CARTAGENA.- El
fiasco económico que ha originado la desaladora de Escombreras ha
llevado a la planta a acumular deudas hasta con la Iglesia. La empresa
Tedagua, del grupo ACS (presidido por Florentino Pérez), responsable del
mantenimiento de las instalaciones destinadas a la desalinización, y el
desaparecido Ente Público del Agua, dependiente de la Consejería de
Agricultura y ahora integrado en Esamur, deben ya casi 20.000 euros a la
parroquia Santiago Apóstol, de Cartagena, situada en el barrio de Santa
Lucía, por el alquiler de los terrenos que ocupa el depósito que
distribuye los caudales ya tratados a los municipios de Cartagena, Torre
Pacheco y Murcia, según revela 'La Opinión'.
El
contrato de arrendamiento contempla una compensación adicional por la
ocupación de los terrenos situados en el monte Calvario por los que
discurren las líneas de alta tensión que alimentan las dependencias del
depósito. Este documento está firmado por el párroco, Sebastián Chico, y
por el que era gerente del Ente Público del Agua, José Manuel Ferrer.
También lo rubrica el representante de Tedagua, Ramón Jiménez Serrano.
Además,
la parroquia de Santiago tiene arrendados a la desaladora 10.123 metros
cuadrados, por los que debe percibir 0,71 céntimos de euro más IVA
anuales. Las dificultades que han llevado a la Comunidad Autónoma a
retrasarse en los pagos a las empresas de ACS promotoras de la planta
también la han convertido en morosa con una parroquia situada en uno de
los barrios más modestos de Cartagena. Según ha podido saber el citado periódico,
la Comunidad y Tedagua deben el arrendamiento correspondiente a los
años 2014 y 2015 , lo que elevaría la deuda cercana a los 20.000 euros.
Además, el contrato contemplaba la ejecución de algunas obras en el
monte Calvario por parte de los inquilinos, que no han llegado a
materializarse.
Aunque la
planta de Escombreras fue inaugurada en 2007 y entró en funcionamiento
en 2009, la empresa responsable del mantenimiento de la planta y el Ente
Público del Agua, que ahora está integrado en la sociedad responsable
de las desaladoras Esamur, no firmaron el contrato de arrendamiento con
la iglesia de Santiago Apóstol, de Cartagena, hasta julio de 2010. Los
representantes de la desaladora ocuparon los terrenos propiedad de la
Iglesia sin pedir la autorización previa. Por esta razón, en el
documento se establece también el pago de 12.600 euros como compensación
por la utilización de los terrenos del monte Calvario entre los años
2007 y 2009 con efecto retroactivo.
La
construcción se enfrenta ahora a otro problema originado por la
anulación del Plan General de Cartagena por parte del TSJ a raíz de un
recurso del empresario Tomás Olivo. Al volver a estar en vigor el
planeamiento anterior, los terrenos que ocupa el depósito están
calificados como zona verde, quedando fuera de la legalidad urbanística.
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