MURCIA.- UGT asegura que el 17,1 por ciento de los contratos realizados en la
Región de Murcia en los primeros nueve meses del año son de corta o
mínima duración, concertados por periodos inferiores o iguales a seis
días, sobre todo en el sector Servicios, siendo la Hostelería la
actividad en los que la mitad de los contratos que se firman son de una
duración inferior o igual a la semana.
Contratos que experimentan un ascenso desde 2012 respecto a los años
previos a la crisis, así, han crecido un 29 por ciento en 2014 respecto a
2007, pasando además a representar un 17,3 por ciento en 2014 frente al
13,5 por ciento en 2007.
Así lo ha explicado el secretario
general de UGT, Antonio Jiménez, en la presentación del 'Balance Laboral
de la Legislatura en la Región de Murcia 2011-2015', una legislatura
que ha tachado de "perdida".
A juicio de Jiménez, la recuperación
económica "son cantos de sirena; un mensaje engañoso", porque si bien es
cierto que a partir de 2014 empiezan a registrarse descensos del paro e
incrementos de la afiliación, "esa mejoría no devuelve la situación de
partida existente en 2011".
De manera que "seguimos aún muy lejos
de niveles de empleo previos a la crisis", además "esa aparente mejoría
se ha producido a costa de abaratar el factor trabajo por la vía de
deteriorar la calidad de empleo".
UGT destaca, en este sentido,
que la temporalidad en Murcia es un "problema endémico, agudizado por la
crisis" y que el 25 por ciento de los contratos son a tiempo parcial,
por lo que "para volver a los niveles de ocupación y desempleo
anteriores a 2007, sería necesario crear 87.000 puestos de trabajo en la
Región y descender el desempleo un 63 por ciento".
Así como que
la renta de las familias ha caído un 20,5 por ciento, frente al 13 por
ciento de la media nacional, "siendo la comunidad autónoma con la tasa
de pobreza y exclusión social más alta del país", ya que afecta "al 44,9
por ciento de la población".
Por ello, el secretario general de
UGT ha solicitado que se derogue la Reforma Laboral, se restituyan los
derechos perdidos por los trabajadores y el cambio de políticas de
rentas, con una subida del Salario Mínimo Interprofesional, el
incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o
recuperar las pérdidas y poder adquisitivo de los pensionistas.
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