martes, 21 de abril de 2015

¡Qué se devuelva lo robado!, pide el Papa / Carlos Díaz-Güell

Al margen el preocupante método utilizado para colocar a Rodrigo Rato bajo el potente foco de la opinión pública y los múltiples delitos de los que es acusado por los medios de comunicación, lo único comprobable de todo lo publicado hasta el momento es que un ignoto juez de instrucción –el 35 de Madrid- ha ordenado el bloqueo inmediato de todas las cuentas corrientes, depósitos, fondos y préstamos a nombre del que fuera ex vicepresidente del Gobierno, investigado por supuesto fraude y blanqueo de capitales.

Rato se con­vierte así en el úl­timo de una in­ter­mi­nable lista de po­lí­ticos y em­pre­sa­rios es­pañoles impu­tados o acu­sados y al­gunos pocos con­de­na­dos, por de­litos de ca­rácter fis­cal, eva­sión de ca­pi­ta­les, blan­queo de di­nero, mal­ver­sa­ción de fon­dos, fraude y un largo et­cé­tera, que se su­pone de­be­rían haber de­vuelto las can­ti­dades de­frau­da­das, aunque la sen­sa­ción exis­tente –que no in­for­ma­ción- es que las can­ti­dades re­cu­pe­radas por esta vía son más bien exi­guas.

Y como pa­ra­digma de lo que con fre­cuencia ocu­rre, no deja de sor­prender que, por vez pri­mera, la re­forma del Código Penal que en­trará en vigor a prin­ci­pios de julio de este año, con­temple que será causa de de­ne­ga­ción de la li­bertad con­di­cional que los con­de­nados por de­litos contra la Administración no hayan cum­plido sus res­pon­sa­bi­li­dades pe­cu­nia­rias o re­pa­rado el daño cau­sado y además que "en los de­litos fis­cales o contra la Seguridad Social no po­drán lo­grar la sus­pen­sión de las penas de pri­sión im­puestas sin abonar las deudas tri­bu­ta­rias o las deudas con la Seguridad Social o sin re­in­te­grar antes las sub­ven­ciones o ayudas in­de­bi­da­mente re­ci­bidas o uti­li­za­das".

Así las co­sas, bueno sería co­nocer si el que fuera pre­si­dente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Hernández Moltó, ha des­em­bol­sado la parte de fianza civil que le co­rres­ponde de los 138,2 mi­llones de euros a los que el juez de la Audiencia Nacional, Ruz, le em­pla­zaba a pa­gar, junto al ex­di­rector ge­ne­ral, a me­diados de di­ciembre de 2014, cinco años y medio des­pués de que el Banco de España in­ter­vi­niera la en­tidad el 29 de marzo de 2009.

Lo mismo ca­bria pre­gun­tarse del ex­te­so­rero del PP, Bárcenas, cuya for­tuna la UDEF evalúa en 48,2 mi­llones de eu­ros, tras pasar más de un año en el pe­nal. El que fuera pre­si­dente de la Diputación de Castellón, en­traba hace unos meses en la cárcel para cum­plir con­dena de cuatro años por de­litos fis­cales sin ex­plicar cómo se puede ganar a la lo­tería nueve veces en doce años.

El ex­pre­si­dente de la CEOE, Díaz Ferrán, cumple con­dena por múl­ti­ples de­litos so­cie­ta­rios sin que se co­nozca si ha hecho frente a la de­vo­lu­ción de lo sus­traído, según sen­tencia ju­di­cial, con los 88 mi­llones de euros en los que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cifró su pa­tri­monio in­mo­bi­lia­rio.

La lista se con­vierte en in­ter­mi­nable y ahí están la fa­milia Pujol; los 175 impu­tados en el caso Gürtel; los ex­con­se­jeros de Aguirre, Lopez Viejo y Granados; el ex­pre­si­dente Balear, Matas; el ex­pre­si­dente de Caja Madrid, Blesa; los impu­tados en los casos ERE y Formación Profesional de Andalucia, o los casos Campeón, Palma Arena, Noos, Palau, entre otros mu­chos.

Donde está lo ro­ba­do
Llegados a este ex­tremo, hasta el Papa Francisco se in­vo­lu­craba en la lucha contra la co­rrup­ción, al afirmar que "a los po­lí­ti­cos, em­pre­sa­rios y re­li­giosos co­rrup­tos" no les basta con pedir per­dón, sino que deben "devolver" a la co­mu­nidad lo que han ro­bado.

Aunque de­cirlo es fá­cil, la realidad re­sulta más com­pleja y no basta con or­denar el blo­queo de las cuen­tas, el ras­treo de las mismas o las co­mi­siones ro­ga­to­rias, ya que “los ma­los” saben que el sis­tema ju­di­cial no cuenta con me­dios su­fi­cientes -1% de los Presupuestos Generales del Estado- y aunque la ley obliga al acu­sado a de­volver el di­nero, en la prác­tica cuesta mucho que se re­in­te­gre, hasta el ex­tremo de que a un de­lin­cuente puede que le “compense” pasar un par de años en la cár­cel, si cuando sale puede tener todo su pa­tri­mo­nio, algo que re­co­nocía en su mo­mento el ins­tructor del caso Malaya.

Para con­se­guirlo, se em­bargan cuentas y bienes y se sacan pro­pie­dades a subasta, aunque si el con­de­nado no dis­pone de me­dios para hacer frente a las in­dem­ni­za­ciones o la de­vo­lu­ción del di­nero que es­ta­blece la sen­ten­cia, o no se de­muestra que dis­ponen de ellos, caben pocas op­ciones para la Justicia, salvo el em­bargo del sueldo una vez que el acu­sado quede en li­bertad y se re­in­cor­pore al mer­cado la­bo­ral.

Pero en un mundo en que los ins­tru­mentos para ocultar el di­nero, son cada vez más so­fis­ti­ca­dos, las po­si­bi­li­dades de es­conder éste son casi in­fi­nitas y la mayor parte de las for­tunas que operan en pa­raísos fis­cales están ocultas en la in­ter­me­dia­ción de so­cie­dades o em­presas pan­ta­lla, que per­miten hacer más opaco el vínculo con la ti­tu­la­ri­dad, y, de esta forma, evadir im­puestos y ocultar pa­tri­mo­nio. Así las co­sas, no hay ra­zones para el op­ti­mismo.