La Dirección general de Bienes culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha comunicado recientemente a ADEPA el archivo de las actuaciones previas a la incoación de un procedimiento sancionador a la empresa Portman Golf S.A. sobre la protección y conservación de las ermitas del Monte Miral. (Ver comunicación en Pagina de ADEPA).
Las actuaciones archivadas formaban parte del expediente 33/2014 que la Dirección General pretende haber abierto “de oficio” al conocer el deterioro de las ermitas. En este punto ADEPA discrepa de la afirmación de la Dirección General y le recuerda a su responsable, la cartagenera María Comas que, en lo que se refiere a ADEPA por lo menos -porque hubo otros denunciantes- la denuncia respecto a las ermitas tuvo entrada en la dirección general el 13 de junio de 2014 y fue suscrita por ANSE y ADEPA, como puede comprobarse en la página web de ADEPA y que en ella se pedía precisamente la apertura de expediente por una posible infracción de los deberes de protección y conservación de las ermitas y del monasterio de San Ginés que forman parte del mismo BIC como al final se hizo. Dicha petición fue reiterada a la Dirección General de Bienes culturales en un par de ocasiones, la última en marzo de 2015.
Las actuaciones sancionadoras se archivan por la respuesta positiva de la empresa que ha presentado un proyecto de actuación en las ermitas, que ha sido aprobado por la dirección General de Bienes culturales.
ADEPA se felicita de que finalmente se inicien las actuaciones en parte del Bic de San Ginés de la Jara, pero no puede dejar de apuntar que ello ocurre después de una larguísima reivindicación social y cuando por fin la administración ha empezado a aplicar los mecanismos legales a su alcance, que a su vez han provocado finalmente la reacción de los transgresores.
Todo ello demuestra en opinión de ADEPA que los mecanismos legales de protección del patrimonio pueden funcionar pero que hace falta voluntad política para ponerlos en marcha, que es lo que ha brillado por su ausencia durante las cuatro últimas legislaturas, nada más y nada menos. Todo ello ha tenido un costo en patrimonio cultural muy considerable.
ADEPA sigue a la espera de la actuación de la Dirección General de bienes culturales en el mismo sentido que en las ermitas pero esta vez en relación directa con el propio monasterio de San Ginés de la Jara, como también demandaron ANSE y ADEPA en la misma denuncia de 2014.
ADEPA considera que en el caso de San Ginés de la Jara, la Dirección General de Bienes culturales debería propiciar además un entendimiento entre propietarios y administraciones para que la recuperación del monasterio se anticipe el máximo posible al margen de los avatares del proyecto urbanístico Novo Carthago, del que el Monasterio debe dejar de ser moneda de cambio.
ADEPA se felicita de que finalmente se inicien las actuaciones en parte del Bic de San Ginés de la Jara, pero no puede dejar de apuntar que ello ocurre después de una larguísima reivindicación social y cuando por fin la administración ha empezado a aplicar los mecanismos legales a su alcance, que a su vez han provocado finalmente la reacción de los transgresores.
Todo ello demuestra en opinión de ADEPA que los mecanismos legales de protección del patrimonio pueden funcionar pero que hace falta voluntad política para ponerlos en marcha, que es lo que ha brillado por su ausencia durante las cuatro últimas legislaturas, nada más y nada menos. Todo ello ha tenido un costo en patrimonio cultural muy considerable.
ADEPA sigue a la espera de la actuación de la Dirección General de bienes culturales en el mismo sentido que en las ermitas pero esta vez en relación directa con el propio monasterio de San Ginés de la Jara, como también demandaron ANSE y ADEPA en la misma denuncia de 2014.
ADEPA considera que en el caso de San Ginés de la Jara, la Dirección General de Bienes culturales debería propiciar además un entendimiento entre propietarios y administraciones para que la recuperación del monasterio se anticipe el máximo posible al margen de los avatares del proyecto urbanístico Novo Carthago, del que el Monasterio debe dejar de ser moneda de cambio.
(*) Presidente de ADEPA
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