CARTAGENA.- La diputada socialista, Consuelo Cano, ha analizado los presupuestos
regionales para 2016 en materia de Familia e Igualdad de Oportunidades y
observa que las prioridades no son las que la Región necesita, máxime
en un área tan sensible.
La diputada subrayó que la política
social tiene una importancia capital en nuestra Región. Y las
necesidades no hacen más que aumentar, por los efectos de la crisis y
porque la Administración no ha sabido estar a la altura en la atención a
las crecientes necesidades y a la protección de los colectivos más
desfavorecidos.
Cano señaló que "lo que antes hacían con una
Consejería ahora lo hacen con dos, y todo con un presupuesto de
1.700.000 €, más el sueldo de la consejera".
Una cuestión que llama
la atención al PSOE es que para el próximo año gastarán 3.635.551 en
encargar estudios técnicos a empresas externas, cuando somos la
Comunidad Autónoma con menos desarrollo normativo en materia de
servicios sociales.
Consuelo Cano manifestó, asimismo, que el
incremento en renta básica es una miseria, "pues para que alcance a más
gente reducen las cantidades y lo venden como una revolución social,
cuando lo que ocurre es que confunden la renta básica de inserción con
una limosna básica sin inserción". En este sentido añadió que la
verdadera revolución sería devolver la dignidad a muchas miles de
personas.
En opinión de la diputada socialista con estos
presupuestos, la Consejería demuestra además que no confían en los
ayuntamientos para un gran plan de políticas de inserción, a pesar de
ser las corporaciones locales las que sufren las consecuencias porque
son las que están junto a los vecinos. "No les van a dar un euro para
esto".
Los servicios públicos siguen agravándose. Sigue la lista de espera para las residencias.
Por
otra parte, la atención temprana para la discapacidad va a seguir
dependiedo del pueblo en el que nazcas, "a pesar de las innumerables
fotos que se hace la consejera y trate de convencernos que es la única
que se preocupa por los discapacitados".
Otro aspecto al que se
refirió Consuelo Cano es el volumen de dinero que va a mover la
inmigración, que se encuentra en terreno sin control normativo. "Se
puede mover a capricho o interés del que lo otorga, nos preocupa este
tema y estaremos muy vigilantes".
Por últimó denunció que la
gestión de los recursos sociales en la CARM no tiene controles, ya que
sólo hay 3 inspectores para 4.000 centros, entidades y servicios.
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