BRUSELAS/CARTAGENA.- Un grupo de afectados por el amianto de Cartagena, en compañía de
dos expertos en el estudio e investigación de afecciones provocadas por
la exposición al asbesto, Carlos Piñeiro y Alfredo Menéndez, han
visitado el Parlamento Europeo para denunciar la "inoperancia" de las
autoridades españolas en materia de prevención y apoyo a las víctimas y
sus familias.
Con la visita a Bruselas, se culminan las acciones
institucionales llevadas a cabo por Podemos en la Región de Murcia,
tanto el Grupo Parlamentario Regional como la iniciativa municipalista
apoyada por Podemos Cartagena Sí Se puede, que han presentado mociones
en ambas instituciones.
En ellas han pedido que la Consejería de
Sanidad solicite a Repsol que entregue urgentemente a las autoridades
sanitarias correspondientes el listado de sus ex trabajadores expuestos
al amianto; que se realicen las pruebas pertinentes, toma de tejidos
pulmonares para determinar si el mesotelioma padecido por un ex
trabajador post expuesto se debe a la inhalación de asbesto; y que,
siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y entendiendo que la
salud de nuestros niños y adolescentes es prioritaria, se proceda al
desamiantado por parte de profesional especializado de todos los
colegios e institutos del municipio.
En palabras de Lola Sánchez,
eurodiputada de Podemos, "esta lucha que debería ser llevada a cabo por
el Gobierno esta siendo asumida por los afectados que están haciendo una
lucha doble, contra la enfermedad y contra la injusticia".
El
director del proyecto 'Los riesgos del amianto en España', el profesor
Alfredo Menéndez concluye que entre 2016 y 2020 morirán 1.000 personas a
causa de las enfermedades derivadas de la exposición al amianto y, pese
a la gravedad del asunto, "se priva a las víctimas de sus derechos en
términos de prestaciones y de reconocimiento social y que la distorsión
de las estadísticas, impiden un diagnóstico y prevención de la
enfermedad".
"El infra reconocimiento de las enfermedades
derivadas hace que en España sea el país con menos casos reconocidos
como enfermedad profesional derivados del amianto. En Alemania hay 35
veces más de casos reconocidos que en España. Sólo 50 personas de los
casi 1.300 fallecidos por mesotelioma pleural fueron reconocidos como
enfermedad profesional derivados de la exposición al amianto", añade.
Por
su parte, el doctor Carlos Piñeiro, Médico Social y experto en salud
pública, explica que hay 50.000 personas afectadas de manera directa,
3.500 victimas y que existen "determinantes que han condicionado la
aparición de enfermedades relacionadas con el amianto; territoriales,
económicos, medioambientales, laborales y políticos".
Asimismo
hace un llamamiento a las autoridades para que profesionales de la salud
puedan dar mejor atención a los pacientes, "exigimos, como médicos del
Servicio de Salud Público, que con el informe del médico del servicio
público sea causa para determinar que se trata de enfermos
profesionales, y es algo que hasta ahora no ocurre. Nuestros pacientes
tienen que hacer todo un peregrinaje en su día a día de lucha contra la
enfermedad".
Por último, dejó claro que "los profesionales de la
salud pública, apoyamos la movilización de las personas afectadas por el
amianto y asumimos sus reivindicaciones. Gracias a la Asociación de
Afectados por el amianto y sus movilizaciones es posible esta lucha".
En
representación de los afectados asistió Ricardo Torregrosa, el
presidente de la Asociación APENA, Asociación de Afectados y
Perjudicados por Enfermedades producidas por Amianto de Cartagena, que
explicó las acciones que llevan a cabo la Asociación "tenemos dos
objetivos prioritarios, ayudar a las victimas y evitar que se produzcan
más en el futuro".
Igualmente, denunció que "al contrario que en
el resto de Europa, donde los Estados y las empresas han asumido el
terrible error cometido, en España no solamente tenemos enfrente a las
empresas, también en numerosas ocasiones al Estado que por medio del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, no reconoce las patologías
como merecedoras de una Incapacidad, evitando de este modo conceder una
pensión a la que tendría derecho la victima".
"La Región de Murcia
es de toda España, la Comunidad donde menos patologías por amianto se
reconocen, y donde mas muertos por amianto permanecen enterrados sin
derechos y sin justicia", añadió.
Por su parte, la eurodiputada
Lola Sánchez critica la "inoperancia del estado y de las CCAA, estamos
ante un caso de impunidad empresarial.
Estamos hablando de los Derechos laborales y condiciones de vida digna de los afectados y sus familias".
En
este sentido, ha hecho un llamamiento al Tratado Vinculante de la ONU
que comprometa que los Estados adopten legislación y otras medidas,
exigiendo a las compañías transnacionales y otras empresas que adopten
políticas y procedimientos con el fin de prevenir, detener y reparar los
impactos adversos en los derechos humanos, puesto que el contexto de
este tratado entraría el caso de los afectados por amianto y
garantizaría el apoyo y la reparación a los enfermos y sus familias.
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