría o colaboración necesaria han sido sujetos activos en la comisión de los delitos denunciados, eleva a ese Juzgado en base a lo manifestado las siguientes:

Consideraciones

Presupuestos de los que partimos:

a- Manifestábamos que se había creado una trama piramidal de corrupción política, que ha significado sobre novecientos millones de euros de fondos públicos malversados, y cuyos destinatarios habían sido los componentes de esa trama piramidal corrupta política y los que colaboraron para que esa trama fuera efectiva.

b- Que esta Parte no acuña como propia esa denominación, aunque la hace suya en toda su extensión; es el Fiscal, Don Pablo Lozano, el que en Auto 3 de marzo de 2015 del TSJM da tal denominación, trama piramidal; denominación quién también hace suya el entonces magistrado ponente en dicho Auto, el señor Abadía Vicente, y se hablaba de un núcleo duro que componía dicha trama refiriéndose a los Consejeros de Presidencia, de Medio Ambiente, de Fomento, de Hacienda, de Ordenación del Territorio y con el Presidente Valcárcel a la cabeza.

c- Decíamos que esta trama corrupta a partir del 2003 pretendió un cambio de ciclo económico en la Región cambiando la Agricultura que era la industria principal de la Región por el desarrollo urbanístico voraz y a gran escala; de hecho pretendía hacerse de la Región lo que se denominaba por su parte la “California europea”.

d- Para sustentar y como base de esa trama, se acometieron, entre otras, dos grandes infraestructuras que fueron DESALADORA DE ESCOMBRERAS Y AEROPUERTO DE CORVERA, de aquí traen causa todos los delitos que se han cometido y derivados de los hechos de creación y desarrollo de esas dos infraestructuras; trataremos de determinar en cada una de ellas hechos puntuales y determinantes donde tienen apoyo la acusación de malversación de unos novecientos millones de euros procedentes de dinero público, cuyos fundamentos vamos a determinar para ser concisos en un análisis riguroso de la construcción de ambas infraestructuras, a saber:

Desaladora de Escombreras:

El sustento de la comisión de los Delitos está recogido en el informe del Director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de 24 de junio de 2015, que desarrollan el iter criminal seguido por el Gobierno de la CCAA da al efecto, pertenecientes al grupo ACS, que fue el instrumento del que se prevalió la trama para que sólo de esta infraestructura se dilapiden fondos públicos por seiscientos millones de euros y significaremos hechos concretos que llevaron a ello.

1º- La creación por la Ley 4/2005 de 14 de julio del EPA (Ente Público del Agua)

2º- Los contratos realizados el 17 de febrero de 2006 por Desaladora de Escombreras S.A, ya participada mayoritariamente por HIDRONOSTRUM, empresa del EPA, alguno de ellos auténticamente leonino, como el llevado a cabo por HYDRO MANAGEMENT S.L el 26 de enero de 2006 (empresa del grupo ACS) y Desaladora de Escombreras S.A (también del grupo ACS) y constituida el día anterior a la firma de este documento. 

Este contrato es lo que denominaríamos el quid de la cuestión; por él Desaladora de Escombreras S.A estará obligada a satisfacer el importe íntegro de las rentas del alquiler durante el número de meses que restaran hasta la finalización del contrato de arrendamiento que tenía un periodo de veinticinco años y que contemplaba la modalidad “take or pay”, tremendamente leonina y que se emplea casiexclusivamente en el comercio del gas, ya que se trata de unmodelo de contrato de compra y venta en el que el comprador queda obligado a pagar por la encomienda que hace, consumiendo o no el producto; el contrato exige siempre que se cumpla el pago, independientemente de haber existido consumo.

3º- De acuerdo a lo manifestado en el punto anterior y como resultado del mismo, nos encontramos que, tan pronto Desaladora de Escombreras S.A pasa a ser de la CCAA de Murcia, se produce la reclamación judicial de este contrato mediante demanda interpuesta por HYDRO MANAGEMENT S.L (empresa grupo ACS) y que entendió de la misma el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Murcia bajo el número 446/2013; en esos Autos se reclamaban los “famosos” seiscientos millones de euros.

4º- El 5 de abril de 2006, el Banco Español de Crédito S.A comunica al EPA que tiene prevista toda la financiación necesaria para ejecutar las obras de construcción y puesta en marcha de la planta desaladora que iba a llevar a cabo la mercantil Desaladora de Escombreras S.A, perteneciente ya al Gobierno Autónomo, puesto que había sido comprada por HIDRONOSTRUM, empresa cien por cien del EPA.

El 6 de abril de 2006, el EPA contesta al Banco Español de Crédito, raudo y veloz, veinticuatro horas después de ser requerido, cosa inédita e inusual en este tipo de trámites y máxime por la enjundia económica que ello conllevaba; contesta diciéndole que “asumía como propias todas las obligaciones de pago derivadas del cumplimiento o terminación del contrato de alquiler que había suscrito Desaladora de Escombreras, por lo que, si esta no efectuase los desembolsos o aportaciones pactadas, el EPA se compromete a poner los medios oportunos para que Desaladora de Escombreras S.A pueda atender a su vencimiento la totalidad de las obligaciones de pago con HYDRO MANAGEMENT, como consecuencia del contrato de alquiler”, aquí se consuma la malversación de los fondos públicos de forma nítida e incontestable y es clamoroso que la Fiscalía Anticorrupción, teniendo conocimiento de ello, siga mareando la perdiz, teniendo que haber actuado de oficio hace meses y con medidas muy contundentes por la cantidad de dinero público expoliado.

5º- Evidentemente el Gobierno Valcárcel y siguientes, con su núcleo duro aquellos a los que nos hemos referido, facilitaron y promovieron este expolio en total connivencia con el grupo ACS, de lo cual sedesprende que han sido ellos los beneficiarios de este expolio sin lugar a dudas ni sin lugar a pérdidas de tiempo y con una instrucción sin fin, solo hace falta que el Órgano Judicial y la Fiscalía cumplan con la legalidad procesal penal sin interferencias políticas de ningún tipo.

Queremos traer a colación las declaraciones del Juez Decano de Guadalajara, don Jesús Villegas, en declaraciones a la revista Papel de Unidad Editorial de Revistas del sábado 21 de febrero del presente año donde habla de las presiones políticas a los jueces y su libro “El Poder Amordazado” (edit, Península) se muestran claves del posible temor de esta parte con esta Instrucción.

6º- Como trabajo didáctico para el Instructor, y ya lo hemos aportado a la querella, está el trabajo del Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, José Francisco Bellod Redondo, quién evidentemente hace un estudio económico y jurídico de todo este affaire que él denomina “Asociación público-privada: El caso de la Desaladora de Escombreras” en donde hace un seguimiento, estudio y conclusiones del expolio efectuado.

7º- Que evidentemente no sólo fue la Asesoría Jurídica sino la Intervención General y el Tribunal de Cuentas quienes han denunciado estas gravísimas irregularidades, por tanto están muy aquilatadas las pruebas documentales que hemos mencionado y no lleva esto tantas dificultades procesales para una instrucción rápida y coherente.

8º- Decir por último que la Desaladora se construye en un claro acto de prevaricación, para evitar a la CHS que es la fiscalizadora de los recursos hídricos y con ella, y ateniéndose al artículo 25 de la Ley de Aguas apartado 4, que es de obligado cumplimiento para el territorio nacional, no hubiera sido posible llevar a cabo; queremos recordar aquí las manifestaciones del entonces presidente de la CHS, señor Fuentes Zorita, el 26 de abril de 2007 y que constan en la querella, manifestando que la construcción de la Desaladora no “tiene soporte legal alguno” y que “era un intento del Gobierno autonómico de sortear los requisitos de la Ley de Aguas respecto a la disponibilidad de los recursos para nuevas urbanizaciones”, manifiesta que es “sorprendente que una Consejería que se llama de Agricultura haga la planta para urbanizaciones”.

Aeropuerto de Corvera:

Es un plagio, en cuanto a las actuaciones, de Desaladora, en lo concerniente a los mecanismos empleados tendentes siempre a que al final la iniciativa privada, que es la encargada de estos macroproyectos, se lleve el dinero público en detrimento de las arcas públicas; ello lo reflejamos en los siguientes apartados:

1º- El 18 de marzo de 2004 se declara por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia como Actuación de Interés Regional la construcción del mentado aeropuerto, creado sobre bases utópicas e irreales, usándose a la auditora Deloitte para que justificara mediante un presunto estudio económico y de viabilidad dicha construcción, cosa que realmente es difícil de entender cuando a escasos kilómetros hay un aeropuerto competitivo que cubre las necesidades y en el que el Gobierno Central está invirtiendo grandes cantidades tanto en mantenimiento como desarrollo; éste aeropuerto ubicado en San Javier daba cumplida respuesta  las necesidades reales de la Región.

Ya el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Económica Europea en un informe de 14 de diciembre de 2014 manifestaba que estaba infrautilizado y que el Ministerio de Fomento estaba invirtiendo grandes cantidades de dinero en la ampliación del mismo, y, oh paradoja, el Gobierno de Murcia promovía la construcción de uno nuevo, el de Corvera.

2º- El 31 de mayo de 2007 fue adjudicado a AEROMUR la concesión de la explotación de dicho aeropuerto, se vende a la opinión pública que es la empresa SACYR la que lleva a cabo el proyecto, debido a su solvencia técnica y económica, y ello no es cierto puesto que se cera la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto de Murcia S.A, de la que SACYR es un socio más; aquí está ya el primer fallo por cuanto esta empresa no tenía la solvencia económica para llevar a cabo este proyecto como luego se demostró, así que no es entendible que una Administración Pública como es el Gobierno Regional no se haya cerciorado cumplidamente y exigido la solvencia económica para no comprometer los fondos públicos; no hizo lo primero pero sí lo segundo; la connivencia de intereses entre el entonces presidente regional, Valcárcel Siso, cabecilla de la trama, y el entonces presidente de SACYR y empresario murciano, Luis del Rivero, da las claves de este expolio.

3º- La mercantil concesionaria en enero de 2010 acude al crédito bancario por importe de 200 millones de euros, crédito sindicado que encabeza la Caixa junto a cuatro entidades financieras más, y, como la sociedad concesionaria no cumplía las obligaciones bancarias y  a fin de evitar la ejecución de dicho crédito, actúa ante la CCAA para que esta sea garante mediante aval de dicho crédito; es aquí donde se produce el esperpento pero también la maquinación para la malversación de los fondos públicos, ya que la Ley de Hacienda de la CCAA exige en casos como estos que el beneficiario del aval contraavale estas cantidades, hecho que no se llevó a efecto; muy al contrario, el Consejo de Gobierno autoriza este aval sin la mentada contragarantía ya que el 14 de febrero de 2014 decidió dejar en suspenso el pedir garantías bancarias por el aval prestado, lo que significó que el entonces Consejero de Hacienda, Juan Bernal, se opusiera y dimitiera. Y lo calamitoso del tema, por no darle otro calificativo, es que el entonces Consejero proponente de tal felonía era Manuel Campos, ex fiscal del TSJM entonces en excedencia, y hoy reincorporado a la Fiscalía, algo no entendible. Pero es más, también se frena la actuación de los servicios jurídicos de la CCAA para que actúen en consecuencia, ya que también ese 14 de febrero del mismo año se autorizó a la dirección de los Servicios Jurídicos no formular oposición a la solicitud de suspensión sin garantías de esa obligación.

4º- El 20 de septiembre de 2013, la banca concesionaria del crédito había comunicado a la mercantil AEROMUR, la resolución y vencimiento anticipado del contrato de préstamo. El 4 de octubre de mismo año, se ejecuta el crédito a la concesionaria y el aval de la Comunidad, pero, al no poder esta pagar, le es concedido un crédito por 182 millones de euros a tres años, cuyo crédito está en vigor y satisfaciéndose los correspondientes intereses por parte de la CCAA, que vuelve de nuevo a involucrar los fondos públicos en beneficio de la trama y en beneficio de terceros, en este caso la empresa concesionaria y sus socios.

5º- La Comunidad Autónoma tendrá que tragarse este crédito porque este aeropuerto jamás será operativo, y el exconsejero, Manuel Campos, algún día deberá explicar en sede judicial por qué a resultas de un viaje a Madrid con el entonces presidente regional, Alberto Garre, fue de Consejero y regresó cesado. Igualmente deberá explicar el enfrentamiento con un Ministro porque la gravedad es inusitada ya que la construcción de este aeropuerto puede atentar contra la seguridad nacional, en caso de ponerlo operativo; pensemos en los recintos militares, San Javier, Alcantarilla, Cartagena, fundamentalmente el primero, todo ello bajo la supervisión de los radares en el Morrón de Espuña y bajo supervisión de la OTAN, con lo que ello representa. Entendemos que, dada la gravedad del tema, es en sede judicial y con la cumplementación de exhortos al Ministerio de Defensa como esta cuestión se debe clarificar.

6º- Ya en Diligencias solicitadas, concretamente el 18 del corriente a ese Juzgado, pedíamos cumplimentarlas para aclarar el destino de esos casi 200 millones de euros a los que la CCAA ha tenido que hacer frente, como son auditar técnicamente las obras para saber exactamente el coste de la construcción y dinero empleado; si la ejecución del aval de la CCAA significó la novación del crédito de la concesionaria y el aval de sus socios, si estos a su vez recuperaron los 50 millones que habían puesto o recuperaron estos o más a costa del crédito firmado por la CCAA.

Hemos dado la clave de las pruebas en la comisión de hechos delictivos en la construcción de esta segunda infraestructura, que facilitará  a la Instrucción el ir directamente a las pruebas aportadas sin perderse en un largo peregrinaje instructivo que dilate la actuación en el tiempo".