Con independencia de que el número de
escaños (90 + 40) no suman para llegar un acuerdo de gobierno (176), el
pacto de PSOE-Ciudadanos para una investidura supone la aceptación por
parte del PSOE de forma explícita o implícita, de las principales
propuestas en materia laboral y económica de Ciudadanos. Es decir, un
programa de corte neoliberal. Lo sorprendente -quizá no tanto a estas
alturas- es que algunos medios puedan calificar dicho pacto como “socialdemócrata”, o “de progreso” como ambiciona el propio documento en su título.
Las medidas que contiene dicho pacto son
la introducción de un sucedáneo del “contrato único” propuesto por
Ciudadanos; el complemento salarial mediante un impuesto negativo,
introducido en el debate moderno de las políticas públicas por el
liberal Milton Friedman; más la no subida de impuestos directos y
reformar el IRPF para rebajarlo “cuando la situación presupuestaria lo
permita”. Se mantiene pues una de las señas de identidad del
neoliberalismo, lo que denominamos en su momento “populismo fiscal”
(véase aquí y aquí),
y que ahora se adorna con el vaporoso compromiso de estudiar la
implantación de un posible impuesto a las grandes fortunas sin
concreción alguna. Todo muy socialdemócrata como se ve.
En anteriores artículos analizábamos cuál
es el significado y las consecuencias que tendrían tales medidas. El
llamado “contrato único”, como argumentábamos detalladamente aquí,
lo que implicaría en la práctica sería una reducción de la
indemnización por despido y de derechos laborales de los trabajadores
acogidos a dicho contrato. En su concepción original, la indemnización
sería cero o muy reducida en los primeros años del contrato para crecer
luego según la antigüedad.
En este caso, la propuesta de
abaratamiento del despido inicial ha sido posteriormente rectificada por
el PSOE (luego de acusar de mentir a quienes así lo habían denunciado):
se mantienen los 33 días por año trabajado en el caso de despido
improcedente, frente a los 20 el primer año y 25 en el segundo
inicialmente propuestos, y también los 20 días por año en caso de
despido con causas objetivas. Sin embargo, en el caso de los contratos
temporales, la extinción del contrato por causas técnicas,
organizativas, productivas, etc. (además del caso de vencimiento del
plazo del contrato) se queda en 12 días de indemnización el primer año y
16 días el segundo. Y aquí hay un problema porque es muy tenue la
frontera entre dar por terminado un contrato temporal o romperlo
arguyendo causas objetivas. Esto es importante, dado que la normativa en
vigor da muchas facilidades al empresario para alegar causas objetivas y
dar por terminado unilateralmente el contrato laboral.
Más aún. En todos los casos, parte del
despido se sufragaría no por la empresa, sino por un fondo nutrido entre
otros por aportaciones de los propios trabajadores (siguiendo el modelo
austríaco). Así pues, incluso con la rectificación del PSOE se
mantendría el abaratamiento del despido, como bien se explica aquí.
Al no atacar las causas de la elevada
temporalidad, vinculadas al fraude generalizado en la contratación y al
vigente modelo productivo, la introducción del contrato único no
reducirá la rotación en el mercado laboral y sólo enmascararía la
temporalidad. Es decir, en lugar de derogar la reforma laboral y restituir los derechos laborales perdidos en los últimos años, el pacto PSOE-C’s mantiene las bases para la precarización del mercado de trabajo.
Sobre el complemento salarial propuesto por Ciudadanos, como ya explicáramos aquí
se trata de un sistema que, bajo la excusa de proteger a los
trabajadores peor pagados, subvenciona su contratación a ese bajo coste
para la empresa, facilitando así la perpetuación de esos empleos de
bajos salarios, en lugar de incentivar aumentos en la productividad.
Por último, la promesa de rebaja de
impuestos directos o al menos su congelación, en un país con una presión
fiscal (la recaudación tributaria como porcentaje del PIB) 8 puntos
inferior al promedio de la UE, con un déficit público cercano al 4%, la
Comisión Europea presionando para su mayor reducción, además de una
deuda pública de entorno al 100% del PIB implica, obviamente, un recorte
del gasto público. Por más que el documento asegure que se mantendrá el
gasto social, el ajuste fiscal vía reducción del gasto, y no por
mayores ingresos de las rentas más altas y del capital hace inevitable
nuevos recortes en sanidad, educación y servicios sociales.
Como señalábamos también en un artículo previo,
resulta llamativo que, por ejemplo, un partido autodenominado
socialdemócrata y otro cuyo modelo es supuestamente Dinamarca, pidan
rebajas fiscales directas, cuando los ingresos públicos en España son un
38% del PIB y en Dinamarca un 54%. Sencillamente no se puede aspirar al
Estado de bienestar de Dinamarca con la presión fiscal de Letonia.
Asimismo, tal congelación y rebaja de la
imposición directa beneficiará especialmente a los tramos o cohortes de
renta mayores, sin concretar siquiera ese supuesto impuesto a la
riqueza, que en Francia ya fracasó.
Por último, cabe matizar que sin duda estamos aún inmersos en este largo juego de negociaciones.
En el escenario actual, el movimiento del PSOE ofrece posibilidades a
derecha e izquierda. Al presidente en funciones, Mariano Rajoy, la
opción de abstenerse para vender una salida honrosa por la “unidad de
España”, pactar las reformas constitucionales exprés propuestas por
Rivera y dejar fuera a Podemos. Y a Podemos la posibilidad de aceptar
una abstención con la que sacar del gobierno al PP, negociando posibles
cambios y/o añadidos en las políticas pactadas con Ciudadanos. Sea como
fuere, lo cierto ahora mismo es que el PSOE, con su pacto con Ciudadanos
se ha ubicado en un punto de partida que asume el continuismo propuesto
por la formación naranja. Las posibles negociaciones que vengan a
continuación partirían ya de la aceptación de un diagnóstico alejado
tanto de la definición clásica de socialdemocracia o del keynesianismo,
como de la realidad. La concesión de partida es así enorme.
Un diagnóstico que sigue culpando de la
crisis a una supuesta “rigidez” del mercado laboral, que pretende
encontrar en la desregulación y la jibarización del sector
público la piedra filosofal capaz de arreglarlo todo. Es decir, que se
obvian las verdaderas causas de nuestra crisis, las interrelaciones,
mencionadas por multitud de economistas,
entre desindustrialización, modelo de inserción en la eurozona,
sobreendeudamiento privado, desigualdad, dificultades crónicas en
materia de competitividad externa o la generación de burbujas de
activos. Se habrá renunciado entonces a otras opciones que había sobre
la mesa, ya fuese en coalición o con gobierno en minoría, que partían de
otro diagnóstico y otras posibles salidas más realistas y socialmente
justas.
Queda la posibilidad de que las bases del PSOE rechacen el acuerdo de Pedro Sánchez con Albert Rivera, votando “no” a la ambigua pregunta que se les oferta.
¿Ratificará finalmente la militancia de un partido que lleva en sus
siglas las palabras “socialista” y “obrero” un pacto con tales medidas?
Si finalmente es sí, se consolidará el
proceso de transformación al credo neoliberal de la antigua
socialdemocracia, y con ello se mantendrá en España la tendencia europea
de posición subsidiaria de los viejos partidos socialdemócratas con
respecto a los conservadores-liberales, cuando no tender directamente
hacia la irrelevancia electoral. ¿Esto es lo que quiere la militancia
del PSOE realmente? Veremos.
(*) Economistas y miembros de ATTAC
(*) Economistas y miembros de ATTAC
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