CARTAGENA.- La Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una modificación de la
ley de Medidas Urgentes para la Garantía y Continuidad de los Servicios
Públicos de la Comunidad Autónoma, a propuesta del PP, para que los
ayuntamientos de la Región sigan asumiendo las competencias en Salud y
Servicios Sociales a partir del 1 de enero y que no lo haga la
Comunidad, como prevé la norma estatal, mientras no se apruebe un nuevo
sistema de financiación autonómica.
Esta modificación está motivada, según ha explicado el popular
Francisco Jódar, tras la entrada en vigor en 2013 de una ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, mediante la
que se pretendía clarificar las competencias municipales para evitar
duplicidades con las competencias con otras administraciones; que se
racionalizase la estructura de la Administración local y se reforzara el
control financiero y presupuestario.
El popular ha aclarado que
la Comunidad no puede asumir en estos momentos la carga de los servicios
sociales que prestan los 45 ayuntamientos de la Región y que, por
tanto, esperará a que se reforme el sistema de financiación autonómica
para llevar a cabo la asunción de competencias.
Desde el PSOE se
han mostrado a favor de esta iniciativa, ya que, tal y como han
manifestado el 31 de diciembre acababa el plazo para su aplicación "y
dejaríamos sin ejercicio y sin competencias a los ayuntamientos para
prestar asistencia en políticas sociales y es necesario prorrogar la
asistencia en esa ley". Los socialistas han informado de que se ha
admitido una enmienda de su grupo para que el Gobierno regional haga una
dotación específica a los ayuntamientos para que sigan prestando esos
servicios.
Por su parte, el portavoz de Podemos ha criticado que
el Gobierno regional "no ha hecho los deberes y ahora tenemos que
enmendar nosotros una ley muy mala". A esto ha añadido que es
"necesaria" la derogación de la ley de racionalización y estabilidad
presupuestaria.
Los de Ciudadanos también se han mostrado a favor
de esta modificación y han incidido en que la Comunidad "no tiene
intención de hacerse cargo de los servicios, por lo que se quiere que
sigan prestándose en los ayuntamientos".
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