El comité de empresa de 'Navantia' alerta de un parón en la producción de los S-80 en 2016 por la modificación del proyecto

CARTAGENA/LUXEMBURGO.- El presidente del Comité de Empresa de Navantia, Eduardo Aranda, ha alertado este jueves tras reunirse con los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional de que la producción de los submarinos de la serie 80 sufrirá "un parón de unos meses" el próximo año debido a la modificación del proyecto.

Aranda ha explicado que dicho retraso se debe a que se ha cambiado el sistema de diseño y que ahora se está realizando el proyecto en 3D. Según ha asegurado, se está intentando de que a principio del próximo año puedan disponer de las modificaciones oportunas, pero que no empezarían a trabajar en la línea de producción hasta final de 2016. "Ahí habrá unos meses en los que no tengamos carga de trabajo en la parte del astillero y eso queremos garantizarlo con la gran carena", ha aclarado.

En este sentido, Aranda ha propuesto que se dilate la vida útil de los S-70, "hacer otra gran carena" para que se puedan cubrir esas horas de trabajo que no van a ocupar en la producción de los S-80. Aunque, ha recordado a los grupos parlamentarios que para eso se necesita una partida presupuestaria. "Les hemos pedido ayuda para despejar el futuro de Navantia. La serie 80 tiene que ser dotada también con presupuesto para los cuatro barcos, no solo para el primer modelo de los S-80", ha remarcado.

Para él, si se garantiza el S-80 y las grandes carenas para el parón de unos meses que va a sufrir el astillero, "hablamos de 2027 para la entrega de la carena S-80. Si el proyecto se mantiene completo, hablamos de una estabilidad del empleo a largo plazo", ha destacado.

Otro de los problemas que preocupa al comité de Empresa de Navantia es el envejecimiento de la plantilla y la pérdida de oficios. El astillero de la ciudad portuaria cuenta actualmente con unos 1.166 trabajadores, cuya media de edad supera los 50 años.

Aranda ha advertido que en supuesto caso de que se produjera un nuevo ERE como el del año 2004, la empresa perdería el 60 por ciento de los oficios "y eso no se puede permitir". Dice que la manera de corregir esta situación es crear contratos relevo o planes de formación específicos de oficio. "Para que así, la gente que tiene esa formación hasta que no transmita sus conocimientos a un trabajador nuevo, no vamos a dejar que se vaya", indica.

Navantia ya ha perdido oficios como los armadores, los rectificadores mecanizadores o los torneros. "Esto genera un problema a Navantia y nos vemos en la situación de tener que subcontratar a un trabajador de una emrpesa auxiliar", ha añadido.

El comité de Empresa de Navantia ha presentado, además, una proposición no de ley para la defensa de la industria naval en Cartagena. Su intención, según han dicho, es que los partidos les apoyen para defender que el sector naval "siga siendo público y meterlo dentro de la catalogación estratégica".

Entre los planes que piden llevar a cabo dentro de esa propuesta destacan que se aborde la necesidad de relevo generacional en las plantillas, que se garantice la titularidad publica de la empresa, eliminar las restricciones a las tasas de reposicion, diseñar una nueva politica comercial para conseguir una amplia cartera de pedidos, apostar por la I+D+I para posicionar la empresa en el exterior o asegurarse que los trabajadores de la industria auxiliar tengan estabilidad y calidad de empleo.

Bruselas desautorizada por el TUE 

Por otra parte, el Tribunal General de la Unión Europea ha anulado este jueves la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal el sistema español de bonificaciones fiscales ('tax lease') para los inversores en astilleros y que obligaba a España a recuperar estos apoyos.
En su sentencia, el tribunal estima que la conclusión a la que llegó el Ejecutivo comunitario, de que las medidas podían "falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales" entre Estados miembros, "no está suficientemente motivada".
El caso se remonta a 2013, cuando Bruselas pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo este sistema entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la UE en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.
El Ejecutivo comunitario estableció entonces que las subvenciones deberían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
Este sistema se puso en marcha en 2002, aunque Bruselas ha propuesto que se recuperen los apoyos concedidos desde abril de 2007, frente a la posición del Gobierno, que aboga por contar desde 2011, fecha en la que se consideró ilegal el régimen de bonificaciones.
El Gobierno español y las sociedades Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión recurrieron la decisión de Bruselas ante la justicia europea y solicitaron su anulación.
La sentencia de este jueves resuelve los primeros dos recursos de los más de 60 presentados por las sociedades afectadas y que aún están pendientes de resolución.