MURCIA.- Los abogados Diego de Ramón Hernández y el pontevedrés Manuel Núñez Arias, muy conocido en toda Galicia, están dispuestos a colaborar, cada uno por su cuenta, para que el ex presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y todavía del PP, el actual eurodiputado Ramón Luis Valcárcel Siso, no se le escape a la Fiscalía del TSJ; el primero con todo un rosario de denuncias secuenciales y el segundo con una querella criminal ampliada, y todavía no admitida a trámite por el juzgado nº 9 de los de Murcia, al sentirse estafado por la gente del PP con el Plan General de Ordenación Urbana de Totana por falta luego de agua potable asegurada legalmente tras ausencia del preceptivo informe favorable de la CHS. La Guardia Civil de la UCO lo investiga todo, a contrarreloj y sin descanso, con el fiscal José Luis Manzanera a la cabeza en una labor a punto de dar sus primeros frutos para la regeneración de la vida pública murciana.
Manuel Núñez Arias, conocido abogado pontevedrés, llegó a ser socio del despacho de Garrigues Walker tras comenzar como letrado sindical en su tierra natal. A este hombre le recalificaron hace nueve años 2,2 millones de metros cuadrados al sur del término municipal de Totana a nombre de su inmobiliaria Nuaria. En los años 80 Núñez abrió su propio bufete, desde el que intervino en numerosas suspensiones de pagos en Galicia. Una década más tarde comenzó su despegue profesional.
Ahora quiere que los jueces encausen a Valcárcel a cuenta de dos de sus realizaciones legalmente más polémicas y discutibles: la desaladora de Escombreras y el aeropuerto de Corvera. Un equipo investigador puesto en marcha al efecto ha podido reunir tanta o más documentación oficial de la que Núñez necesita para convencer a los tribunales de la conducta supuestamente delictiva del tan cuestionado político murciano.
Y en eso coincide con su colega de aquí, el 'franciscano seglar' De Ramón Hernández, quien viene de años denunciando a Valcárcel en todo lo que supone, a su juicio, ilícito penal en la actuación del ex presidente. También por su cuenta y, asistido de un equipo de colaboradores sagaces infiltrados en la administración autonómica, este letrado en guerra constante contra la corrupción política regional y también alicantina de la CAM comprueba y contrasta informaciones al respecto antes de remitirlas como denuncia a la Fiscalía, donde tiene un buen cartel como colaborador profesional de la Justicia en Murcia.
Ahora quiere que los jueces encausen a Valcárcel a cuenta de dos de sus realizaciones legalmente más polémicas y discutibles: la desaladora de Escombreras y el aeropuerto de Corvera. Un equipo investigador puesto en marcha al efecto ha podido reunir tanta o más documentación oficial de la que Núñez necesita para convencer a los tribunales de la conducta supuestamente delictiva del tan cuestionado político murciano.
Y en eso coincide con su colega de aquí, el 'franciscano seglar' De Ramón Hernández, quien viene de años denunciando a Valcárcel en todo lo que supone, a su juicio, ilícito penal en la actuación del ex presidente. También por su cuenta y, asistido de un equipo de colaboradores sagaces infiltrados en la administración autonómica, este letrado en guerra constante contra la corrupción política regional y también alicantina de la CAM comprueba y contrasta informaciones al respecto antes de remitirlas como denuncia a la Fiscalía, donde tiene un buen cartel como colaborador profesional de la Justicia en Murcia.
Después del año 2002, junto a un socio canario, el abogado Núñez se hace con Transportes de Tenerife, compañía que tenía en propiedad importantes solares en la isla. Ahí se produce el gran despegue económico de Manuel Núñez.
El espaldarazo de Tenerife le sirvió para crear el Grupo Nuaria, actualmente integrado por siete empresas, cuya actividad principal se centra en el sector inmobiliario, de la construcción y de la comercialización, aunque también participa en negocios del sector de la alimentación.
Nuaria lo conforman A&UGA (Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo de Galicia), dedicada a la redacción de proyectos urbanísticos, así como la dirección de obras; Inmonuar, sociedad inmobiliaria; Parking Nuar o Conycase -tal como figura en el Registro Mercantil- , que gestiona aparcamientos vigueses; Perconiza, dedicada a la venta de materiales para la construcción; Hogarhotel, que distribuye diversos productos en venta directa; Autesa (Autocares de Tenerife); y Senga, dedicada a la alimentación.
El negocio de Totana era el más cuantioso de todos cuantos el abogado y empresario Núñez se había embarcado. Pretendía desarrollar una ciudad de vacaciones de más de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles con spa con un coste aproximado de 570 millones de euros. El proyecto estaba a la espera de de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) cuando todo se truncó en 2007 con la detención del ex alcalde y ex diputado regional del PP por hombre de confianza de Valcárcel, su esposa y la amante brasileña del político.
Núñez le dice ahora al juez en su último escrito, inspirado en informaciones periodísticas e institucionales, que “el Gobierno regional vulneró su propia ley de Hacienda cuando concedió el aval de 200 millones de euros para la construcción del aeropuerto de Corvera. Así lo dice el Tribunal de Cuentas, que sigue deparando sorpresas en cada informe de fiscalización que realiza a la Comunidad Autónoma. Está evidenciando un cúmulo de irregularidades, de las que se tenían sobrados indicios, tanto en el aeropuerto como en la desalinizadora de Escombreras, entre otros asuntos.
En este caso, el organismo pone el acento en varias anomalías sobre el aeropuerto –aparte de las ya conocidas– que muestran la forma de actuar en la etapa de Ramón Luis Valcárcel. La crisis no tiene toda la culpa del fracaso de estos grandes proyectos, sino que una parte recae en las decisiones que tomaron determinados gestores y responsables políticos con contratos y avales millonarios. El ‘tira p’alante que ya lo arreglaremos’ debió de ser una frase de moda en aquellos años, pero fue difícil corregir lo que se planteó mal al principio. «Hay razones serias y profundas para pensar que se ha perjudicado al interés público. Quien lo hizo no puede alegar ignorancia», comentan en el seno del PP.
En el seguimiento efectuado por el Tribunal de Cuentas sobre el aeropuerto de Corvera, cuyos datos más recientes alcanzan hasta noviembre del año pasado, se parte del hecho de que el aval que concedió el Gobierno regional a Aeromur en el año 2010 «implicó una alteración sustancial de las condiciones del contrato, al trasladarse el riesgo financiero de la inversión del concesionario a la Administración». Subraya que se renunció al beneficio de excusión, «lo cual ha supuesto una vulneración del artículo 81.4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, que solo permite esta supresión para el caso de organismos públicos o entidades locales.....”
“El último informe de fiscalización firmado por Ramón Álvarez de Miranda indica que este aval «no estaba previsto en el contrato de concesión ni en los restantes documentos que se pusieron a disposición de los licitadores durante el proceso de adjudicación del mismo». Precisamente uno de los méritos que más puntuó en el concurso público era el hecho de que no se necesitaba ayuda pública. Pero el consorcio liderado por Sacyr, a cuyo frente estaba Luis del Rivero, solicitó el aval a las primeras de cambio.
Según relata el Tribunal, «la rápida puesta en ejecución de las obras no evitó que transcurridos 6 meses la concesionaria no consiguiera cerrar el contrato de financiación comprometido en su oferta y que transcurriera el plazo máximo de 18 meses para ello, previsto en el Pliego de Cláusulas, sin que tampoco se diera cumplimiento a esa formalización». Recuerda que el Ejecutivo de Valcárcel actuó como correspondía hacerlo y aplicó dos expedientes de sanción de 120.000 euros. Eso no evitó, sin embargo, el alcance del «riesgo avalado» por los 200 millones, con la renuncia al beneficio de excusión.....”
“Similitudes de los proyectos: ganan las constructoras. El contrato se firmó en el 2007 y dos años después se exigió el aval de la Comunidad para terminar las obras. La Administración regional y el consorcio empresarial culparon a la crisis económica de haber desbaratado los planes, y de convertir el aeropuerto en un negocio dudoso, pero el relato del Tribunal de Cuentas ofrece otra versión: el consorcio, en el que Sacyr llevaba todo el protagonismo, no consiguió la financiación a la que se había comprometido en el contrato. No pudo cerrar el acuerdo previo con los bancos para financiar las obras, y fue finalmente el Gobierno regional, como si fuera el Séptimo de Caballería, el que acudió en ayuda de la concesionaria. Los bancos estaban encantados de contar con el aval de la Administración, señal de que cobrarían sí o sí. Y la concesionaria no respondía directamente con sus bienes. No obstante, la sociedad, en la que participan empresarios de la Región y dos bancos, ha puesto más de 50 millones de euros de su bolsillo que piensa recuperar.
Las similitudes con la desalinizadora de Escombreras saltan a la vista. En caso de fallo o incumplimiento, la situación es beneficiosa para las empresas de Florentino Pérez y de Luis del Rivero (salió de Sacyr en noviembre de 2010). El Gobierno regional avaló 200 millones del aeropuerto; y asumió un contrato draconiano en la desalinizadora que costará al final otros 600 millones si no se remedia. El aeropuerto se hizo por concurso; y el alquiler de la planta de Escombreras ‘a dedo’.
Todo a pecho descubierto. Curiosa forma de velar por el interés general, trasladando todo el riesgo de ambas operaciones a los bolsillos de los murcianos.......”
Núñez adjunta en su escrito unas declaraciones muy anteriores a ésto, concretamente de 2011, de la que fuera portavoz del PSRM en la Asamblea, Teresa Rosique, que dijo lo siguiente al respecto:
".....Advertimos entonces de graves incumplimientos del contrato por parte de la empresa concesionaria del aeropuerto en lo que respecta a la financiación y al plazo de ejecución de las obras", añadió la diputada, y explicó que, en lo que respecta a la financiación, el incumplimiento se ha dado en dos sentidos: "uno, incumpliendo el plazo para garantizar la financiación; y otro, incumpliendo el hecho de que la financiación debía de correr por cuenta y riesgo de la propia empresa, ya que la Comunidad Autónoma ha tenido que avalar con 200 millones de euros la financiación del proyecto".
Y para que la empresa cumpliera ese compromiso, "fue necesario que el Gobierno regional avalara con 200 millones de euros el préstamo de financiación para la construcción de esa infraestructura".
Sin embargo, aseguró, "la Comunidad Autónoma sólo abrió expediente sancionador por uno de los incumplimientos, el de la fecha de financiación". Y, siendo considerada por los servicios jurídicos como "infracción grave" y pudiendo poner una multa de hasta 600.000 euros, la fijó en sólo 120.000 euros. No contempló en ese expediente sancionador el otro incumplimiento en materia de financiación, que corría por cuenta y riesgo de la empresa.....”
Y también un recorte del diario 'La Verdad' de fecha 30 de mayo de 2015, que recoge lo siguiente:
“El Consejo Jurídico revela que Aeromur no podía ser gestor aeroportuario al haber perdido el contrato. El Gobierno regional enmendó ayer el 'error' del exconsejero Campos....
Un capítulo más del embrollo del aeropuerto de Corvera: si hubiera abierto en abril a manos de Aeromur, probablemente habría tenido que volver a cerrar sus puertas porque el proceso administrativo y político estaba viciado desde mayo del año pasado, según se desprende de un dictamen del Consejo Jurídico. Las consecuencias habrían sido imprevisibles, enredando todavía más la solución de un problema que le está costando 182 millones de euros a las arcas de la Comunidad Autónoma. La orden que dio el anterior consejero de Fomento, Manuel Campos, por la que concedió a Aeromur el título de gestor aeroportuario de Corvera es nula de pleno derecho. El Gobierno de Alberto Garre, que está en funciones, ha tenido que volver sobre sus pasos y acordó ayer revocar el título de gestor a Aeromur por una razón muy simple: no era la concesionaria del aeropuerto en ese momento, ya que el contrato le fue rescindido en septiembre de 2013. Legalmente, Aeromur solo era, y todavía es, la depositaria de los bienes del aeródromo.....
Manuel Campos adoptó una orden sin base legal, a la vista del dictamen del Consejo Jurídico que ahora se ha conocido. Se presupone que el exconsejero debió informar, al menos de forma verbal, al resto del Gobierno de Alberto Garre, que después intentó justificarse diciendo que Campos iba por libre.
La revisión de oficio surgió, en principio, como un trámite necesario para poder sacar el nuevo concurso del aeropuerto, pero lo que ha sucedido entre medias es que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha dictaminado lo que ya se sospechaba: el contrato de Aeromur ya estaba rescindido y por lo tanto no era legalmente la concesionaria, por lo que no podía administrar Corvera. En este sentido, a Sacyr no le habría servido ser gestor aeroportuario y tener la certificación del aeropuerto, ya que también necesitaba, de forma principal, que se rehabilitara el contrato de concesión.
El máximo órgano consultivo de la Región fue advertido de esta circunstancia irregular en el expediente elaborado por la propia Consejería de Fomento -el equipo de Francisco Bernabé- y también por los Servicios Jurídicos de la Comunidad...”
Núñez le dice ahora al juez en su último escrito, inspirado en informaciones periodísticas e institucionales, que “el Gobierno regional vulneró su propia ley de Hacienda cuando concedió el aval de 200 millones de euros para la construcción del aeropuerto de Corvera. Así lo dice el Tribunal de Cuentas, que sigue deparando sorpresas en cada informe de fiscalización que realiza a la Comunidad Autónoma. Está evidenciando un cúmulo de irregularidades, de las que se tenían sobrados indicios, tanto en el aeropuerto como en la desalinizadora de Escombreras, entre otros asuntos.
En este caso, el organismo pone el acento en varias anomalías sobre el aeropuerto –aparte de las ya conocidas– que muestran la forma de actuar en la etapa de Ramón Luis Valcárcel. La crisis no tiene toda la culpa del fracaso de estos grandes proyectos, sino que una parte recae en las decisiones que tomaron determinados gestores y responsables políticos con contratos y avales millonarios. El ‘tira p’alante que ya lo arreglaremos’ debió de ser una frase de moda en aquellos años, pero fue difícil corregir lo que se planteó mal al principio. «Hay razones serias y profundas para pensar que se ha perjudicado al interés público. Quien lo hizo no puede alegar ignorancia», comentan en el seno del PP.
En el seguimiento efectuado por el Tribunal de Cuentas sobre el aeropuerto de Corvera, cuyos datos más recientes alcanzan hasta noviembre del año pasado, se parte del hecho de que el aval que concedió el Gobierno regional a Aeromur en el año 2010 «implicó una alteración sustancial de las condiciones del contrato, al trasladarse el riesgo financiero de la inversión del concesionario a la Administración». Subraya que se renunció al beneficio de excusión, «lo cual ha supuesto una vulneración del artículo 81.4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, que solo permite esta supresión para el caso de organismos públicos o entidades locales.....”
“El último informe de fiscalización firmado por Ramón Álvarez de Miranda indica que este aval «no estaba previsto en el contrato de concesión ni en los restantes documentos que se pusieron a disposición de los licitadores durante el proceso de adjudicación del mismo». Precisamente uno de los méritos que más puntuó en el concurso público era el hecho de que no se necesitaba ayuda pública. Pero el consorcio liderado por Sacyr, a cuyo frente estaba Luis del Rivero, solicitó el aval a las primeras de cambio.
Según relata el Tribunal, «la rápida puesta en ejecución de las obras no evitó que transcurridos 6 meses la concesionaria no consiguiera cerrar el contrato de financiación comprometido en su oferta y que transcurriera el plazo máximo de 18 meses para ello, previsto en el Pliego de Cláusulas, sin que tampoco se diera cumplimiento a esa formalización». Recuerda que el Ejecutivo de Valcárcel actuó como correspondía hacerlo y aplicó dos expedientes de sanción de 120.000 euros. Eso no evitó, sin embargo, el alcance del «riesgo avalado» por los 200 millones, con la renuncia al beneficio de excusión.....”
“Similitudes de los proyectos: ganan las constructoras. El contrato se firmó en el 2007 y dos años después se exigió el aval de la Comunidad para terminar las obras. La Administración regional y el consorcio empresarial culparon a la crisis económica de haber desbaratado los planes, y de convertir el aeropuerto en un negocio dudoso, pero el relato del Tribunal de Cuentas ofrece otra versión: el consorcio, en el que Sacyr llevaba todo el protagonismo, no consiguió la financiación a la que se había comprometido en el contrato. No pudo cerrar el acuerdo previo con los bancos para financiar las obras, y fue finalmente el Gobierno regional, como si fuera el Séptimo de Caballería, el que acudió en ayuda de la concesionaria. Los bancos estaban encantados de contar con el aval de la Administración, señal de que cobrarían sí o sí. Y la concesionaria no respondía directamente con sus bienes. No obstante, la sociedad, en la que participan empresarios de la Región y dos bancos, ha puesto más de 50 millones de euros de su bolsillo que piensa recuperar.
Las similitudes con la desalinizadora de Escombreras saltan a la vista. En caso de fallo o incumplimiento, la situación es beneficiosa para las empresas de Florentino Pérez y de Luis del Rivero (salió de Sacyr en noviembre de 2010). El Gobierno regional avaló 200 millones del aeropuerto; y asumió un contrato draconiano en la desalinizadora que costará al final otros 600 millones si no se remedia. El aeropuerto se hizo por concurso; y el alquiler de la planta de Escombreras ‘a dedo’.
Todo a pecho descubierto. Curiosa forma de velar por el interés general, trasladando todo el riesgo de ambas operaciones a los bolsillos de los murcianos.......”
Núñez adjunta en su escrito unas declaraciones muy anteriores a ésto, concretamente de 2011, de la que fuera portavoz del PSRM en la Asamblea, Teresa Rosique, que dijo lo siguiente al respecto:
".....Advertimos entonces de graves incumplimientos del contrato por parte de la empresa concesionaria del aeropuerto en lo que respecta a la financiación y al plazo de ejecución de las obras", añadió la diputada, y explicó que, en lo que respecta a la financiación, el incumplimiento se ha dado en dos sentidos: "uno, incumpliendo el plazo para garantizar la financiación; y otro, incumpliendo el hecho de que la financiación debía de correr por cuenta y riesgo de la propia empresa, ya que la Comunidad Autónoma ha tenido que avalar con 200 millones de euros la financiación del proyecto".
Y para que la empresa cumpliera ese compromiso, "fue necesario que el Gobierno regional avalara con 200 millones de euros el préstamo de financiación para la construcción de esa infraestructura".
Sin embargo, aseguró, "la Comunidad Autónoma sólo abrió expediente sancionador por uno de los incumplimientos, el de la fecha de financiación". Y, siendo considerada por los servicios jurídicos como "infracción grave" y pudiendo poner una multa de hasta 600.000 euros, la fijó en sólo 120.000 euros. No contempló en ese expediente sancionador el otro incumplimiento en materia de financiación, que corría por cuenta y riesgo de la empresa.....”
Y también un recorte del diario 'La Verdad' de fecha 30 de mayo de 2015, que recoge lo siguiente:
“El Consejo Jurídico revela que Aeromur no podía ser gestor aeroportuario al haber perdido el contrato. El Gobierno regional enmendó ayer el 'error' del exconsejero Campos....
Un capítulo más del embrollo del aeropuerto de Corvera: si hubiera abierto en abril a manos de Aeromur, probablemente habría tenido que volver a cerrar sus puertas porque el proceso administrativo y político estaba viciado desde mayo del año pasado, según se desprende de un dictamen del Consejo Jurídico. Las consecuencias habrían sido imprevisibles, enredando todavía más la solución de un problema que le está costando 182 millones de euros a las arcas de la Comunidad Autónoma. La orden que dio el anterior consejero de Fomento, Manuel Campos, por la que concedió a Aeromur el título de gestor aeroportuario de Corvera es nula de pleno derecho. El Gobierno de Alberto Garre, que está en funciones, ha tenido que volver sobre sus pasos y acordó ayer revocar el título de gestor a Aeromur por una razón muy simple: no era la concesionaria del aeropuerto en ese momento, ya que el contrato le fue rescindido en septiembre de 2013. Legalmente, Aeromur solo era, y todavía es, la depositaria de los bienes del aeródromo.....
Manuel Campos adoptó una orden sin base legal, a la vista del dictamen del Consejo Jurídico que ahora se ha conocido. Se presupone que el exconsejero debió informar, al menos de forma verbal, al resto del Gobierno de Alberto Garre, que después intentó justificarse diciendo que Campos iba por libre.
La revisión de oficio surgió, en principio, como un trámite necesario para poder sacar el nuevo concurso del aeropuerto, pero lo que ha sucedido entre medias es que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha dictaminado lo que ya se sospechaba: el contrato de Aeromur ya estaba rescindido y por lo tanto no era legalmente la concesionaria, por lo que no podía administrar Corvera. En este sentido, a Sacyr no le habría servido ser gestor aeroportuario y tener la certificación del aeropuerto, ya que también necesitaba, de forma principal, que se rehabilitara el contrato de concesión.
El máximo órgano consultivo de la Región fue advertido de esta circunstancia irregular en el expediente elaborado por la propia Consejería de Fomento -el equipo de Francisco Bernabé- y también por los Servicios Jurídicos de la Comunidad...”
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