El alcalde de Cartagena va directo ahora a la yugular política del recién reelegido presidente de COEC

CARTAGENA.- La existencia de presuntas irregularidades en las cuentas presentadas por la gestora de El Batel, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Gestípolis-Sonora, y en los pagos realizados por la Administración local, en concepto de ayudas, a pesar de que la UTE solo acreditara el 63% del gasto previsto en el contrato, ha llevado al Gobierno municipal a estudiar la posibilidad de denunciar en Fiscalía el contrato de gestión del Auditorio. Quiere que se investigue si existen anomalías en la dirección del centro de congresos, para romper con la concesionaria. También pretende investigar a los gerentes, según adelanta hoy 'La Verdad'.

«Como ya se hizo desde la oposición por el alcalde, José López, no se descarta llevar a la Fiscalía este contrato y sus entresijos, junto con sus protagonistas, confiando en que no suceda como con los sobrecostes del Auditorio, cuando la denuncia de Movimiento Ciudadano (MC) fue archivada porque la Fiscalía carecía de medios suficientes para comprobar tan gruesa operación», explicó el Gobierno local en un comunicado.

Las presuntas «irregularidades» se recogen en dos informes realizados por la Intervención municipal durante el pasado año, 2014. Ambos están fechados el 7 de noviembre y en 16 de diciembre.

Por esta razón, el Ayuntamiento ve necesario llegar hasta el final de la investigación para esclarecer punto por punto esas presuntas anomalías relativas a los gastos realizados por la UTE de El Batel, que gestiona el recientemente reelegido presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Pedro Pablo Hernández.

«Con la llegada de este Gobierno municipal al Ayuntamiento se le acabó el chollo al señor Hernández y a quienes lo acompañan en tan lucrativa experiencia, puesto que ahora los técnicos municipales sí tienen todo el apoyo de la corporación local para que en la próxima revisión de condiciones económicas del contrato, si no antes por las irregularidades que pudieran estar llevando a cabo los gestores, deje la UTE de desangrar las cuentas públicas en su beneficio», dice el escrito.

Desde el Ejecutivo local también creen que se ha realizado una «descoordinada» gestión en el Auditorio, sobre todo, en lo referente a la celebración de congresos, algo que a su juicio perjudica el impulso de dicha actividad. En su opinión, «tampoco han hecho de El Batel un referente cultural, ni han conseguido hacer un programación atractiva, por lo que incluso debemos estudiar si están cumpliendo las condiciones del pliego en cuanto a la oferta cultural».

En el comunicado, el Gobierno municipal liderado por José López se muestra muy contundente y crítico con el máximo responsable de la gestión del Auditorio, porque, a su parecer, «una vez más queda claro que este tipo de empresarios son mucho más hábiles en el cobro del dinero público que en la gestión y consecución de intereses beneficiosos para la ciudad, algo que ha sido costumbre con todos los que han estado durante la gestión del PP».

También hay críticas para el portavoz de la oposición, Francisco Espejo, ya que él era el concejal de Contratación durante los dos primeros años de la concesionaria Gestípolis-Sonora en el Auditorio, «cuando el señor Hernández y los suyos no necesitaban ni aportar las facturas para llevarse dos millones de euros al año. Espejo era el discípulo aventajado de Barreiro, ese que siempre está cuando se le necesita».
Desde el Ejecutivo local se envió un mensaje claro y rotundo: «Los tiempos han cambiado, los concejales ya no se dejan engañar con esa facilidad por empresas y concesionarias, pero tampoco se sientan con ellos a celebrar el gran botín público que han obtenido, así que el señor Hernández podrá seguir sentándose a la mesa con su valedora Barreiro (...) y, mientras ellos comen, nosotros haremos todo lo posible para que la fiesta dejen de pagarla los cartageneros».
La empresa (UTE) defiende que se trata de gastos de «representación», que son absolutamente legales. Entre ellos, los informes de la Intervención municipal acreditan el suministro de gasóleo al coche y comidas en restaurantes que incluyen chuletones de buey, solomillos de ternera y quisquillas.