miércoles, 24 de febrero de 2016

Bascuñana se escuda en los tecnicos para justificar su actuación con la desaladora de Escombreras

CARTAGENA.- El ex consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana ha comparecido hoy ante la comisión de la Asamblea que investiga la desaladora de Escombreras y ha afirmado que todos los urbanísticos municipales fueron aprobados por su departamento "con todos los informes favorables" porque "nunca he aprobado un expediente con informe desfavorable de un técnico" y que el documento que necesitaban de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para aprobar el planeamiento era "preceptivo, pero no vinculante".

Bascuñana ha comparecido hoy ante la Comisión Especial de Investigación de la obra y puesta en marcha de la desalinizadora de Escombreras, dónde ha señalado que los servicios jurídicos y técnicos de su consejería, que dirigió entre 2003 y 2007, dictaminaban que los planes generales tenían una vigencia de 30 años, y que la CHS garantizaba agua para un millón de personas más a partir de 2010.

A su juicio, es la CHS quién "se tiene que aclarar" con el cambio de criterios sobre la disponibilidad de agua, que hasta 2007 era negativa, en la línea que manifestó la semana pasada su sucesor en el cargo, José Ballesta.

"Alguien tendrá que explicar por qué donde dije digo, digo Diego", ha indicado en alusión a los responsables del organismo de cuenca. En este sentido, ha calificado de "casualidad" que la CHS hubiera dado luz verde en 2007 a suministrar agua a los nuevos planeamientos de Calasparra y Santomera, gobernados en ese momento por el PSOE, mientras que en el caso del municipio de Abanilla, regido por el PP, el citado documento fue negativo y tuvo que recurrir al certificado del Ente Público del Agua (EPA) para garantizarse los caudales.

Bascuñana ha negado que hubiera "sorteado" el informe de la CHS para aprobar los planes parciales, sino que se "cumplimentaba" la información aportada por los 26 ayuntamientos que firmaron con el EPA para que le suministrara caudales a través de la desalinizadora de Escombreras.

Para el compareciente, el nuevo texto del artículo 25 de la Ley de Aguas en 2005, por el que las confederaciones hidrográficas son las únicas que pueden regular los recursos hídricos y supeditarlos a los desarrollos urbanísticos, fue adoptada por el Gobierno socialista para "hacer daño" a la Región de Murcia.

El exconsejero ha indicado que su departamento actuaba "como asesoría o gestoría" de la modificación o aprobación de los planes municipales los informes aprobados por los servicios jurídicos y la aquiescencia de la Comisión de Política Territorial, donde estaban presentes la Federación de Municipios de la Región de Murcia y la Administración General del Estado.

Bascuñana ha negado que haya aprobado planes de desarrollo privados o se haya reunido con promotores urbanísticos, sino que se firmaban con los municipios para sus planes "globales", sin entrar "en el detalle" de los planeamientos, al se Preguntado por uno de estos planes, el de Cartagena, que incluía la recalificación de suelo para Novo Carthago, ha rehusado contestar si conocía al promotor, Rafael Galea, porque "no es motivo de esta comisión".

Bascuñana está imputado en las diligencias del llamado caso Novo Carthago por presunta corrupción en el cambio de uso de un suelo parcialmente protegido junto al Mar Menor para la construcción de una urbanización con campo de golf, hoteles y unas 10.000 viviendas.

Bascuñana, quien ha manifestado que no recuerda que el Consejo de Gobierno autorizara la compra del EPA de las acciones de la desalinizadora de Escombreras, ha remarcado que "tan legal" era construir desde el principio la planta a partir de un procedimiento público como la opción elegida, que fue incorporarse a un proyecto ya en marcha.

El exconsjero ha incidido en que toda la tramitación realizada por los bufetes que asesoraron la compra de la planta fueron validados por los servicios jurídicos y técnicos de la Comunidad Autónoma, y que se hizo con "las mejores garantías" y sin "mala voluntad".

Tras Bascuñana ha sido el turno para Miguel Ángel Ródenas, presidente de la CHS, que compareció en calidad de responsable de Aguas durante la etapa en la que se configuró la titularidad pública de la desaladora de Escombreras, periodo que investiga ahora la comisión de la Asamblea regional.

Ródenas destacó que la decisión de la Comunidad permitió obtener agua de Escombreras en 2009 mientras que las plantas promovidas por el Estado en Águilas, Valdelentisco (Mazarrón) y San Pedro del Pinatar no fueron productivas hasta hace unos tres años.

La desaladora de Escombreras "era un proyecto en marcha, con una localización concreta y se ahorraba tiempo". Y ha recordado la situación "agonizante" por la falta de agua en la Región en el año 2004, cuando se derogó el Plan Hidrológico Nacional que contemplaba el trasvase desde el río Ebro.

Pero, advirtió de que "se tomó la decisión y yo no entro a valorar si eso está mejor o peor". Aunque formó parte de los consejos de administración del Ente Público del Agua y de la empresa pública Hidronostrum, dijo desconocer muchas de las decisiones adoptadas porque se incorporó a esos órganos de administración con el proyecto de Escombreras ya en marcha. 

"El objetivo está cumplido" porque en la actualidad Escombreras produce agua", respondió al portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez.

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