CARTAGENA.- La Autoridad Portuaria de Cartagena advirtió a la empresa promotora de la desaladora de Escombreras de que las aguas de la dársena no debían destinarse al consumo humano siete meses antes de concederle la concesión para captar los caudales destinados a la planta, avanza hoy 'La Opinión'.
El director
del Puerto de Cartagena, José Pedro Vindel, comunicó a la sociedad del
grupo ACS Hydro Management en mayo de 2008 que sería difícil otorgarle
la autorización para construir el cajón de la toma de agua porque en
aquel momento estaba en trámite una reforma legislativa que limitaba la
captación de aguas costeras para abastecimiento a «zonas protegidas»,
sometidas a unos controles «bastante más rigurosos que los que
correspondería asumir a las aguas portuarias, teniendo en cuenta que son
masas muy modificadas por la actividad humana».
No obstante, la empresa
fue autorizada para instalar la toma de agua durante cinco años, que
después se han prorrogado otros tres, hasta diciembre de 2016, lo que
significa que la planta solo podrá alimentarse con los caudales de
Escombreras durante un año.
El director del Puerto precisaba en su
escrito del 16 de mayo de 2008 que en el caso de la dársena de
Escombreras, en que la atracan grandes buques petroleros y metaneros que
suministran petróleo y gas natural a empresas como la refinería de
Repsol o la planta de regasificación de Enagás, la calidad de las aguas
se ve condicionada por los problemas que origina «la poca renovación» y
la actividad industrial del puerto.
José Pedro Vindel fundamentaba
sus impedimentos en las aportaciones que había hecho Puertos del Estado a
las reformas de la normativa de planificación hidrológica, que en 2007
estaba adaptándose a la nueva Ley de Aguas. «Parece que las razonables
propuestas emanadas de Puertos del Estado entran en contradicción con la
presencia en la zona de una captación de agua para consumo humano».
Su
opinión era que autorizar el uso de las aguas de Escombreras para
abastecimiento «obligaría a elevar el grado de protección ambiental» y a
establecer «unos objetivos medioambientales a alcanzar mucho más
rigurosos».
Añadía que cuidar la calidad del agua tendría
«efectos negativos para el futuro desarrollo, no solo de la actividad
portuaria en general, sino de la actividad económica de la zona». Por
eso respondió que veía difícil «el otorgamiento de concesión
administrativa», salvo que se situara la toma «fuera de las aguas
portuarias».
A pesar de las reservas planteadas en mayo de 2008 por el
director del Puerto de Cartagena, el consejo de administración de la
Autoridad Portuaria –la entidad que gestiona los puertos del Estado–,
aprobó su solicitud el 18 de diciembre de 2008. La concesión lleva la
firma del anterior presidente del Puerto, Adrián Ángel Viudes, y del
secretario general.
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