Ha sido la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, la que durante una rueda de prensa junto con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, ha asegurado que el Ejecutivo regional elevará ante los tribunales europeos estos planes, al igual que ya hizo con el Memorándum de Tajo-Segura.
De
la Cruz recordó que los planes hidrológicos que afectan a la región
(siete de los doce, aunque el Gobierno de García-Page solo recurrirá
cuatro) fueron aprobados «con una total y absoluta falta de consenso».
No obstante, De la Cruz ha precisado que esos recursos que se presentarán ante la justicia europea vendrán después del que los servicios jurídicos de la Junta ya elaboran contra los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar.
La responsable regional de Fomento ha explicado que desde que el Boletín Oficial del Estado publique el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprobaron estas planificaciones hidrológicas, el Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá un plazo de dos meses para presentar ese recurso.
No obstante, De la Cruz ha precisado que esos recursos que se presentarán ante la justicia europea vendrán después del que los servicios jurídicos de la Junta ya elaboran contra los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar.
La responsable regional de Fomento ha explicado que desde que el Boletín Oficial del Estado publique el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprobaron estas planificaciones hidrológicas, el Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá un plazo de dos meses para presentar ese recurso.
No
obstante, la Junta de Comunidades prevé no solo recurrir los cuatro
planes de cuenca con los que no está de acuerdo ante el Tribunal
Supremo, sino acudir también a instancias europeas porque «vulneran los
derechos de los castellano-manchegos a disfrutar de su agua».
«Vamos a luchar donde haga falta», insistió la titular de Fomento, que recordó que el plan de cuenca del Segura no contempla ni presupuesto ni inversiones para potenciar el agua desalada y, sin embargo, «si perpetúa el trasvase como única manera de paliar el déficit del Segura».
El Gobierno regional recurrirá el Plan Hidrológico del Tajo (PHT) porque, dijo la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, «no se tiene en cuenta la prevalencia de la cuenca cedente» y porque «no se garantizan los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez».
De la Cruz explicó que los 6 m3 por segundo que están aprobados en Aranjuez son «claramente» insuficientes para mantener un río en «las condiciones ambientales suficientes y deseables».
Asimismo, recordó que la Junta no está de acuerdo en que el PHT considere al trasvase Tajo-Segura como «un agente externo» o que el citado plan contemple «una escasa» inversión de recursos públicos para las diferentes confederaciones en los tramos de los ríos que afectan a Castilla-La Mancha.
El
consejero de Agricultura enumeró algunas de las claves por la que no
gusta el plan de cuenca del Segura. Francisco Martínez Arroyo recordó
que el plan aprobado por el Gobierno central este pasado viernes no vela
por los intereses de los agricultores castellano-manchegos ni que
«Castilla-La Mancha representa el 25% de la superficie de la cuenca».
Recordó, además, que el Ejecutivo de Rajoy aprobó un plan de lucha contra la sequía en el Segura dotado con 30 millones, pero de ese dinero comprometido «no ha llegado nada a la región cuando ya se ha comprometido el 85% del presupuesto», lamentó Martínez.
Además, desde la Junta se está reclamando que se construyan pozos de sequía en Albacete para solucionar el acceso al agua a los agricultores pero, de momento, «no tenemos respuesta del Gobierno y este plan tampoco lo contempla».
El
Plan Hidrográfico del Júcar vuelve a incluir las cuencas
intracomunitarias, algo que el Gobierno regional no comparte pues «el
movimiento de agua del Júcar a otras cuencas no se consideraría
trasvase», explicó el titular de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
«Entendemos que el agua que llega a Valencia, a Sagunto, por poner
algunos ejemplos, es agua que tiene que venir de otras cuencas y estas
zonas no deben estar incluidas en la cuenca del Júcar», defendió el
consejero.
Incluirlas en la cuenca del río, añadió, provoca que Castilla-La Mancha «tenga menos representación de la que debe tener».
En este punto, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural recordó que la región tiene el 75% de la cuenca del Júcar y el plan aprobado este pasado viernes «afecta al acceso al agua de los agricultores a esta cuenca».
El
consejero de Agricultura explicó que el plan
del Guadiana no recoge el compromiso adoptado por la Administración
General del Estado de completar la regularización de pozos en la zona
del Alto Guadiana.
Martínez Arroyo recordó que aún quedan unos 2.000 expedientes de pozos por regularizar dentro de los compromisos contemplados en el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).
Se han resuelto todos los expedientes de regularización relativos a cultivos leñosos, que han supuesto beneficios medioambientales para el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, pero aún quedan estos 2.000 relativos a agricultores prioritarios, dijo el consejero, quien abogó por poner en marcha el proyectado Centro de Intercambio de Derechos, y por dotarlo presupuestariamente.
Martínez Arroyo incidió finalmente en la «deuda histórica permanente» que el Gobierno de la nación tiene con la agricultura castellano-manchega, porque «para que este sector sea viable y pueda tener futuro tiene que tener acceso al agua. No hay futuro para el sector agrario sin el acceso al agua y éste tiene que venir a través de estos planes de cuenca».
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