MADRID.- Ramón Luis Valcárcel, vicepresidente del Parlamento Europeo, es la
cabeza de una “trama piramidal” de recalificaciones ilegales, según
denuncias a las que ha tenido acceso Interviú.
La justicia investiga si
urdió un plan para obtener financiación a través de un ente regional del
agua y una desaladora millonaria que nunca funcionó. Mientras, el
Tribunal Supremo está tumbando los planes urbanísticos de media región.
Antes que Cataluña, Murcia ensayó su particular desconexión de España,
hace una década. El gobierno de Ramón Luis Valcárcel –hoy vicepresidente
del Parlamento Europeo–, del PP, creó en 2005 el Ente Público del Agua
(EPA) de la Región de Murcia, con el que suplió a la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS) como el organismo competente para
fiscalizar el control del agua en el planeamiento urbanístico.
Valcárcel, que estuvo al frente del gobierno murciano entre 1995 y 2014,
impuso su propia norma a la Ley de Aguas de ámbito nacional, que obliga
a que sean las confederaciones hidrográficas de las cuencas españolas
las que autoricen o prohíban los desarrollos urbanísticos en función de
los recursos hídricos disponibles.
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