jueves, 3 de diciembre de 2015

Los diputados regionales no podrán trabajar para la Administración los dos años siguientes al cese de su mandato

CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Podemos, una modificación de la ley del Estatuto Regional de la Actividad Política para que prohibir a los diputados regionales trabajar para la Administración regional o empresas que estén en contacto con la Administración los dos años siguientes al cese de su mandato.

La reforma de la ley, propuesta por Ciudadanos (C's), va en el sentido de eliminar lo que denominan "puertas giratorias", que consiste en la recolocación de los altos cargos de la Administración pública en empresas privadas "en las que perciben sueldos astronómicos a cambio de aprovechar su conocimiento de los asuntos públicos y sus relaciones políticas".
"El erario público es el perjudicado por esta práctica", ha asegurado el portavoz de C's, Miguel Sánchez, para quien "la Región de Murcia es, por desgracia, pionera" en estas prácticas.
Para el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, la propuesta de Ciudadanos "no es suficiente", aunque sí la han apoyado porque "es un avance". El diputado regional plantea que esa limitación debería ser más amplia y abarcar hasta los diez años del cese del mandato. "Hay que ser más transparentes y saber cómo se entra y sale en política", ha apuntado.
La diputada de Podemos, María Giménez, ha justificado su abstención en esta modificación porque querían que ven "insuficiente" el periodo de dos años.
Los socialistas han indicado que en la reforma de la ley se han tenido en cuenta las aportaciones que ha hecho su grupo, tales como que se incluya la declaración del cónyuge, "una declaración necesaria y obligatoria", que sea incompatible la dedicación exclusiva del diputado regional con otras actividades profesionales y que junto a la declaración de bienes, ha de presentarse una copia de las declaraciones del IRPF y del certificado de estar al día con las obligaciones fiscales.
Por último, la popular Isabel María Soler, ha desmentido en su alocución que tengan consciencia de que algún cargo público de la Región haya utilizado el fenómeno de las puertas giratorias. A su vez, ha afirmado que había que reformar esta ley, que data del año 94. "Apoyamos la iniciativa porque va en sintonía con lo que el Gobierno nacional ya está haciendo. En marzo se aprobó una ley para regular esto mismo con los altos cargos", ha añadido.

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